Diputados bonaerenses rechazaron el fallo sobre la Ley de Tierras y apuntaron al DNU 70/23

Diputados bonaerenses pertenecientes a distintos bloques políticos presentaron un proyecto de declaración para expresar su rechazo a la derogación de la Ley Nacional N° 26.737, conocida como Ley de Tierras, dispuesta mediante el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 del Poder Ejecutivo Nacional.

La iniciativa también manifiesta preocupación por la eliminación de los límites y mecanismos de control establecidos para la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras, especialmente cuando se trata de territorios relacionados con recursos naturales estratégicos, cuerpos de agua y zonas consideradas de especial relevancia territorial.

En los fundamentos se recuerda que la Ley 26.737 fijaba un límite del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, porcentaje que también debía computarse en cada provincia, municipio, departamento o división política equivalente. Además, contemplaba restricciones por nacionalidad y titular, así como disposiciones específicas para determinados cuerpos de agua y zonas de seguridad de frontera.

El planteo legislativo adquirió actualidad luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa iniciada por el CECIM La Plata. El proyecto aclara que el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, sino que dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata por considerar que faltaba legitimación de la entidad actora y que no existía un caso o controversia judicial que habilitara el tratamiento de la cuestión.

Según sostienen los legisladores, como consecuencia de esa resolución quedó removido el obstáculo judicial que impedía aplicar la derogación establecida por el Gobierno nacional.

Los fundamentos remarcan además el interés particular que el tema tiene para la provincia de Buenos Aires por su relación con la producción agropecuaria, el ordenamiento territorial y la disponibilidad y protección de los recursos naturales.

En ese sentido, el proyecto considera que la apertura a la inversión y el desarrollo productivo puede coexistir con reglas destinadas a registrar y establecer límites sobre la concentración de tierras rurales en manos extranjeras. Los diputados cuestionan que la derogación haya eliminado el régimen existente sin establecer simultáneamente un sistema alternativo con mecanismos equivalentes de protección y control.

Muchos bloques de @HCDiputadosBA rechazamos las consecuencias del fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el Gobierno Nacional.

El suelo argentino no es un activo financiero para el mejor postor: es producción, trabajo y… pic.twitter.com/cc00sQF0bd

— Fabian Luayza (@fabianluayza) October 1, 2026

Los firmantes

El proyecto de declaración de rechazo tiene como autores a: por Nuevos Aires Fabián Luayza, Gustavo Cuervo y Viviana Romano; por Unión por la Patria de Facundo Tignanelli, Lucía Iañez, Mariano Cascallares, Juan Martín Malpeli, Ruben Eslaiman, Ana Luz Balor, Silvina Nardini, Alejandro Acerbo, Romina Barreiro, Viviana Guzzo, entre otros; por Unión y Libertad, Martín Rozas; por la Coalición Cívica, Andrés De Leo y Romina Braga; por la UCR, Alejandra Lordén.

Convención UCR bonaerense 

Pido a los diputados de la UCR que traten y rechacen el DNU 70/23. El Senado ya lo hizo. Falta Diputados.

La Corte tuvo casi tres años para decir si se puede derogar la Ley de Tierras por decreto. Eligió no decirlo. Se refugió en una cuestión formal, la legitimación de quienes…

— Pablo Nicoletti (@pablonicoletti_) October 1, 2026

Esta mañana, el presidente de la Convención bonaerense de la UCR, Pablo Nicoletti pidió a los diputados de su partido que "traten y rechacen el DNU 70/23. El Senado ya lo hizo. Falta Diputados”.

“La Corte tuvo casi tres años para decir si se puede derogar la Ley de Tierras por decreto. Eligió no decirlo. Se refugió en una cuestión formal, la legitimación de quienes demandaron, y con eso volvió a dejar vigente el art. 154 del DNU”, indicó.

Agregó: “hoy no hay ningún tope a la compra de tierras rurales por extranjeros. Ni siquiera los que proponía el propio Gobierno, que tuvo que retirar ese capítulo en el Senado por falta de votos. Lo que la política no logró, quedó habilitado por una omisión judicial”.

“Y lo hizo afirmando que la soberanía territorial no es un bien colectivo que los ciudadanos puedan defender en la Justicia. Un mensaje difícil de entender en un país que reclama Malvinas”, sostuvo.

Luego destacó: “para los radicales esto es institucional: una política de Estado sobre el territorio no se deroga con una firma, ni se resuelve esquivando el fondo”.

“Si la Corte no decide, que decida el Congreso. Diputados tiene la última palabra: rechacemos el DNU 70/23”, enfatizó Nicoletti.