Menores delincuentes imputables a los 14 años ¿Y ahora qué?

Allí el delito en vez de ser corregido, se lo estimula con más violencia, hacinamiento y venta de drogas que en muchos casos corren por cuenta de los propios celadores. Si no se reformula esta problemática y se la convierte en un sistema eficiente, se volverá a retroceder porque la nueva norma no será efectiva como elemento de encauzamiento. Y después qué hacemos si se fracasa: ¿Bajamos la edad de imputabilidad a 12 años? Entramos entonces en un laberinto de interrogantes que desafían la inteligencia y el sentido común.

Recordemos que  continuamente se registran en esos establecimientos cercanos al infierno, peleas internas con facas. Son lugares donde las aberraciones sexuales y la droga abundan. Además, no hay tareas adecuadas de reinserción para el mundo laboral. Y a los chicos  no se los prepara para aprender oficios y ganarse la vida honestamente cuando estén en libertad. Los menores que  entran en esa pesadilla tras las rejas, lo primero que hacen es querer fugarse para escapar del horror y volver a delinquir. 

Para corregir el sistema, primero  hay que buscar presupuesto. Es necesario construir lugares más dignos, apropiados para devolver a la sociedad ciudadanos honestos y no delincuentes potenciados. Se habla de 24 mil millones de pesos para obras que en gran parte saldrían de las arcas del Ministerio de Justicia.

El costo del metro cuadrado según el servicio penitenciario federal es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto establecido en el proyecto de ley se podrían construir 7.400 metros cuadrados.  La ecuación, dividido por los 24 distritos, se podrían erigir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias. Además, hay que convocar a los mejores especialistas para que aporten lo suyo.

Caso contrario, el encierro, mal concebido puede convertirse en una escuela del delito. Las cárceles de adultos son prueba de ello. Precisamente por eso, la discusión no puede agotarse en la edad de imputabilidad. Nuestro país necesita primero construir institutos juveniles dignos, con personal capacitado, educación obligatoria, formación en oficios y acompañamiento psicológico y familiar. La Constitución nacional es clara al señalar que las penas deben tener como finalidad la resocialización. Ese mandato vale también -y muy especialmente- para los menores de edad.

De los expositores, el que más se aproximó a la realidad fue el senador cordobés Luis Juez, de La Libertad Avanza, defendió el proyecto con mayor vehemencia.“Los delitos cometidos por los menores son delitos de altísimo nivel de violencia. Las bandas utilizan a esos menores inimputables para que cometan delitos con altísimo nivel de violencia. Quien quiera ignorarlo, que lo ignore. Esto nos pasa en todas las provincias, en todas las ciudades. Los narcos se adueñaron de nuestros hijos y nosotros queremos contestarles con romanticismo”, expresó.

En este contexto, los especialistas en minoridad sostienen que  la prevención debe ocupar un lugar central en todos los gobiernos. Ninguna reforma penal será suficiente si no se refuerzan las políticas de contención familiar, de permanencia en el sistema educativo y de transmisión de valores básicos. Un chico fuera de la escuela, sin adultos responsables y rodeado por el delito y la droga tiene pocas oportunidades de elegir otro camino. El Estado llega tarde si solo aparece con el patrullero o con el juez y no toma las medidas de fondo.

El dictamen parlamentario hoy vigente propone un régimen penal juvenil diferenciado, con garantías de debido proceso y la privación de la libertad como último recurso. Prevé sanciones alternativas para delitos menores y penas efectivas solo para hechos de extrema gravedad, con topes claros y en establecimientos especializados, separados de los adultos. Lejos de un esquema meramente punitivo, el proyecto apunta a construir un sistema que hoy no existe en ningún lugar del país.

Hoy a un chico del conurbano adicto, poco le importa la vida. Sabe que en cualquier momento va a morir porque está sometido a la violencia diaria. Y si es necesario matar es su oficio.  Los datos son elocuentes: Lo más fresco que se conoce apunta al 2024, donde más de 4 mil niñas y adolescentes estuvieron en conflicto con la ley penal en Argentina. Un informe oficial reveló que la mayoría recibió medidas alternativas al encierro, en pleno debate por la baja de la edad de imputabilidad. El informe fue elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en medio del debate legislativo.

