Educación, discurso vs. realidad

Es muy común escuchar a distintos actores de nuestra sociedad hablar sobre Educación. Entre ellos encontramos dirigentes políticos; dirigentes gremiales; funcionarios y legisladores de distintas jurisdicciones, Nacionales, Provinciales, Municipales; economistas; intelectuales y periodistas. También vemos padres y docentes aunque sus opiniones no son en general tan públicas y mediáticas. Siempre me pregunte si todos ellos tienen verdaderamente una visión real de lo que expresan, y cuanto saben de la realidad, más allá de que sus dichos obviamente responden al lugar que ocupan y que llevan consigo intereses personales, políticos y sectoriales. En este sentido las declaraciones de un funcionario seguramente no están alineadas a las expresiones de un dirigente sindical salvo, en algunos casos, que este dirigente sea a fin al gobierno de turno. Las declaraciones de legisladores en la mayoría de los casos responden al partido político que representan. Los economistas en general pueden tener una visión más mercantilista, salvo excepciones. Y los intelectuales quizá planteos muy teóricos que llevarlos a la práctica, en algunas situaciones, pueden llegar a ser una utopía. El periodismo tendrá la obligación de informar tratando de ser lo suficientemente objetivo para poder dar una información lo más real posible. El caso de los docentes y padres generalmente está más influenciado según el nivel educativo, sea inicial primario o secundario, en el que ejercen sus funciones o el nivel educativo que envían a sus hijos y si el establecimiento es de gestión estatal o gestión privada. La visión de los docentes también puede estar influenciada según sea directivo, supervisor o inspector.

Sin entrar en temas que hacen a diseños curriculares, planes de estudio y todo aquello que se refiere a los contenidos educativos que se desarrollan en nuestras escuelas como tampoco la formación docente, veamos algunas de las cuestiones que atraviesan el sistema educativo en nuestro país y particularmente en la Provincia de Buenos Aires en base a realidades que vemos cada día en épocas de clase al margen de la actual situación de aislamiento social que estamos atravesando.

En principio tenemos que la Educación es un derecho constitucional, así lo expresa el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, reforzado por la incorporación a nuestra Carta Magna de Convenciones y Tratados Internacionales plasmados en el art. 75 inc. 22 que hacen al Sistema Internacional de Derechos Humanos.  Así el Estado a través de las autoridades de turno es quien debe garantizar la asistencia regular a las escuelas adoptando todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo ejercicio de esos derechos como así también el cumplimiento de  un calendario escolar con una cantidad mínima de días de clase pautado por Ley. Si bien algo se escucha sobre el cumplimiento del calendario escolar donde algunos funcionarios proponen alternativas para recuperar días perdidos, eso nunca sucede. Allí aparecen con sus críticas los sindicatos, algunos docentes y también suele escucharse a padres opinando sobre ello. Aquí encontramos en los funcionarios una falta grave a sus funciones por no arbitrar los medios necesarios para el cumplimiento de la Ley pues en los años que han transcurrido desde su sanción nunca se ha recuperado ningún día de clase., Si bien es el Estado el responsable, podemos preguntarnos: que incidencia tienen otros actores? Qué responsabilidad le compete también a los gremios? Y hasta los mismos docentes. Que rol juegan los padres? Intentare responder alguna de ellas.

