El tarifazo de empresas de celulares intentará ser frenado por 50 legisladores del Frente de Todos

En medio de una crisis socioeconómica sin precedentes, agravada exponencialmente por la pandemia del COVID-19, 50 diputados del oficialista Frente de Todos, expresaron su preocupación y malestar por la decisión de algunas empresas de servicios públicos de aumentar las tarifas, y firmaron un proyecto de ley, redactado por la legisladora y economista, Fernanda Vallejos, que propone suspender “cualquier tipo de modificación en los precios y tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico y satelital con cobro a usuarios, a partir del 1° de marzo y durante la vigencia del ‘Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio’”. 

La iniciativa se encuentra en sintonía con la presentación de 22 asociaciones de defensa de Consumidores de todo el país, que esta semana denunciaron, ante el órgano regulador, el ENACOM, fuertes aumentos tarifarios en la prestación de los servicios de TV por cable, internet y telefonía celular, por parte de las empresas telefónicas y las compañías de cables.
  
El proyecto de Vallejos también comulga con el paquete de medidas que decidió el gobierno nacional para aliviar la delicada situación económica del país, particularmente las que atraviesan los trabajadores formales e informales, los beneficiarios de planes sociales, los monotributistas, los gremios, las cooperativas y la pequeña y mediana, entre otros sectores.

En este marco, el titular de la Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano mantuvo una reunión por teleconferencia con Vallejos y reveló que las compañías que brindan el servicio de cable, internet y telefonía, comenzaron a enviar a los clientes, desde marzo de este año, facturas con incrementos de hasta el 30% y múltiples amenazas de cortes en el servicio. 

Los mencionados aumentos se concretaron a pesar de que el decreto 311/2020 y su sucedáneo el 426/2020 del Poder Ejecutivo Nacional declararon a los servicios de telecomunicaciones, Internet fija y móvil y digitales como “servicios esenciales en la emergencia”, prohibiendo taxativamente el corte  o suspensión en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternativas por el plazo de 180 días para un conjunto de determinados usuarios para los servicios de telefonía fija y móvil, Internet, y TV por Cable y satelital. 

“Consideramos especialmente que en el marco de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y ante la significativa disminución de los ingresos que la mayor parte de la población está padeciendo, el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados y restringiendo decisiones de ajuste tarifario en plena pandemia”, señala  en sus considerandos el proyecto de Ley de Vallejos, que lleva las firmas del diputado y presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, del referente sindical, Hugo Yasky,  de Leopoldo Moreau y del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. 

Respecto de los aumentos tarifarios, Heller señaló que “resulta absolutamente abusivo e injustificado que en momentos en que las tarifas de servicios públicos están congeladas, los salarios estancados o a la baja, los costos financieros reducidos, hay moratorias previsionales e impositivas y un tipo de cambio oficial totalmente controlado, estas empresas, que además tienen un alto grado de cautividad sobre sus clientes, aumenten los precios de insumos que ,en estas circunstancias, adquieren la condición de esenciales".

También adhirieron al proyecto los diputados Darío Martinez, el puntano, Nicolás Rodríguez Saa,  Marcelo Cassaretto, Cecilia Moreau, Eduardo Fernández, Mónica Macha, Walter Correa, Gisela Marziota, Lucía Corpaci, Mara Brower, Laura Russo, Carlos Ponce, Patricia Moiner, Mabel Caparros,  Mirta Tundis,  Alicia Aparicio, Mayda Cresto, Estela Hernández, Nelly D´Alvoro,  Silvana Ginocchio, Patricia Mounier, Marisa Uceda, Carlos Selva, Carolina Yutrovic y Carlos Cisneros. Entre los firmantes sumaron su apoyo Mayda Cresto, Estela Hernández,  Carolina Gaillard,  Paola Vessvessian,   Elda Pertile,    Patricia Mounier, Silvana Ginocchio, Nancy Sand,  Graciela Landriscini, Claudia Ormachea, Héctor Fernández,  María Jimena,  Carlos Selva, Lía Caliva,  Aldo Leiva,  Mario Leito, Mirta Tundis,  Diego Sartori, Carolina Yutrovic, Mabel Caparrós, Liliana Yambrum, Diego Sartori, Walberto Allende, Alicia Aparicio, Blanca Osuna, Ramiro Fernandez Patri, Rosana Bertone, Carolina Moises, Ayelén Sposito, y  Walberto Allende.

El proyecto de ley se enmarca en el artículo 42º de la Constitución Nacional y arbitra en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, tomando en consideración la relación de consumo, la protección de su salud y la importancia de brindar a los usuarios y consumidores información adecuada y veraz.   
 
La compañía Movistar (Telefónica de Argentina) le hizo llegar por mail a Vallejos un escrito en el que reconoce que hubo aumentos tarifarios en medio de la pandemia pero no precisó el porcentaje de la suba ni cómo impactó en los distintos planes de telefonía celular. 

“En relación al aumento que impactó en el mes de marzo de 2020, cabe mencionar que se trata de cambios en las condiciones comerciales que Movistar notificó a sus clientes en noviembre de 2019, con entrada en vigencia a partir del 9 de diciembre de 2019”, se justificó la empresa.

El proyecto de Ley de Vallejos generó distintas reacciones dentro del bloque oficialista.

Eduardo Fernández, legislador por Córdoba y representante de Apyme, recordó que “la situación de MICROPyMES, Cooperativas de Trabajo y Empresas Recuperadas es sumamente compleja: muchas de ellas no tienen actualmente actividad productiva y comercial y es incierta su futura reactivación”. 

Tras recordar los "daños" que provocó la gestión de Mauricio Macri al tejido productivo, Fernández explicó que el aumento de los costos relacionados con la conectividad a Internet, telefonía fija y móvil, “resulta sin dudas problemático porqué las herramientas de conectividad resultan vitales y prioritarias para la continuidad de las instancias de producción, de dinámicas de funcionamiento a distancia y de comercio por parte de Pequeñas y Medianas Empresas -orientado al comercio electrónico y entrega a domicilio-, en el actual contexto y según la experiencia internacional”.

 Por su parte, el neuquino Darío Martinez subrayó que "en el mundo y la Argentina de pandemia la conectividad pasa a ser una herramienta imprescindible para la educación, para gestionar las herramientas que el gobierno pone a disposición del pueblo, es por ello que no podemos permitir que sea usado para que sus dueños sean oportunistas y miren más los balances que la necesidad. Aumentar los precios de las tarifas en este momento es igual de perverso q el q especula con el alcohol en gel y un medicamento".

Por último, el periodista e histórico dirigente de la UCR, Leopoldo Moreau fue lapidario y profundizó el debate: "Aferradas a que no se consideran empresas de servicio público-- algo que el parlamento deberá corregir-- estos operadores sin siquiera tomar en consideración la situación que atraviesa la sociedad han decidido abusar de los usuarios con aumentos desmedidos que no encuentran fundamento alguno como no sea incrementar sus ganancias extraordinarias.", concluyó Moreau, en coincidencia con la postura de Vallejos, que días atrás había encendido el debate en la redes sociales destacando que las empresas “conspiran contra la política sanitaria del país, en medio de la pandemia. Es inaceptable. No pueden aprovechar la circunstancia de no ser un servicio regulado (cosa que, oportunamente, habrá que revisar). El Estado deberá intervenir para impedir esta conducta de rapiña empresaria”.