De acuerdo al relevamiento  se contabilizaron 4.119 menores dentro del ámbito penal juvenil. De ese total, 3.249 se encontraban bajo medidas penales en territorio, mientras que 865 estaban alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad. Además, se registraron cuatro casos de prisión domiciliaria y una persona sin datos precisos sobre su modalidad de abordaje.

En cuanto a los delitos imputados, el informe señala que predominan ampliamente aquellos contra la propiedad, que representaron el 57,1% de los casos. Les siguieron los delitos contra las personas (13,9%) y los vinculados a la integridad sexual (7,5%).

Uno de los datos más sensibles de la encuesta es la presencia de menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil. Se registraron 48 chicos de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 permanecían en lugares de encierro.

Si recorremos los pormenores del  asesinato del adolescente Jeremías Monzón, en Santa Fe, estamos obligados a a detenernos en una realidad muchas veces comentada, pero sobre la que poco o nada se ha hecho. Ese chico tenía 15 años y fue atacado con una ferocidad pocas veces vista. Tres menores de edad le asestaron 20 puñaladas y uno de ellos hasta llegó a filmar la escena. Ese crimen no solo expuso un nivel de violencia extrema, sino también una falla estructural del sistema. Dos de los atacantes recuperaron rápidamente la libertad amparados en su inimputabilidad. Para la familia de la víctima y para una sociedad golpeada por el delito, la respuesta estatal resultó tan insuficiente como indignante e incomprensible.

Bajar la edad de imputabilidad no equivale a meter presos a chicos ni a desconocer su condición de personas en formación. Lo que está en debate es si el Estado puede seguir renunciando a intervenir penalmente frente a delitos graves cometidos por adolescentes que ya distinguen perfectamente entre el bien y el mal y que, muchas veces, son utilizados por adultos como mano de obra del crimen organizado, como los soldaditos de la droga. La inimputabilidad absoluta no protege a estos menores, sino que los somete a un circuito de violencia, reincidencia y muerte temprana.

Muchos de los especialistas que se oponen a bajar dicha edad argumentan que no debería aumentarse el castigo cuando el propio Estado se ha desentendido de brindarles amparo, comida y educación a edades tempranas. Se preguntan qué soluciones se les acercó a las familias de esos chicos para que los contuviera, y se rasgan las vestiduras porque la escuela ha dejado en muchos casos de ser socia de los padres en la tarea de educar, habiéndose fomentado incluso la pérdida del respeto a la autoridad y a las reglas de la vida comunitaria. Resulta curioso que quienes ahora se hacen todas esas preguntas no se las hayan formulado durante los gobiernos que condujeron -o con los que simpatizaban- y que tanto han profundizado esas graves carencias.

Tan equivocada como la lógica del castigo vacío es la del abolicionismo. El Estado no puede permanecer de brazos cruzados mientras adolescentes con profusos antecedentes siguen delinquiendo sin límite alguno. No hay derecho humano más básico que el de las personas a no ser atacadas ni política social más cínica que la que confunde comprensión con impunidad.

El dictamen parlamentario hoy vigente propone un régimen penal juvenil diferenciado, con garantías de debido proceso y la privación de la libertad como último recurso. Prevé sanciones alternativas para delitos menores y penas efectivas solo para hechos de extrema gravedad, con topes claros y en establecimientos especializados, separados de los adultos. Lejos de un esquema meramente punitivo, el proyecto apunta a construir un sistema que hoy no existe.

El debate que se formuló en el Congreso le marca a los legisladores que es la hora de abandonar consignas y abordar el problema con seriedad para terminar con este flagelo. Reconocer que el régimen vigente fracasó no implica renunciar a la mirada humanista, sino recuperarla. Se trata de proteger a la sociedad, evitar nuevas víctimas y ofrecer a estos menores una verdadera posibilidad de reinserción y un futuro mejor. No son objetivos contradictorios. sino que se trata de las dos caras de una misma responsabilidad pública. La ley debe significar un correctivo para todos, con el fin de regular la conducta humana y asegurar una convivencia social armoniosa. Sin la vigencia de estas herramientas, las sociedades se corrompen.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".