Segundo acto de hipocresía con el nuevo aumento en las jubilaciones

21/05/2020 | Esta vez no apareció en el escenario el "hombre bazooka", figura estelar de aquellos violentos incidentes del 2017 frente al Congreso por la movilidad jubilatoria de Mauricio Macri. Pero si hizo su entrada rutilante Patricia Bullrrich, siempre memoriosa y dispuesta a pasar facturas. La ex ministra se metió en la polémica por el reciente aumento a los jubilados y le mandó a la Casa Rosada un misil sin anestesia: "las 14 toneladas de piedras que nos tiraron a nosotros por la reforma previsional se las tendrían que devolver una por una a ellos". Mas allá del recordatorio, esta vez no hubo legisladores que pusieran el grito ern el cielo como aquella vez, increpando al propio presidente de la Cámara de Diputados, Emiio Monzó. Ni siquiera se escuchó el reclamo de la otrora "defensora" de los abuelos, Mirtha Tundis. Lo que se dice silencio de radio para un aumento a jubilados y pensionados que no es otra cosa que cartón pintado, si nos ponemos a desmenuzar el anuncio. Esta vez el incremento será del 6,12% a partir de junio, lo cual obliga a hacer cálculos muy sencillos para desenmascarar la jugada.

por Jorge Joury

La mejora lleva la jubilación mínima a 16.864 pesos, unos 136 dólares según la cotización en el mercado libre de cambios, y el haber máximo a $113.495 (915 dólares). No obstante, de haberse sostenido la Ley de Movilidad, que fue suspendida por el Gobierno en diciembre del año pasado en medio de la emergencia económica, la jubilaciones en junio debería subir un 10,89%, lo que implica que un haber mínimo ascienda a $17.622,64 (USD 142 según la cotización en el mercado libre de cambios). Quiere decir que los jubilados perdieron más de cuatro puntos.

Si hacemos los cálculos de acuerdo a la fórmula suspendida, que había puesto en marcha el gobierno de Mauricio Macri en 2017, en junio hubiese correspondido un aumento general de las jubilaciones y pensiones, y el enganche para la Asignación Universal por Hijo de 10,9%, como consecuencia de la combinación de sendos incrementos entre octubre y diciembre de 2019 de 11,72% de la inflación y 9% de la Remuneración Imponible para el Trabajador Estable (Ripte).

Como se observa, otra vez perdieron los jubilados, frente a la segunda entrega oficial del cálculo previsional por decreto. Y Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, fue el primero en aferrarse a la calculadora y tirar la bronca. Apelando al sentido común dijo: "resulta un acto de hipocresía de la política machacar con el cuidado a los “abuelos” frente al coronavirus y al mismo tiempo ajustar las jubilaciones. Algo así como un doble discurso generalizado que, en este caso, se ampara en la ley de Emergencia y en algunos DNU de la era de la pandemia".

El reclamo generalizado de los jubilados ya había llegado a la Corte Suprema con el primer incremento y la semana que viene, la presentación colectiva será ampliada con esta nueva versión, para lo cual se pronostica nuevas demandas en gran escala contra el Estado.

Para los especialistas en derecho previsional, este tipo de planteos son los que incomodan al máximo escalón de la Justicia y la colocan en un callejón sin salida. Es a todas luces un tema de la política mal resuelto y que termina poniendo a los jueces frente a decisiones muy delicadas desde el punto de vista jurídico y social, más aún en este momento de crisis donde las arcas del Estado están desfallecientes.

El hecho de que la demanda sea colectiva dibuja un desafío complejo. Pone en evidencia una posición bien fundada, principalmente para aquellos que más aportaron durante su vida activa. El punto más álgido es la pérdida de derechos adquiridos. Como se sabe, la fórmula de movilidad para el cálculo de haberes, aprobada en 2017 fue anulada de un plumazo, y suplantada por un mecanismo que provoca una pérdida real frente al sistema previo. Pero también asoman puntos en contra: aceptar el reclamo colectivo implicaría, según cierta mirada legal, un virtual roce con otro poder, porque podría ser interpretada casi como un acto de legislación.

En lo más alto de la pirámide aparece el costo económico que tendría para el Estado revertir las normas, con los fondos de la Anses cada vez más comprometidos por asistencias como el Ingreso Familiar de Emergencia y planes sociales de todos los colores. Es una realidad que posterga como siempre el debate sobre la naturaleza misma de la Anses y deja al descubierto de manera reiterativa la tentación de los diferentes gobiernos a recurrir a la caja más grande de la Argentina para solucionar los agujeros operativos.

Ese costado, el de los fondos, es el que aparece más escondido en el discurso oficial, aunque también ese mensaje ha sufrido alteraciones entre la primera y segunda entrega por decreto.

Desde antes de la asunción como gobierno, entre los asesores económicos de Alberto Fernández se venía hablando de la necesidad de “desindexar” las jubilaciones. Y el abandono de la movilidad heredada de Mauricio Macri se le puso la vestimenta de una necesaria solidaridad social ante la coyuntura, es decir quitándole una porción a los sectores con jubilaciones más acomodadas, que convengamos no son las de privilegio, sino las de los que más aportaron con sus años de trabajo al sistema previsional y que mayores derechos deberían tener.

Con este mecanismo, muchos, los de la mínima, ganaron un poco en comparación con el cálculo de movilidad anterior, y de allí para arriba, el resto perdieron frente a esa escala.

Ahora, el nuevo dibujo del Gobierno para sostener la cifra de aumento no se hizo tomando como referencia la suspendida fórmula de movilidad, sino contra la inflación prevista. Tomados los dos decretos, las jubilaciones más bajas sumarían hasta casi un 20%, contra una inflación estimada para el mismo período en 15 puntos. Las más altas, en cambio, redondearían un 10%, es decir por debajo del pronóstico inflacionario. En comparación con el cálculo del sistema anterior, todos estarían perdiendo porque la cifra sería 23,72%.

Para los especialistas en derecho previsional "el problema no es la foto de marzo-junio sino el atraso de ley de movilidad del gobierno anterior que es de un 20%. Hay jubilados con un 40% de atraso en su haber. Y vienen perdiendo desde el año pasado. Lo más importante es corregir la distorsión anterior pero lo único que le preocupa al actual Gobierno es lo que pase de acá en más. Hay que volver al haber jubilatorio de 2016 si se quiere ser equitativo".

No hay que perder de vista que si bien con los bonos otorgados por 13 mil pesos desde diciembre del año pasado hasta hoy, la gran mayoría de los jubilados y pensionados fueron beneficiados con un monto extra similar al de una jubilación mínima o aguinaldo completo, esas sumas son por única vez y no conforman un aumento de la jubilación.

Fernanda Raverta, titular de la ANSES dijo que está trabajando en una nueva fórmula de movilidad.Mientras tanto, todo hace presumir que está al llegar la avalancha de juicios contra el Estado. La pregunta del millón es qué hará la Corte: ¿Cajoneará el reclamo como ha pasado otras veces, para no generar un conflicto de poderes. O le abrirá la puerta a las impugnaciones, lo cual se convertiría tarde o temprano en una verdadera bomba de tiempo para los desgastados fondos de la ANSES?. ¡Hagan juego señores!.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.