Una ONG va a la justicia federal para que se declare "inconstitucional" el último aumento de luz

En la presentación formulada por esa asociación civil ante el juez federal Alberto Recondo, quien tiene a cargo la causa colectiva por la suba eléctrica, se requirió la anulación de los incrementos en materia de electricidad dispuestos por el Gobierno nacional para las empresas Edenor y Edesur.
El titular del Cepis, Mariano Lovelli, dijo a Télam que "del 48% de aumento eléctrico previsto para este 2019, un 40% ya está vigente y sólo se suspenderán dos tramos de 4% previstos para mayo y agosto, respectivamente".
"Ya está en plazo para que el juez dicte sentencia. Con este escrito reiteramos el pedido, ya que si bien no hizo lugar al pedido de medida cautelar, ahora tiene que pronunciarse sobre el fondo del asunto", explicó Lovelli.
El 18 de febrero ese magistrado ya había rechazado una medida cautelar del Cepis junto a intendentes y legisladores del justicialismo que pretendía frenar los aumentos en las tarifas de electricidad.
En el fallo, el juez consideró que no cuenta "con elementos para determinar si la suba de la tarifa eléctrica es confiscatoria o irrazonable respecto de los usuarios residenciales del país".
"Resulta harto dificultoso sostener prima facie la invocada irrazonabilidad de la tarifa en relación a la totalidad del colectivo que se pretende representar -todos los usuarios residenciales del servicio de luz eléctrica-, por cuanto se evidencia a mi juicio improbable que el esquema tarifario afecte en forma análoga a cada uno de los ciudadanos comprendidos en la clase", graficó.
Por ello, el juez ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que en el plazo de cinco días eleve los informes correspondientes para fundamentar los aumentos en las tarifas eléctricas y luego evaluará si corresponde anular o no ese incremento.
En el fallo, Recondo objetó también la legitimación de los intendentes, legisladores, referentes sociales y el Defensor del Pueblo bonaerense a quienes no les reconoció "representación para la acción colectiva".
Sin embargo, sí lo hizo para el Cepis y la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), que también habían firmado la presentación.