En La Plata, denuncias sobre movimientos sociales salen a borbotones y el intendente envió mensaje a víctimas

Hace unos días, la UFI 7 de La Plata detuvo a una persona de sexo femenino que presuntamente regenteaba un trabajo social en el barrio de Altos de San Lorenzo sospechada por manejo irregular de planes sociales, y acusada por intento de extorsión. La referente social, identificada como Felipa Orellaña Arñez, sigue detenida en la comisaría 12 de Villa Elisa, y la investigación continúa.
Sobre el fin de semana y en exclusiva, ImpulsoBaires.com.ar anticipaba que habría más denuncias, y es así que este jueves el titular de la ONG “La Plata Solidaria”, Pablo Pérez, concurrió a la UFI 6, a cargo del doctor Marcelo Romero, a presentar una seria denuncia sobre varios casos en donde se estaría exigiendo a vecinos de la ciudad beneficiarios de planes que dejen una parte de ellos e incluso que vayan a marchas. De esta forma, varios movimientos sociales estarían comprometidos. Pérez concurrirá nuevamente el lunes venidero a la Fiscalía de Romero para ampliar la denuncia con nuevos aportes.
En conocimiento de ImpulsoBaires.com.ar hay testimonios de presuntas víctimas que son muy comprometedores. Algunos hablan de que por un plan les hacen “dejar a un puntero” la suma de “mil pesos”, y otros cuentan que determinados personajes los obligan a ir a piquetes y marchas.
En la medida que la noticia se amplifica las denuncias se siguen sumando y todas parecen tener el mismo hilo conductor, situación que no sería demasiado difícil para que las investigaciones lleguen a buen puerto, o sea a dar con los delincuentes que explotan a los pobres.
Y este viernes, el diario El Día publicó detalles exclusivos de una denuncia muy seria radicada el 13 de septiembre de este año a las 18.20 horas en sede de la Comisaría 1º de La Plata, en donde la Municipalidad se presenta y expone que en el marco de la discusión entre funcionarios y titulares de movimientos sociales por obras del Fondo Educativo, al menos un representante de esos sectores exigió obras “por entre 30 y 50 millones de pesos” bajo la amenaza de que si no se hacen “va a haber quilombo”, y prometían cortar calle 12.
En rigor se trata de un mecanismo que la Comuna lleva adelante en donde se otorga un porcentaje de una partida para que cooperativas de trabajo reparen escuelas, siempre y cuando “sus papeles estén en regla”.
Cuando ese 13 de septiembre se produjo la amenaza, el intendente Garro instruyó a sus funcionarios para que radiquen la denuncia, porque además si no lo hubiesen hecho estarían cometiendo un incumplimiento en los deberes de funcionarios públicos.
La exposición en sede policial recayó en la UFI número 3, a cargo del Fiscal Marcelo Martini.
Por estas últimas dos denuncias, la radicada en lo de Romero tanto como la que está en trámite en la de su colega Martini, es posible que terminen declarando exlegisladores y exfuncionarios, además de varios responsables de movimientos sociales.
Incluso, en la red social Facebook, Pablo Pérez publicó en la noche del jueves: “Es la última vez que voy a hablar del tema. Denunciamos a quienes estarían haciendo negocios con los pobres en la ciudad. Y si. Hay políticos, exfuncionarios y hasta actuales concejales mencionados lo que no significa que sean culpables. Para eso la justicia. El lunes fuimos citados a declarar. Fin”.

El mensaje de Garro

El intendente Julio Garro dijo en breves declaraciones al diario “El Día”, que quienes sean víctimas de algún manejo irregular por parte de cooperativas de trabajo hagan la denuncia: “si son víctimas de prácticas oscuras” por parte de coordinadores de cooperativas que retienen dinero “hagan la denuncia”, pidió.
El tema promete escribir nuevos capítulos casi a diario, y en sectores políticos y en supuestos movimientos sociales hay un nerviosismo inédito, situación que lleva a muchos dirigentes a pedir más información de la que viene siendo de dominio público.