Duque, Santos y Uribe, con posiciones cruzadas sobre el surgimiento del nuevo grupo guerrillero

En una declaración al país, Duque anunció también que el Ejecutivo recompensará con más de 850.000 dólares a quienes aporten información decisiva para atrapar a alguno de los ex jefes de las FARC que hoy aparecieron en un video y anunciaron el retorno de la violencia.

También confirmó que ordenó “la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales, con capacidad reforzada de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano”, informó el diario El Tiempo.

Con todo, el presidente aseguró que el gobierno continuará con su política de paz, en acuerdo con los tratados firmados en 2016 para poner fin al conflicto que desangró a Colombia durante más de medio siglo.

"Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico; los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el auspicio de la dictadura de Nicolás Maduro”, afirmó Iván Duque.

Santos, por su parte, dio un contundente mensaje para que el Estado mantenga su compromiso con los ex combatientes de las FARC que siguen comprometidos con el proceso de paz y "reprima" a los desertores.

"El 90% de las FARC sigue en el proceso de paz. Hay que seguir cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene", escribió en su cuenta de Twitter Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo de paz de 2016. 

Ganador del Premio Nobel de Paz de 2016 por su papel en el desarme de la guerrilla colombiana, el ex mandatario se alejó de la política tras culminar su mandato y solo hace declaraciones para referirse a asuntos relacionados con el proceso y con el medio ambiente.

Previamente, al anunciar su decisión de retomar las armas, el ex subjefe de las FARC Iván Márquez había cargado contra el ex mandatario, a quien acusó de no haber hecho nada para impedir “el hundimiento del Congreso de la Reforma Política sabiendo, como todos los colombianos, que ninguna guerrilla se desarma si no existen plenas garantías de participación política para todos".

En tanto, el ex presidente Uribe, histórico crítico de los acuerdos, propuso que se elimine la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se quite el rango constitucional al acuerdo firmado entre el Gobierno y las antiguas FARC en noviembre de 2016, tras la decisión de alias Iván Márquez de volver a las armas.

"El acuerdo (de paz) es muy dañino para el país, hay que reformarlo; ojalá pensar en reformar esa JEP, recortarle el tiempo, eliminarla", dijo Uribe a periodistas en Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste). Advirtió que "la impunidad total no genera paz" y subrayó que no le sorprenden decisiones como la de Márquez y Jesús Santrich, porque "bastante nos han engañado a los colombianos".

Asimismo, los ex negociadores de paz del gobierno de Santos, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, rechazaron "enérgicamente" el regreso a las armas del grupo e hicieron un llamado a la comunidad internacional para que redoble su vigilancia y apoyo al proceso de paz, informó la agencia de noticias EFE.

Además, criticaron al gobierno de Duque por "sus ataques permanentes al proceso y los riesgos de desestabilización jurídica" que "podría llevar a varios comandantes (de las FARC) a tomar decisiones equivocadas".

Finalmente, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia condenó "enfáticamente" la decisión de los antiguos líderes de las FARC de volver a tomar las armas.

El organismo sostuvo que el anuncio de Márquez contrasta con "el firme compromiso de la inmensa mayoría de hombres y mujeres en el proceso de reincorporación que sigue cumpliendo con el acuerdo" de paz firmado por las FARC y el entonces presidente Santos en 2016.