La Suprema Corte bonaerense pidió a los jueces un "uso racional" de la prisión preventiva

A pocos días de iniciarse una huelga que alcanza a unos 9.000 reclusos, el máximo tribunal provincial emitió la resolución 3341/19, que lleva la firma de Eduardo De Lázzari, Daniel Soria, Héctor Negri, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Sergio Torres, en la que además pidió que se conforme una "mesa de diálogo" para encontrar una solución.

En la acordada, la Suprema Corte alertó que las condiciones de los presos “tienden a agravarse en función de la elevada tasa de detenidos, el uso inadecuado de la prisión preventiva, las modificaciones en el Código Penal y las leyes procesales y las dificultades en el régimen de progresividad de ejecución de la pena, siendo todo ello susceptible de generar responsabilidad internacional del Estado argentino”.

En esa línea, recordaron a jueces y tribunales con competencia penal y de responsabilidad penal juvenil “la absoluta prohibición de alojamiento de menores, personas enfermas y mujeres embarazadas en dependencias policiales” y requirió al Poder Ejecutivo, a través del área pertinente, “que arbitre lo necesario para el cumplimiento de esta previsión”.

También la Corte afirmó que “corresponde dar respuesta prioritaria a la problemática del alojamiento de detenidos en comisarías clausuradas, con cierre o inhabilitadas al efecto” y exhortó al Ejecutivo a “que arbitre los medios necesarios para la urgente subsanación de este estado de cosas”.

En ese sentido, se encomendó a la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, la Secretaría de Planificación y otras áreas del Tribunal a que evalúen la conveniencia y factibilidad de la creación de un “Registro de Clausura” de dependencias policiales.

“Reiterar, una vez más, la importancia del uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes”, resaltó el máximo tribunal.

La Suprema Corte también solicitó “promover a través del Poder Ejecutivo el alojamiento de los detenidos en unidades penitenciarias federales o de otras provincias, a cuyo efecto se deberán suscribir e implementar los convenios que fueren necesarios para el universo de población que no recibe visitas, o si esa reubicación pudiere favorecer un mejor acercamiento familiar”.

Además, exhortó a constituir “una mesa del diálogo integrada con los organismos estatales competentes, organizaciones no gubernamentales dedicados a la protección de los derechos humanos y demás entidades o personalidades que se estime pertinente para un abordaje integral de la problemática referida a las condiciones de detención de las personas privadas de libertad”.

Esta mañana, tras asumir como nuevo ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, adelantó que se conformará esa "mesa de diálogo".

En el mismo sentido, la Suprema Corte Bonaerense pidió concertar una reunión de trabajo con las autoridades de las carteras respectivas del Poder Ejecutivo Provincial, a efectos de que cada una informe al Tribunal respecto de las políticas, acciones y recursos destinados a la superación de las contingencias referidas.

Otras medidas sugeridas son que el procurador general evalúe el empleo de criterios relativos a la coerción personal, un seguimiento de la Ley de Cupos, en razón de los anteproyectos que se encuentren a estudio de la Legislatura provincial, y que ese cuerpo, a la mayor brevedad posible, proceda a la creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura.

La Corte indicó que adoptó estas medidas luego de un informe que le presentó en octubre el Tribunal de Casación Penal, donde se alertó sobre la acuciante problemática de la población carcelaria, que asciende a 48.827 personas entre los detenidos en el SPB y SPF, alcaidías y comisarías bonaerenses, según un informe del Ministerio de Justicia de septiembre último.

Estos números, según el máximo tribunal, “sobrepasan holgadamente las plazas disponibles” y llevó a que desde el 5 de diciembre se iniciara una huelga de hambre en varios penales en forma pacífica.