Los distintos sindicatos que representan a los docentes y no docentes del Sistema Educativo llevan adelante medidas de fuerza, ejerciendo un derecho de los trabajadores. Estas medidas en la mayoría de los casos, atentan contra el cumplimiento efectivo del calendario escolar y generan  una falta de igualdad de oportunidades. Y aquí una aclaración, no todos los docentes y no docentes de las escuelas están afiliados alguno de los gremios que ostentan su representación. Pero generalmente los porcentajes de acatamiento a esa medidas de fuerza suelen ser superiores a los porcentajes de afiliados encontrando en algunos casos escuelas totalmente cerradas. Esta situación genera un caos pues los padres no saben cómo actuar, si envían o no a sus hijos a la escuela por no saber si el maestro se hará presente o no, en el caso de las escuelas secundarias hay profesores que concurren y otros no, lo que genera un desorden institucional. Obviamente aquí son los alumnos, estudiantes los perjudicados pues su derecho constitucional a la educación se ve vulnerado confrontando la posición de los gremios y su derecho a reclamar. Entonces nos encontramos en una situación que no ha tenido una solución. Cuál de los derechos es más importante? Es alguno más importante que el otro? Quienes son los más perjudicados en esta vulneración de derechos? Preguntas estas que no han tenido respuesta y desconozco si hubo conversaciones entre autoridades y sindicatos para dar fin a esta situación. Lo cierto es que las clases no se recuperan. Aquí también debemos tener en cuenta si los establecimientos dependen del Estado o son de gestión privada, pues allí existen otras lógicas entre autoridades, docentes, padres y gremios. En este contexto encontramos opiniones de padres y docentes que acuerdan o no con las medidas de fuerza y los dirigentes sindicales que según el gobierno de turno, en la mayoría de los casos, toman medidas más o menos duras y así pasa el tiempo sin encontrar el camino para que realmente se pueda hablar en serio de calidad educativa, al menos partiendo de la base según la cantidad de días de clase. Tema aparte seria la discusión si realmente la cantidad de días hace a la calidad. En este sentido desde distintos sectores de la comunidad educativa se reconoce la existencia de problemáticas vinculadas a la discontinuidad, que afectan de modo sustancial la calidad educativa. Se puede mencionar una alarmante disimilitud cuantitativa referida a los días de clase efectivamente cumplidos, íntimamente relacionados con situaciones de conflicto surgidos de las diferentes realidades político sociales. Estas realidades se convierten en brechas de desigualdades que se expanden más si cotejamos entre las escuelas de gestión estatal o privada. Así encontramos los mayores índices de discontinuidad en el calendario de los establecimientos estatales a los que asisten los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad. Además existen diversos estudios que entienden que el tiempo de exposición de los alumnos al aprendizaje escolar efectivo se constituye en un elemento esencial en la construcción de un sistema educativo igualitario tan presente en el discurso de muchos actores y tan ausente en la realidad.

Otra situación que genera la perdida de días de clase es el tema de la infraestructura escolar. Encontramos declaraciones de funcionarios que hablan de las inversiones que se realizan. Millones y millones de pesos que anualmente se destinan a mantener, reparar y ampliar edificios escolares. Si hacemos un recorrido solamente de los últimos diez años vamos a encontrar una cantidad de esos edificios que albergan dos o tres escuelas donde en forma reiterada año tras años se destinan mucho dinero para sus reparaciones. Aquí nuevamente aparecen los sindicatos. Parecería no ven lo que se invierta, bien o mal, las partidas se destinan y se hacen anuncios. Entonces como ya dije, según el gobierno de turno las declaraciones son más o menos flexibles. Lo cierto es que las partidas  se destinan. Lo que es difícil saber si se ejecutan todas a las obras según lo que el estado proyecto y presupuesto. Para ello supuestamente existe un control técnico profesional que debe dar cuenta de esas tareas. Y es allí donde deberían aparecer las responsabilidades quizás compartidas con las autoridades de turno.  Esta situación de falencias de infraestructura atenta también con el cumplimiento del calendario escolar y es allí donde los gremios responsabilizan al gobierno  por los días perdidos y obviamente no dan cuenta de los días que se pierden por las medidas de fuerza. Ente ellos aparecen nuevamente los padres que según sus criterios e ideas toman partido por el gobierno o el sindicato sin poder discernir realmente cual es la raíz del problema. Aquí aparece nuevamente la diferencia entre las instituciones de gestión estatal o de gestión privada. Y otra vez las desigualdades, siendo siempre los más perjudicados los menos favorecidos.

