viernes 22 de enero de 2021 - Edición Nº1765
Impulsobaires » La Plata » 6 sep 2020

La mirada de Jorge Joury

Detrás la toma de tierras, se oculta un plan para manejar una caja millonaria

Realmente mete miedo la creciente violación del derecho de propiedad privada.Frente a la ola de usurpaciones en la provincia de Buenos Aires, el gobierno empezó a poner la lupa en algunos movimientos sociales. La mayoría de los intendentes denuncian que detrás de las tomas de terrenos hay un gran negocio de esos grupos piqueteros.


Por: Jorge Joury *

Tanto la instalación de carpas en tierras donde se van a construir viviendas sociales como el corte del jueves pasado en la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroyo tendrían un objetivo muy claro y preciso: la caja del programa asistencial Potenciar Trabajo.

El que puso el dedo en la llaga frente a estas maniobras, fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, al protagonizar una pelea frente a ex diputado y hoy funcionario nacional Fernando “Chino” Navarro, a quien acusó, junto al Movimiento Evita, del que forma parte, de promover las usurpaciones.

Berni y Navarro se cruzaron al aire del canal América y ambos salieron afectados. Navarro se llevó una durísima acusación pública y Berni quedó prácticamente obligado a presentar la denuncia en la Justicia.

En otras épocas, algunos intendentes,de los denominados Barones del conurbano, promovían la toma de tierras en lugares donde los dueños debían impuestos. Era una manera de bajarles el precio, luego desalojaban a los okupas y después compraban los terrenos a precios bajos en beneficio propio.

Por estas horas, existe la firme sospecha que la mayoría de los movimientos sociales, están en una lucha a brazo partido por obtener la mayor cantidad de partidas tanto para cooperativas y fábricas recuperadas, como para las viviendas sociales. Lo que se dice, sin sacar demasiadas cuentas : una torta multimillonaria.

También se afirma que existe una guerra entre los dirigentes sociales por ver quién logra quedarse con la mayor tajada de creación de empleos en la intermediación entre el Estado y los más necesitados. Esto, a su vez, tiene relación directa con el desafío por lograr la mayor cantidad de terrenos y viviendas a construir. Se trata de un negocio varias veces millonario y por el que están pujando los más poderosos dirigentes que apuntan a crear una situación de caos social para obligar al gobierno a una fuerte definición a favor de ellos.

Los organismos de seguridad creen que en medio de esta pelea, algunas organizaciones salieron a delimitar sus territorios con las tomas para advertir a otros espacios políticos que esos terrenos "ya tienen dueños" y las viviendas que se quieran construir en ese espacio deberán quedar a cargo del movimiento que representa a ese militante/vecino.

Según la propia Casa Rosada, la continuidad del IFE podría tomar características similares al plan Potenciar Trabajo, que lanzó hace pocas semanas el Ministerio de Desarrollo Social y que permitiría vincular el beneficio a un desempeño de tareas, como las vinculadas a mejorar las condiciones edilicias de comedores comunitarios, la urbanización de barrios y a la producción de la economía popular.

Todo esto fue analizado en un encuentro muy importante del que participaron los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; los titulares de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; del Banco Central, Miguel Pesce, y de la Anses, Fernanda Raverta. Estas movidas han llegado a oídos de los movimientos piqueteros.  

Detrás de la toma de tierras se esconde una verdadera mafia, que en algunos casos cuenta con protección de algunas funcionarios municipales y policiales. "Hay gente que le paga a otros para que vayan, alambren y dividan los terrenos. Entonces, después negocian con inmigrantes o gente misma de la zona para que ponga un casillita", agregaron.

Estas acciones atentan contra el plan de urbanización que ejecutará la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa, junto a su par de Desarrollo Social Daniel Arroyo y la titular de ANSES Fernanda Raverta.

Podrán urbanizar los asentamientos que ya están formados pero hay alerta en todo el conurbano bonaerense e interior de la provincia porque donde hay intentos de usupación inmediatamente nacen nuevos barrios de emergencia. 

Los antecedentes son muchos, a fines de julio, más de 500 personas terminaron imputadas en Guernica por la instalación de carpas y casillas hechas de madera y bolsas de consorcios. En Rafael Castillo, partido de La Matanza balearon a la dueña de un predio cuando intentó sacarlos.

En la periferia de La Plata, más precisamente en el barrio de Los Hornos, los vecinos denunciaron que pese a que se encontraba Gendarmería en el lugar, dividieron en parcelas y vieron llegar camiones con materiales y maderas.

También hay que señalar que a mediados de agosto, el intendente de Pinamar, Martín Yeza publicó un video mostrando cómo habían logrado frenar una usurpación.

En Mar del Plata, ocurre la misma situación. Si bien se comprobó que eran vecinos del barrio sin lugar donde vivir, cada vez son más los que pagan entre $20.000 y $30.000 para que alguien alambre, mantenga el pasto corto y luego comience la construcción de una habitación.

El gobernador Kicillof se reunió con varios intendentes y anunció el lanzamiento de un sistema de “alerta temprana” entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos, para detectar posibles nuevas usurpaciones, en tanto que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encargará de la asistencia a las poblaciones vulnerables que sufren del déficit habitacional.

En paralelo, esta misma semana, Kicillof había anunciado la puesta en marcha de un programa mediante la cual se prevé construir 8 mil viviendas en toda la provincia.“Las usurpaciones son ilegales y producen situaciones injustas.Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional, pero este no se soluciona con intrusiones ilegales”, afirmó Kicillof, al tiempo que destacó que “el Ministerio de Seguridad viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas”. “Necesitamos además que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente”, finalizó. 

En las últimas horas los intendentes le plantearon al gobernador y se acordó implementar un sistema de "alertas tempranas", para evitar más tomas. En  la reunión, Blanca Cantero, intendenta del Partido Presidente Perón, estalló: "Detrás de las tomas seguramente hay muchas familias que tienen mucha necesidad de tener una vivienda propia pero también, como muchos vecinos que viven cerca de las tomas lo refieren, durante todo el día llega gente que no es del distrito de Presidente Perón con terribles camionetas de última generación a traer palos, maderas y chapas". 

Ya no hay más lugar para discursos ambivalentes. Montadas sobre la crisis que lleva la pobreza hacia el 50%, las ocupaciones de terrenos están brotando como hongos venenosos en el conurbano. Es una secuencia conocida protagonizada por actores repetidos. Un mes después de las primeras usurpaciones, que ya superan las 4.300 hectáreas solo en Provincia, el oficialismo debate como un boxeador al borde del nocaut qué hacer. Sin contar a Juan

Grabois, que hace meses anticipó esta pesadilla, Sergio Massa propuso quitarles los planes sociales a los intrusos; Chino Navarro dijo que una medida así supondría una crueldad. La ministra Sabina Frederic dijo que las tomas no son un problema de seguridad y su contrincante bonaerense, Sergio Berni, aportó que a los usurpadores hay que meterlos presos.

¿El Presidente y el gobernador Kicillof tienen la llave para una salida digna que garantice el derecho de propiedad privada? ¿Pueden controlar a los sectores del oficialismo que están detrás de las ocupaciones de tierras? Ausentes las acciones concretas, por ahora no hay respuestas precisas para esas preguntas.

Convendría recordar que la propiedad privada es un derecho reconocido por el artículo 17 de nuestra Constitución: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Hay que hacerlo cumplir con mano firme y sin dilaciones. Para disipar dudas en la comunidad, hace falta un mensaje condenatorio desde todos los frentes en el oficialismo.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.     
 

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