Una Corte dividida y presionada se enfrenta a una causa que puede liberar a Lula

En tanto, el juez Sérgio Moro, a cargo de la Operación Lava Jato, prohibió, por considerar "privilegios", visitas políticas al ex mandatario en la Superintedencia de la Policía Federal en Curitiba, adonde fueron nueve gobernadores, que repudiaron la prohibición del ingreso.
"Esto va en contra de todos los procedimientos", dijo el gobernador de Maranhao, Flavio Dino.
Todo dependerá de la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes, que debe aceptar o rechazar el pedido del juez Marco Aurelio Mello para tratar la acción de inconstitucionalidad para la llamada prisión en segunda instancia.
La Constitución de Brasil dice que condenados en dos instancias pueden estar en libertad hasta que la sentencia esté firme, pero por presión de la Operación Lava Jato cambiaron la jurisprudencia en 2016.
Ahora, este nuevo análisis puede cambiar y liberar a cientos de condenados, entre ellos Lula.
El juez Moro, al participar de un evento organizado por el grupo mediático RBS en Porto Alegre, dijo que el habeas corpus del miércoles pasado que mantuvo la jurisprudencia en el caso Lula "mantuvo la seguridad jurídica en Brasil".
"No se puede cambiar la ley por una u otra persona", esgrimió, y destacó el voto de la jueza suprema Rosa Weber, que era considerada indecisa y luego votó en contra de Lula, pese a que llegó a ese cargo impulsada por la expresidenta Dilma Rousseff, del PT.
El voto de Weber vuelve a ser clave mañana: ella dijo que votaba en contra el miércoles pasado porque se abordaba apenas un caso, pero que iba a votar en volver al texto constitucional si el asunto era general, no apenas de Lula.
En medio de esto, fue marcada para el 17 de abril la sesión de la Corte para acatar la denuncia por corrupción contra el ex candidato presidencial Aecio Neves, senador oficialista que fue grabado pidiendo sobornos.
Hoy, también, fueron procesados dos amigos del presidente Michel Temer en la causa por la corrupción para abastecer al partido Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB).
En ese marco, el acampe en Curitiba, adonde el PT trasladó su sede central para acompañar a Lula, tuvo hoy un acto político de alto nivel: nueve gobernadores, la mayoría del PT, intentaron hablar con Lula y Moro no los dejó, al considerar que las visitas son "privilegios".
"Ningún privilegio será concedido. No se puede dar privilegios diferentes al resto de los condenados, también en virtud de la organización de la repartición pública que lo aloja", dijo el juez Moro, cabeza de la operación Lava Jato.
La decisión fue en respuesta a un pedido de nueve gobernadores que se trasladaron a Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde ahora funciona el comité nacional del Partido de los Trabajadores y existe un acampe con más de 1.000 personas.
Moro envió a Lula a cumplir la pena de 12 años y un mes de prisión a una sala sin rejas de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba.
El gobernador de Piauí, nordeste, Wellington Dias, anunció que pedirán a la Corte Suprema un pedido para permitir a autoridades del país tener autorización a ingresar a la sede de la Policía Federal como parte de las visitas de Lula.
"Venimos a pedir la libertad de Lula, un inocente condenado sin pruebas", sostuvo el gobernador de Bahía, Rui Costa.
Con la negativa de Moro, Lula podrá recibir a sus abogados todos los días hábiles y a sus familiares sólo los miércoles.
Desde el acampe organizado por el PT y los movimientos sociales todas las mañanas, a las 9, los manifestantes gritan desde 500 metros de distancia "Bom Dia Lula" (Buen Día Lula).
El ex presidente le dijo a sus abogados que escucha el saludo de la multitud desde su sala, convertida en la prisión más célebre de la Operación Lava Jato.
Los gobernadores que viajaron a Curitiba a intentar visitar a Lula -y que apelaron a una juez de ejecución penal para poder entrar- son Tiao Viana (Acre), Rui Costa (Bahia), Camilo Santana (Ceará), Fernando Pimentel (Minas Gerais), Wellington Dias (Piauí), Flávio Dino (Maranhao), Renan Filho (Alagoas), Jackson Barreto (Sergipe) y Paulo Cámara (Pernambuco).
Según el abogado de Lula, el ex presidente tiene una televisión y está leyendo el libro "La Elite del Atraso: de la esclavitud a Lava Jato" del sociólogo Jessé Souza, una lectura incluso novedosa para la izquierda sobre la formación de las clases sociales y en Brasil.
"No se puede tratar a la política de esta forma, al mayor líder del país de esta forma, tratarlo sin ley. El Supremo Tribunal necesita pronunciarse sobre si va a respetar la Constitución, para que el país retome el estado de derecho", dijo el gobernador Viana ante la militancia.
La sesión de mañana también genera polémica porque una de las acciones de inconstitucionalidad de la prisión en segunda instancia fue presentada por el diminuto Partido Ecológico Nacional, llamado de Patriotas, hace un año.
También lo hizo la Orden de Abogados de Brasil.
Ahora, este partido quiere retirar la demanda porque puede beneficiar a Lula.
"Nuestro partido es de derecha. Retiramos el apoyo a esta acción porque no sabíamos en el pasado que podíamos beneficiar a Lula", dijo el presidente del PEN o Patriotas, Adilson Barroso.
El Partido Ecológico Nacional echó a su abogado, el reconocido penalista Antonio Carlos de Almeida Castro, Kakay, defensor de varios acusados en la Operación Lava Jato y abiertamente contrario a la llamada "Doctrina Moro".
De todos modos, el caso será llevado a la mesa del Supremo Tribunal Federal mañana por el juez Marco Aurelio Mello.
El abogado que fue expulsado había presentado el lunes una cautelar para tratar el tema obligatoriamente y en forma urgente y esto irritó al PEN, un partido que está alineado con la candidatura del ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Socia Liberal.
Sin Lula en la carrera electoral para octubre, Bolsonaro es el favorito a vencer los comicios, por sobre el gobernador paulista, Geraldo Alckmin, quien renunció al cargo para poder participar de los comicios.
Alckmin, presidente de Partido de la Social Democracia Brasileña del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, perdió los fueros y está delatado por tres ejecutivos de Odebrecht de recibir unos 3 millones de dólares en sobornos o pago ilegal de campañas a través de su cuñado.