sábado 23 de marzo de 2019 - Edición Nº1094
Impulsobaires. "Donde se informan los que te informan" » Judicial / Policial » 8 ene 2019

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La Corte Suprema habilitó a la Policía Federal a realizar escuchas en casos de narcos, secuestros y otros delitos

La Policía Federal podrá realizar escuchas telefónicas para casos de narcotráfico, secuestros y otros delitos graves, en una medida que fue habilitada por la Corte Suprema de Justicia.


Por:
Redacción


Se espera que otras fuerzas federales como la Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sigan por este camino. Las captaciones en las comunicaciones siempre se harán bajo la orden de un juez.
Hasta el momento las escuchas se hacían desde las oficinas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco, ex-OJOTA), dependiente del máximo tribunal de Justicia. Pero el aumento de los casos de delitos como narcotráfico y secuestros llevaron a las fuerzas a pedir que tuvieran sistemas de intervención en sus propias sedes, para actuar con mayor rapidez.
En consecuencia la Corte autorizó locutorios para escuchas en la sede de la PFA y hará lo mismo con Gendarmería, Prefectura y PSA, solo para los casos de delitos graves. Con esta medida se espera que se agilicen las actuaciones de las fuerzas en este tipo de casos.
Hasta el momento funcionan once equipos en el Departamento Central de la Policía Federal y se espera que la habilitación se extienda a otras fuerzas, cuando así lo disponga el máximo tribunal. Los boxes son analizados semanalmente en forma presencial por la Dajudeco, consigna Clarín.
En abril del año pasado el Gobierno consensuó con la Corte que las captaciones telefónicas siguieran a cargo del máximo tribunal, luego de que el Ejecutivo le ofreciera que el manejo volviera a la Procuración General de la Nación, a cargo Eduardo Casal, y en pleno conflicto por la filtración de las grabaciones de llamadas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.
La oficina a cargo de las escuchas había pasado al máximo tribunal por orden del presidente Mauricio Macri, ya que antes estaba a cargo de la Procuración -en ese momento a cargo de Alejandra Gils Carbó, vinculada con los K- y de los servicios de inteligencia.

 

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