Gobierno Nacional: privatizará San Martín y Belgrano y prepara una licitación

En el marco de la privatización de activos y actividades de Energía Argentina S.A. (ENARSA), el Gobierno Nacional publicó hoy el decreto para avanzar con la venta de las acciones del Estado en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín.

Estos activos son controlados por el Estado a través de ENARSA, que cuenta con una participación del 65,01% en Belgrano y del 68,83% en San Martín. Para avanzar con su privatización, el Gobierno Nacional publicó hoy el decreto 1107/2026, que habilita la venta de estas participaciones y permitirá que las centrales sean gestionadas por el sector privado, según informó el Gobierno nacional.

Ley Bases

La medida da cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y es un paso clave para la privatización de las centrales, que se realizará a través de una licitación junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Este decreto además habilita al Gobierno Nacional a avanzar con la privatización de la central termoeléctrica Guillermo Brown, una vez concluido el proceso administrativo de finalización de su fideicomiso.

Con la privatización de estas centrales, el Gobierno Nacional busca avanzar con el retiro del Estado en materia energética y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades allí donde es más eficiente.

El Gobierno Nacional dispuso que los proyectos con grandes consumos eléctricos deberán aportar su propia energía

En otro orden, la semana pasada la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, mediante la Resolución 264/2026, estableció el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El objetivo central es que los nuevos consumos de gran escala se incorporen al sistema eléctrico de manera ordenada, con su propia oferta de energía y de potencia, sin comprometer la seguridad del suministro del resto de los usuarios.

El régimen pone en primer lugar a los hogares, comercios, pymes e industrias que ya forman parte del sistema. Los grandes proyectos deberán incorporar su propia energía y potencia, de modo que su ingreso no consuma la reserva que hoy garantiza el abastecimiento ni su costo sea cubierto por el resto de los usuarios a través de sus facturas. Además, ante una eventual falta de oferta, se priorizará el suministro de los usuarios por sobre el de las grandes demandas que no cuenten con respaldo suficiente.

La medida profundiza el proceso de normalización del MEM iniciado con la Resolución 400/2025, que ya había dispuesto que las grandes demandas nuevas contaran con respaldo físico propio. El nuevo régimen amplía ese criterio a los proyectos conectados a través de distribuidoras y a las ampliaciones de demandas existentes, y lo adecúa a la escala de los proyectos que se proponen ingresar al sistema.

Quedan alcanzadas las demandas nuevas, o ampliaciones, que representen al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, equivalente hoy a unos 80 MW. Cada proyecto podrá elegir libremente la tecnología y el proveedor con los que se abastece, incluida la generación propia instalada en el mismo punto de conexión. Deberá cubrir al menos el 80% de su consumo mensual con contratos de generación nueva y contar con potencia firme por el 100% de su demanda máxima, exigencia que se eleva al 115% en el caso de los centros de datos, por su consumo continuo y de alta sensibilidad.

Con esta medida, el Gobierno Nacional continúa con la transformación del sector eléctrico y consolida reglas claras para que cada gran proyecto se abastezca a su propio riesgo, sin trasladar costos al resto de los usuarios.