por Redacción
La entidad advirtió que la decisión no constituye un episodio aislado, sino un síntoma de un deterioro más profundo en la estructura productiva argentina.
El pronunciamiento se dio en sintonía con la Unión Industrial Argentina (UIA), que también calificó el cierre como un golpe severo para la industria nacional.
Un golpe que trasciende a una sola empresa
Desde la UIGLP señalaron que el cese de operaciones de una fábrica de esta magnitud implica la pérdida de décadas de conocimiento técnico, inversión y desarrollo tecnológico. El impacto, remarcaron, se expande en múltiples direcciones:
Empleo directo e indirecto, afectando a miles de trabajadores y sus familias.
Proveedores y pymes, que dependen de la actividad de la planta para sostener su producción.
Economías locales, que verán resentido el consumo y la circulación de ingresos.
“Detrás del cierre de una fábrica se pierde mucho más que una línea de producción: se desarma una cadena de valor entera”, advirtieron.
Competencia desleal y pérdida de competitividad
El sector industrial arrastra una caída de casi 65.000 puestos de trabajo en los últimos dos años, lo que representa un retroceso del 5,4%. En ese contexto, la industria del neumático enfrenta una presión adicional: la sobreoferta global y la competencia desleal, especialmente de origen asiático.
“La industria argentina no teme competir, pero exige igualdad de condiciones”, señalaron desde la UIGLP. Y agregaron que una apertura comercial sin una convergencia competitiva previa —que incluya un sistema impositivo razonable, infraestructura adecuada y financiamiento accesible— “solo conduce a la destrucción de capacidades productivas nacionales”.
Un desafío de transformación
La entidad industrial coincidió en que el objetivo de largo plazo debe ser alcanzar estándares internacionales de precio y calidad. Sin embargo, advirtió que ese camino requiere un esfuerzo coordinado entre el sector privado y el Estado.
Entre los puntos clave mencionaron:
Llamado a una agenda urgente
La UIGLP reiteró su compromiso para trabajar junto al sector público y a los representantes de los trabajadores en una agenda de competitividad que permita proteger y fortalecer el entramado industrial de la región.
“El cierre de FATE debe ser una señal de alarma. No podemos permitir que la industria nacional siga perdiendo capacidades estratégicas”, concluyeron.