Con posiciones contrapuestas se realizó primer debate sobre el régimen penal juvenil

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo Nacional propone un abordaje interdisciplinario de los menores que cometen delitos, para lograr su resocialización.
El análisis del proyecto se abordó en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside Gabriela Burgos (UCR-Jujuy); Familia, a cargo de Alejandra Martínez (UCR-Jujuy), y Presupuesto, encabezada por Luciano Laspina (PRO), que efectuó nueve audiencias públicas previas a la redacción del dictamen que se debatirá en el pleno del cuerpo.
Uno de los aspectos que genera mayor controversia es la baja de la edad de imputabilidad, como se observó en las distintas posiciones de funcionarios, especialistas y diputados de diferente extracción política.
De acuerdo a cifras de 2017 del Ministerio de Justicia, la población penal juvenil sometida a procesos penales es de 7.100 menores, en tanto que 2.424 están procesados como autores de homicidios y robos con armas de fuego, mientras que 740 de esos delitos tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires.
Al abrir la reunión, Burgos puso de relieve la cantidad de participantes anotados que, dijo, "denota el interés real sobre el tema" y llamó a buscar consensos y "puntos en común", al sostener que se trata de un debate "histórico" para terminar con la aplicación de un decreto de la dictadura.
El primero en exponer fue el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Martin Casares, quién participó de la comisión redactora que trabajó en el borrador del texto, que puso de relieve que es "la segunda iniciativa que más intercambio y aportes recibió, detrás del Código Penal".
Casares pidió a los diputados que acompañen el proyecto "para cambiar la realidad del actual sistema" y consideró que es una iniciativa "completa" y "mejorable", al advertir que el tema de la baja de la edad de imputabilidad a 15 años "es una propuesta", pero, dijo, "lo van a terminar de definir ustedes".
En tanto, el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, destacó la importancia de "tener una norma que ponga una media y un piso" de responsabilidad para los menores en conflicto con la ley.
En tanto, el diputado nacional Juan José Bahilo (Bloque Justicialista), autor de una de las iniciativas que tuvo en cuenta la comisión redactora del texto, aclaró que su proyecto "legisla a partir de no bajar la edad de punibilidad, prohíbe la prisión perpetua y fija mínimos", a la vez que destacó la importancia de diferenciar a los menores de las sanciones aplicadas a los adultos.
Por su parte, la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical), pidió que "lo que se debata no sea endogámico respecto a los avances que necesitamos revisar" y si bien consideró que el proyecto "es un avance", dijo tener "diferencias de enfoque grandes" con la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, al anticipar que ese espacio no está de acuerdo "ni con la edad, ni con el sistema de sanciones" contemplados en el texto.
Una de las invitadas, Carla Cavallire, jueza de menores de CABA, instó a buscar soluciones a los conflictos con los menores "con una mirada restaurativa" y puso como ejemplo la implementación en la ciudad de ese sistema, al que consideró como "sumamente auspicioso", ya que incorpora la voz del imputado y de la víctima, a la vez que lo definió como "más constructivo, sanador y pacificador".
Silvina Paz, de la Fundación Acción Restaurativa Argentina, pidió "agregar un protocolo de actuación", ya que "es necesario recuperar a la víctima, fortalecer la responsabilidad subjetiva de la persona y reparar los daños causados".
En tanto, la investigadora del CONICET, Silvia Guemureman, pidió que que el proyecto del gobierno "se fusione con otras" y explicó que hasta 2017 ha contabilizado "más de cien proyectos presentados".