por Redacción
La polémica por los traslados del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegó al Congreso de la Nación. Se presentará un proyecto de resolución para citar al funcionario a una interpelación en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de fondos y bienes públicos.
En función del art. 101 de la Constitución, ingresaremos en Diputados un pedido de interpelación a Manuel Adorni.
— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) March 11, 2026
El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura. pic.twitter.com/IJWg6hhOAm
La presentación la confirmó Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria.
El temario de la citación hace foco en dos puntos críticos que han generado fuertes críticas en los últimos días:
El viaje a Nueva York: Se exige el detalle de los gastos de traslado y alojamiento de su cónyuge en el marco de la comitiva oficial, especificando qué partida presupuestaria fue afectada.
Vuelo privado a Uruguay: El proyecto pide un informe pormenorizado sobre un traslado realizado a la República Oriental del Uruguay en una aeronave privada durante el feriado de Carnaval. Se solicita acreditar la modalidad de pago, el origen de los fondos y quién sufragó dicho desplazamiento, dado su carácter ajeno a las funciones públicas.
Riesgo de remoción
El artículo 2° del proyecto escala la presión sobre el funcionario al establecer que la Cámara de Diputados podrá abocarse al tratamiento de una moción de censura o, en su defecto, solicitar la remoción del Jefe de Gabinete en la misma sesión en que se trate la interpelación.
Esta iniciativa surge en un momento de alta sensibilidad política, luego de que el propio Adorni justificara la presencia de su esposa en la gira por Estados Unidos alegando que su labor implica un "trabajo muy sacrificado". El proceso busca determinar si existió una utilización indebida de recursos que comprometan la ética en el ejercicio de la función pública.