Conceden la excarcelación al personal trainer que violó el aislamiento y golpeó a un vigilador

La medida fue dispuesta esta tarde por juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, pese a que el fiscal de la causa, Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Este, había solicitado que al imputado, Miguel Ángel Paz (40), se le dicte prisión preventiva por los delitos de “lesiones y amenazas”.

De esta manera, Paz dejará de estar con prisión domiciliaria, pero deberá permanecer aislado en su domicilio, ya que regresó el 12 de este mes de un viaje de Estados Unidos.

El hecho, que motivo incluso comentarios del propio presidente Alberto Fernández en redes sociales y entrevistas, ocurrió a las 21.10 del sábado 14 de marzo en un edificio situado en Rosales 2793, en la localidad de Olivos, cuando el vigilador, identificado como Gustavo Granucci, denunció la agresión por parte de Paz.

El ataque, que quedó filmado por cámaras de seguridad, se produjo en la sala del vigilador, adonde Paz, quien es inquilino en el edificio, se presentó visiblemente molesto y comenzó a insultar y golpear al empleado de seguridad.

Es que Granucci le había advertido que no cumplía con el protocolo de sanidad dispuesto por el gobierno nacional por el coronavirus para las personas que, como él, habían regresado de viajes a países donde circula el virus.

Rossignoli avaló hoy el planteo excarcelatorio que había presentado la defensa de Paz, a cargo de los abogados Alejandro Becerra y Camila Maria Rubio, y desechó el pedido del fiscal.

“No emergen del expediente datos objetivos concretos que me permitan suponer que Paz entorpecerá el adecuado curso de la investigación; por el contrario, observo que esta se ha desarrollado en forma adecuada y que, incluso, desde el momento en que se dispuso la detención del causante el Ministerio Público Fiscal no procuró la adopción de medida investigativa alguna pasible de ser obstaculizada”, dice el juez en la resolución a la que accedió Télam.

Para el magistrado, los argumentos del fiscal son “valoraciones personales sobre la persona del causante, mas no traen, reitero, datos objetivos que me permitan tener por abastecido el extremo en cuestión”.

En el dictamen –al que también tuvo acceso Télam-, donde el fiscal pedía la prisión preventiva, Gómez resaltaba que la conducta de Paz "lejos de tratarse de una reacción desmedida" fue "intensamente violenta, voluntaria y desproporcionada”.

“Como seres humanos tenemos la potestad de guiar nuestras acciones por la razón y la racionalidad, ninguna de las cuales resultaron guía de Paz a la hora de ajustarse conforme a la ley”, decía el fiscal.

Pese a que se trata de delitos que permiten la excarcelación –tal como resolvió el juez-, al fundamentar su pedido de prisión preventiva, Gómez subrayó que en este caso particular existen “peligro de fuga y de entorpecimiento” de la investigación

“La conducta previa y concomitante al momento de la agresión, va de suyo que se alinea con el comportamiento propio de un sujeto que no acata una orden”, opinó el fiscal.

“No se trata de un sujeto respetuoso de la ley y mucho menos de los mandatos sociales; no se trata de un sujeto con signos de empatía por el prójimo, lejos de ello, percibo un sujeto que se mueve por su solo interés particular, reticente a toda imposición, aun cuando es en aras del bienestar general”, señala el dictamen.

Gómez le dedicó además un párrafo al video que el propio Paz difundió en diversos medios periodísticos donde le pedía disculpas al vigilador, a la sociedad y hasta al presidente Fernández.

“De la visualización de tal imagen tan solo observo un sujeto que intenta mejorar su imagen social, mas no aprecio un sincero pedido de disculpas y mucho menos arrepentimiento”, señala al respecto el fiscal.

Además de esta causa por la agresión al vigilador, a Paz se le inició un segundo expediente en el que interviene el juez federal 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, por la posible infracción de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, que contemplan la protección de la salud general y el delito de desobediencia.

El caso motivó la opinión del propio presidente Alberto Fernández, quien dijo que con hechos como éstos hay que ser "inflexibles" y que el agresor "debe pagar las consecuencias de lo que ha hecho".