Desde Unidad Ciudadana cuestionaron el anteproyecto de Código de Convivencia que impulsa Garro

En un primer estudio, Castagneto objetó la utilización de la figura de arresto de manera más pronunciada que en versiones anteriores, y coloca como ejemplo la más severa dentro del anteproyecto, que es el artículo 41: “El arresto podrá elevarse a 90 días en caso de condenas por faltas de carácter grave, según la categorización especificada en cada área, o cuando se trate de materias ambientales o en vulneración de la salud pública”. En ese marco, el edil dice: “el cumplimiento de la pena de prisión en dependencias policiales ha sido prohibido por diversos fallos judiciales estando incluso las comisarías clausuradas para tales fines”.
En ese punto Castagneto introduce una polémica que se viene desarrollando desde hace varios años en cuanto a la detención de personas en comisarías, que debería ser solo una medida dispuesta como lugar de paso breve para que luego un juez disponga el lugar adecuado a espera de un juicio del privado de libertad. En rigor, cuando se toman medidas de este tipo lo que se debería construir es una unidad carcelaria para contraventores.
También el concejal opositor cargó contra el artículo 144, que comienza diciendo: “A los fines de la realización de actos, manifestaciones, movilizaciones o expresiones similares a desarrollarse en el ámbito de la ciudad, se pondrá a disposición el uso de la explanada del edificio municipal, a tal efecto se equipará, sin cargo alguno, con tarimas y el sonido adecuado…. “. Y como el artículo prevé un mecanismo de comunicación anticipada de manifestación, el concejal considera que puede dar lugar a que se considere una contravención alguna manifestación en edificios provinciales o similares, y se las cargue con fuertes multas.
Otra de las críticas tiene que ver con el trabajo informal, en especial con el trato que se daría a los cartoneros, y lo puntualiza en el contexto de “difícil situación económica actual”.
Lo mismo cuestiona sobre algunas situaciones vinculadas con la publicidad en vía pública, en donde considera que una restricción significaría atentar contra la liberta de los partidos políticos de expresarse.