por Redacción
Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (Feb) denunciaron que la dirección general de Educación “no realizó notificaciones previas” y que “al contrario de lo que sucedió en 2016, donde se apuntaba a los que cumplían tareas pasivas, ahora han cesado de la noche a la mañana a maestras y profesores que están al frente de aulas”.
Cabe recordar que a mediados de 2016, la resolución gubernamental generó un gran revuelo y fue frenada temporalmente por la Justicia.
En cuanto a la cantidad de docentes alcanzados por la resolución, así como al móvil de la misma, la discrepancia entre los gremios y el gobierno son enormes.
Gobierno
Fuentes de la dirección general de Cultura y Educación aseguraron que “la resolución alcanza a 1.200 docentes que se encuentran 5 años por encima de la edad jubilatoria y de los años de servicio que se requieren para convertirse en pasivo”.
“Es por ello que la disposición habla de aquellos que alcanzaron los 60 años de edad y los 30 años de servicio”, añadieron.
Desde la cartera educativa, además, aseveraron que “el sesenta por ciento de esos 1.200 docentes ya inició el trámite jubilatorio por propia voluntad, de manera que el cese de oficio se cae automáticamente”.
Asimismo anticiparon que “con el tiempo irán apareciendo más casos como esos, de manera que se caerán otros ceses de oficio”.
Con esos datos en la mano, desde 13 y 56 concluyeron que las jubilaciones de oficio “no alcanzan a los 500 educadores”.
Desde la Feb, no sólo multiplicaron ese número varias veces sino que inscribieron a la medida “en el contexto de los recortes que viene llevando a cabo el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el sistema educativo”.
Recorte
La encargada del área de jubilaciones de la Feb, Claudia Díaz, dijo al diario El Día que “no existió notificación alguna. Nos fuimos enterando y comenzamos a alertar a los docentes”, para remarcar que “la noticia generó una angustia muy grande, pues el cese de oficio implica cobrar un anticipo jubilatorio (hasta que el trámite administrativo se complete) de sólo el 60% del salario, sin aumentos, sin aguinaldo, sin obra social”.
Díaz subrayó que “un trámite jubilatorio solicitado por una maestra o profesor demora, en promedio, entre 3 y 4 años. De manera que, como mínimo, los docentes alcanzados por esta resolución estarían ese tiempo cobrando casi la mitad de su sueldo y sin recibir el sueldo anual complementario ni los incrementos de salario que perciban quienes se encuentran en actividad”.
La dirigente de la Federación de Educadores anticipó que los abogados de la entidad “ya están trabajando” para preparar una presentación judicial, que probablemente se concrete en conjunto con otras organizaciones gremiales.