26/04/2024 - Edición Nº2955

La Plata

El miércoles

El Concejo Deliberante tratará pedidos de informes que complican a Tolosa Paz, y uno es sobre el escándalo de los terrenos de Arturo Seguí

14/06/2019 | El Concejo Deliberante de La Plata tratará dos pedidos de informes que comprometen a la concejal kirchnerista Victoria Tolosa Paz. Uno tiene que ver con su declaración jurada, pero el que realmente más fuerza viene tomando está relacionada sobre presuntas estafas en promesas de escrituraciones de terrenos en Arturo Seguí que datan del 2009, según investigaciones periodísticas.


por Redacción


El expediente 68006 promete abrir la puerta a una polémica fuerte y tal vez encontrar la verdad a la situación que afecta directamente a vecinos de Arturo Seguí sobre supuestas estafas con promesas de escrituración que nunca se hicieron.

Dice la presentación que se solicita al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires que se informe a través del área que corresponde sobre “si en los registros de la subsecretaría de Urbanismo Social de la Secretaría de Espacios Públicos se tiene conocimiento de actuaciones realizadas por la Subsecretaría en la zona de las calles 416 y 417 y 158 y 159 de la localidad de Arturo Seguí, partido de La Plata, en el año 2009 y subsiguientes”.

También requiere que se informe acerca de “si la dependencia mencionada se encarga de confeccionar boletos de compra venta de las propiedades de cuya regularización se ocupa”.

Y uno de los temas que en 2017 denunció un medio periodístico a partir de testimonios de supuestos damnificados, está abordado de la siguiente forma: “si la dependencia mencionada se ocupa de realizar algún tipo de cobranzas en dinero por las gestiones de cuya regularización se ocupa”.

También hay un último punto solicitando “toda otra información respecto al caso particular que suscitó el reclamo de los vecinos asentados en el predio de calles 416 y 417 y 158 y 159 de la localidad de Arturo Seguí partido de La Plata”.

La iniciativa lleva la firma de los ediles de Cambiemos, Cesare Francesco Arriaga, Guillermo Ronga, Ileana Cid, Claudio Frangul, Darío Musto, Javier Mor Roig, Raquel Krakover, Julio Irurueta y Julieta Quinteros.

El nombre de la polémica

Los fundamentos del proyecto dicen de manera textual: “se solicita el presente pedido de informes atendiendo a las denuncias presentadas por vecinos supuestamente damnificados en una operatoria vinculada a la regularización de la tenencia de la tierra en un asentamiento ubicado en calle 416 y 417 y 158 y 159 de la localidad de Arturo Seguí, partido de La Plata”.

Crédito Ciudadanos Somos La Plata“Según señalan los vecinos involucrados funcionarios de la Subsecretaría de Urbanismo Social de la Secretaría de Espacios Públicos de la Provincia de Buenos Aires habrían cobrado determinados montos de dinero para llevar adelante la regularización de la tenencia de las tierras. Un boleto de compra – venta exhibido en el marco de las denuncias periodísticas de vecinos damnificados incluye el sello de la por entonces subsecretaria de Urbanismo Social de la Secretaría de Espacios Públicos, la actual concejal de Unidad Ciudadana, Victoria Tolosa Paz”, explican.

“Es por ellos que solicitamos al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires su colaboración a los efectos de poder dar respuestas a los vecinos afectados en las situaciones descriptas”, concluyen.

 

"Queremos saber la verdad"

 

Mor Roig, en diálogo con ImpulsoBaires.com.ar contó que motivó el pedido de informes porque “los vecinos son damnificados que supuestamente ya tendrían que tener su escritura y aún no la tienen por algo que se dio y que se hizo en el 2009 entonces nosotros tenemos la obligación por la publicidad que se le dio a esta cuestión de preguntarle a la Provincia cómo es el procedimiento, qué ha pasado con estos terrenos, de qué manera se ha dispuesto, y si hubo funcionarios que cobraban por los mismos de acuerdo  con los dichos que dicen los propios vecinos damnificados”.

“Esto comenzó con una denuncia periodística, tomó fuerza en el día de la fecha (por el lunes pasado) porque hubo un programa de periodismo de investigación, más concretamente el programa de (Jorge) Lanata que estaba haciendo la investigación, entonces surgieron distintas cuestiones que empiezan a enturbiar dicha situación. Todos sabemos que una investigación hecha por Lanata tiene una repercusión mucho más grande, y yo creo que se está intentando evitar que se avance con dicha investigación”, destacó el edil a comienzo de semana.

Cuando Mor Roig se refiere a un supuesto intento para que la investigación no continúe se refiere al operativo que montó Tolosa Paz el último fin de semana denunciando una supuesta operación periodística en su contra, en donde además radicó una denuncia en sede judicial.

Ahora, después de que el Concejo Deliberante apruebe el proyecto de Cambiemos, el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos deberá contestar sobre todos los interrogantes que surgen de una publicación del año 2017 en el entonces diario Hoy, y que además hay testimonios que tendrá que aclararse debidamente.

Esta semana, una vez instalado el tema, hubo vecinos que se interiorizaron y llamaron a algunos ediles tanto a determinados periodistas de la Ciudad, y hay que ver si esos testimonios pueden complementar el marco de polémica actual.

Declaración Jurada

La otra iniciativa, según el expediente 68005, solicita que el Departamento Ejecutivo informe, a través del área que corresponda “si la concejal Victoria Tolosa Paz ha presentado la correspondiente declaración Jurada de su patrimonio en un todo de acuerdo con la Ordenanza 11629, de adhesión a la ley provincial 15.000 y su decreto reglamentario 392/18”.

Y “si de la misma se desprenden irregularidades y/o inconsistencias de acuerdo a los dichos vertidos por el precandidato a presidente Alberto Fernández el pasado 27 de mayo ante el diario La Nación”.

El presidencial había dicho que el departamento en donde vive es “prestado” por José “Pepe” Albistur, esposo de Tolosa Paz, lo que significa que el mismo no constituye una fuente de ingreso regular para la concejal lo que se podría contraponer con lo publicado como declarado por ella.