Un documento firmado por el secretario general del sindicato, Julio Piumato, reclamó una compensación por esa quita y ratificó la necesidad de declarar "la emergencia judicial y de abonar el segundo tramo de actualización de los salarios del 15 por ciento".

"El gobierno continúa afectando los ya magros ingresos del Poder Judicial en 800 millones anuales", porque en lugar de considerarlo económica y financieramente como "uno de los tres poderes del Estado, lo equipara a una provincia más y lo ubica de esa forma en situación de clara discriminación" frente al Ejecutivo y al Legislativo, señaló.

Piumato, también secretario de Derechos Humanos de la CGT, afirmó que por la Ley de Autarquía el Poder Judicial debería percibir el 3,54 por ciento de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central, y aseveró que "en lugar de eso el gobierno toma al Poder Judicial como una provincia más y le remite fondos coparticipables".

"Los intereses anuales de las Leliq equivalen a 31 presupuestos de la justicia argentina. Las últimas medidas oficiales para aliviar el impacto de la devaluación fueron insuficientes y continúan la inequidad y falta de respeto al federalismo y la división de poderes", dijo.

Por último, agregó que "se protege a la usura financiera, que sigue de fiesta y alimenta la inflación, la suba de capitales y la cada día más inequitativa distribución de los ingresos, mientras golpea de manera inconsulta a las provincias y a la justicia argentinas".