Otro déficit en el cumplimiento de la legislación vigente  que encontramos en el sistema educativo es el porcentaje de escuelas que deben ser de jornada extendida pautado en la Ley 26.206 art. 28. La meta, lograr que el 30 % de los alumnos de educación primaria tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y zonas geográficas más desfavorecidas. Aún más en las metas fijadas durante  la Cumbre de Jefes de Estado realizada en Mar del Plata en el mes de diciembre de 2010 los mandatarios de los  países Iberoamericanos firmaron que en el 2021 entre el 20 y el 50 % de las escuelas primarias tendrían jornada completa. Ninguna provincia llega a cumplir esa responsabilidad con valores muy diversos entre cada región que no garantizan una igualdad de oportunidades en todo el territorio de la Republica Argentina.

No quería dejar de mencionar la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 285/16 que define el Plan Estratégico Nacional 2016 – 2021 “Argentina Enseña y Aprende, cuya finalidad es lograr entre todos/as un país con una educación de calidad centrada en los aprendizajes, que le brinde a todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos los saberes socialmente significativos, las habilidades y capacidades para su desarrollo integral, en condiciones de igualdad y respeto por la diversidad “. En este Plan las provincias y la CABA, por su parte, elaborarán planes operativos anuales que contribuyan al logro de los objetivos nacionales concertados en este documento. Estos planes establecerán las líneas de acción y estrategias que cada provincia/CABA formule para alcanzar dichos objetivos según sus decisiones técnico-políticas y los acuerdos federales existentes y futuros. Hasta donde tengo conocimiento no existe en la Provincia de Buenos Aires un plan de acción para concretar los objetivos nacionales plasmados en la Resolución.

Como podemos ver no solo la Constitución y las leyes sino también existen resoluciones con acuerdos políticos que de alguna manera obligan al Estado llevar adelante políticas educativas que lleven al cumplimiento de los derechos que nuestra Carta Magna define. Pero la realidad nos marca que en nuestro país la educación esta penosamente postergada y diría olvidada. No veo que se tomen decisiones que impacten realmente sobre la realidad y que no sean un lindo discurso de campaña o una publicación de los gobiernos de turno. Considero que una de esas decisiones debería ser darle más autonomía a las escuelas, a partir de generar los cambios necesarios en los aspectos normativos que así lo permitan.

Creo que la inclusión social y la igualdad de oportunidades son los grandes desafíos para afrontar y para avanzar hacia esa meta, para ello hay que ir por un sendero distinto al actual. Tenemos que aceptar que aunque todos los padres tengan los mismos objetivos acerca del futuro de sus hijos, el sistema educativo Argentino no está en condiciones de quebrar la reproducción intergeneracional de las desigualdades. Existe un acceso diferencial a los distintos niveles educativos para los pobres y los que no lo son; tenemos un tratamiento diferencial en las escuelas, que da más ventajas a quienes proceden de hogares de mayores ingresos y encontramos padres que por distintas razones no pueden dedicarle el tiempo para atender las necesidades de sus hijos y conversar con ellos, siendo de alguna manera una forma de trasmisión directa de capital cultural. Y aun esto sucediera aquellos padres que tienen más recursos materiales y culturales podrán darles más oportunidades, esto también la escuela lo tiene que atender.

Por ultimo y ante la situación de aislamiento que se vive donde los alumnos, estudiantes no están concurriendo a las escuelas, entiendo aparecen otros obstáculos. La brecha en los aprendizajes generadas por quienes han tenido acceso a la, llamemos, educación virtual debido a no tener acceso a la conexión de internet o no disponer de dispositivos que les permitan acceder a la virtualidad y quienes la tuvieron, como también saber hasta donde los contenidos desarrollados han sido afianzados, especialmente quienes están en una fase temprana de alfabetización. Esta situación seguramente ha profundizado la desigualdad que hemos planteado recayendo en los sectores de la sociedad menos favorecidos.

Será esta una oportunidad para llevar adelante las transformaciones en el sistema educativo que realmente se necesita? Debemos reflexionar y tomar conciencia en el conjunto de la sociedad y que se haga realidad en la toma de decisiones políticas, que la educación es un bien público fundamental en el mundo de hoy y es sumamente necesario y urgente hacer de ella un aspecto central de la Política Pública Nacional.   

Lic. José A. López para ImpulsoBaires.comar. Mar del Plata.