por Ricardo Ferrer Picado */
Muchos opinan sobre carteles y crimen organizado con ideas de segunda mano. Mientras tanto, el delito que desangra a los barrios con motochorros, entraderas, salideras, descuidistas, y crece al amparo de una dirigencia que no entiende, o no le conviene comprender, cómo funciona la economía cotidiana del robo.
Se ha puesto de moda hablar de criminalidad organizada. Paneles de televisión, hilos de redes, discursos de campaña, todo el mundo guitarrea sobre carteles, franquicias narco y Rosario, muchas veces con opiniones recicladas que parecen redactadas por una inteligencia artificial que de lata con cierto giros o cadencias en la redacción o expresiones muy ajenas al vocabulario cotidiano de quienes lo expresan, sin haber pisado jamás una esquina. El problema es que, mientras la conversación pública se sofistica hacia arriba, nadie mira hacia abajo, hacia el motochorro que arrebata un celular en un semáforo y genera atropellos o heridas con accidentes, el descuidista que trabaja la parada del micro, la entradera que termina con un jubilado golpeado en su cocina, la salidera que espera a la puerta del banco. Esa criminalidad es amateur, improvisada, desprolija. Y precisamente por eso es letal.
El delincuente profesional calcula, mide costos, evita el homicidio porque le arruina el negocio, planifica la huida, y hasta Gary Becker con su Economía del Crimen ha obtenido un premio Nobel. El amateur no calcula nada. Si hay condenas ni cuánto es la pena, pero consuma y es muchas veces o letal o deja marcas de por vida. Muchas veces es un adicto en abstinencia, un pibe de diecisiete años con un arma que le prestaron hace dos horas, alguien que ya no tiene nada que perder. Por eso mata por un celular o por un par de zapatillas, no porque el botín lo valga, sino porque el temblor, el apuro y la impunidad percibida hacen que apretar el gatillo no tenga, para él, ningún costo. Confundir ´desorganizado´ con ´menos peligroso´ es el primer error conceptual de nuestra dirigencia política con ansiedades provinciales, porque sería inapropiado hablar de vocación. El segundo es creer que este delito no tiene economía. La tiene, y está a la vista de todos. Y es muy redituable, por cierto.
Ningún motochorro roba celulares para coleccionarlos. Detrás de cada arrebato hay una cadena de reducción que funciona con la eficiencia que le falta al Estado provincial, siendo que el teléfono robado a la mañana se vende a la tarde en una feria, como antes el estéreo y las autopartes aparecen en puestos que todos conocen, la ropa de contrabando convive con la mercadería “caída del camión”. Esas ferias —las “paraguayas”, las “saladitas”, como se las llama popularmente en La Plata y en todo el conurbano— no son folklore de la economía popular sino que son la boca de expendio del delito predatorio. Sin mercado reducidor no hay motochorros, porque el robo dejaría de ser negocio en el mismo instante en que nadie comprara lo robado.
Y aquí aparece la responsabilidad política que casi nadie nombra. Allí no hay inspectores de bromatología, de ARBA ni de ningún tipo que impliquen presencia legítima estatal. Hay intendentes del conurbano —y dirigentes de varios colores— que miran esas ferias con simpatía o con cálculo, “generan movimiento y dinamismo”, ocupan a gente que el mercado formal expulsó, producen gratitud territorial que después se traduce en actos y en votos; o a quienes votan y asisten socialmente los “dueños de esos emprendimientos informales”. Se piensan contentos porque hay consumo. No entienden, o eligen no entender, que están subsidiando la demanda del robo, que cada peso que circula en el puesto de celulares sin factura es el incentivo directo del próximo arrebato, y que la economía informal tolerada se convierte, sin solución de continuidad, en economía ilegal administrada. El paso siguiente ya lo conocemos, el que regula ese mercado no es el municipio sino el que tiene la fuerza -la barra, el puntero, el transa- y el Estado queda reducido a espectador de su propio territorio.
🚨 Los Hornos: vecinos preparan un "ruidazo" por la inseguridad y reclaman patrulleros
— IMPULSO BAIRES (@impulsobaires) July 28, 2026
En el ciclo “D: 4.0, el algoritmo de la política bonaerense”, Daniel Arripe dialogó con Fabricio Moschettoni y confirmó que el 31 de julio a las 21:00 se realizará un "alarmazo" barrial ante… pic.twitter.com/Jw6PBiA2ub
El resultado se mide en la vida cotidiana, no en las estadísticas que los funcionarios recitan. En localidades como Tolosa, Gonnet, City Bell o Ringuelet, los vecinos ya saben que después de cierta hora la plaza no es de ellos, los espacios públicos pensados para el encuentro y el intercambio quedan cedidos al consumo y al aguante, y el que puede se encierra. Hay familias que ni siquiera guardan el auto en su propia cochera por miedo a la entradera que empieza con el portón abierto, y comerciantes que dosifican los horarios de caja pensando en la salidera. Eso también es política criminal, la que se hace por omisión. Cada plaza cedida, cada feria consolidada, cada “fisura” que roba dos veces por semana en la misma cuadra sin consecuencia alguna, es una lección pedagógica que el Estado le da al barrio, acá mando yo cada vez menos.
La ignorancia supina de buena parte de la dirigencia consiste en creer que la seguridad se resuelve con anuncios de cámaras y patrulleros, o con grandilocuentes anuncios sobre crimen organizado transnacional, mientras se deja intacta la microeconomía del delito que está a diez cuadras del Palacio Municipal. Un intendente no puede desbaratar un cartel, es cierto. Pero sí puede —y debe— asfixiar la reducción con fiscalización de las ferias, clausura de los puntos de venta de mercadería robada, generando iluminación y recuperar las plazas y espacio público, articular su monitoreo con la investigación provincial en lugar de usarlo para el marketing, y abordar la adicción como el problema sociosanitario que es, porque el pibe que hoy mata por una dosis es a la vez victimario y producto de este mismo circuito. Nada de eso es glamoroso ni da títulos sobre narcos. Pero es exactamente el trabajo que no se está haciendo. O acaso, la el Concejo Deliberante ha convocado junto al Intendente y al Secretario de Seguridad al Jefe Departamental y a los Fiscales, articulando con Foros Vecinales, para saber sobre la hoja de ruta y su cumplimiento, para saber si es necesario reajustes y en el caso, generar control republicano con la autoridad de ser representantes de los vecinos en el poder delegado de tercer grado al ter la instancia fundacional del Estado subnacional.
La criminalidad amateur no es el hermano menor del crimen organizado sino que es su semillero, su mano de obra y, para el vecino de a pie, su cara más letal. Mientras los mediocres discutan carteles con opiniones prestadas y celebren como “inclusión” los mercados que viven del robo, el círculo vicioso seguirá girando solo habrá más exclusión, más violencia, menos Estado.
Desnudar esa ignorancia no es un ejercicio académico. Es el primer acto de cualquier política de seguridad razonable y por sobre todo legítima y seria.
*Ricardo Ferrer Picado es abogado y vecino de La Plata.