El plan de Cristina para militar vacunas y triunfar en las elecciones legislativas

La oposición salió rápidamente a denunciar que el gobierno de Axel Kicillof está "politizando" la campaña de vacunación al involucrar a estructuras políticas del oficialismo. Esto tiene que ver con que en varios distritos, el gobierno bonaerense distribuyó listados de centros de información e inscripción en donde se incluyen unidades básicas de La Cámpora, el Frente de Todos y Nuevo Encuentro. Esto ha puesto en alerta máximo a los alcaldes opositores.

Pergamino, San Nicolás y Ramallo fueron algunos de los distritos gobernados por Cambiemos en donde los intendentes salieron a denunciar la "politización del plan de vacunación". También hubo airadas quejas en Tres de Febrero.

"Es preocupante que, teniendo 27 centros de atención primaria de salud, un vacunatorio municipal equipado y recursos humanos especializados, el Estado provincial difunda este flyer", escribió el intendente de Pergamino, Javier Martínez en su cuenta de Twitter. Además, aseguró que junto a sus pares Manuel Passaglia (San Nicolás) y Gustavo Perié (Ramallo) enviaron una nota a autoridades de la Región Sanitaria IV, poniendo a disposición infraestructura y consultando la estrategia de vacunación.

Sucede que la cantidad de inscriptos todavía está por debajo de lo que el gobierno necesita. Quienes manifestaron su intención de recibir la vacuna son poco más de 1.360.000 bonaerenses de todas las edades.

El martes, Kicillof anunció que convocará a deportistas y actores para que se apliquen la Sputnik en el marco de una campaña de difusión que incentive a la población a vacunarse contra el coronavirus.

Los intendentes y el gobierno bonaerense ya tuvieron contrapuntos por la negativa del ministro de Salud, Daniel Gollan, de utilizar la estructura de los municipios que hasta ahora fueron excluidos del proceso de vacunación, que está bajo el control de la provincia.

Tras el incidente de Olavarría varios intendentes -por ahora de la oposición- salieron a reclamar que las dosis sean alojadas en los vacunatorios y hospitales municipales.

Los intendentes sostienen que las estructuras municipales son las adecuadas para este tipo de operativos. Allí recae la atención primaria -con eje en la prevención- y se aplican vacunas durante todo el año.
Los hospitales provinciales, por el contrario, son espacios donde se tratan enfermos con distintas patologías y el riesgo de contagio es mayor. Algunos especialistas sostienen incluso que los nosocomios bonaerenses no hacen prevención y por ello no es correcto llevar allí personas sanas a vacunarse.

Los diputados de Juntos por el Cambio realizaron un pedido de información y acusaron al Gobierno bonaerense de "utilización política" de la vacuna. Le piden al ministro Daniel Gollán informar si La Cámpora y otras organizaciones políticas participan de la distribución y para que brinde detalles sobre la logística, distribución y responsables de la campaña de vacunación, bajo la acusación de que el Gobierno bonaerense “politiza la vacunación”.

La serie de cuestionamientos a la gestión comenzó con los intendentes de la segunda sección electoral: Javier Martínez, Manuel Passaglia y Gustavo Perié, quienes realizaron un pedido de información sobre la organización de la logística de la vacuna, y acusaron a La Cámpora de coordinar la distribución.

Posteriormente, el Gobierno bonaerense aclaró que la agrupación militante “sólo colabora con la inscripción” de personas.

El pedido de información, según la presentación, se basa en “las irregularidades en la distribución de las vacunas contra el Covid-19 que se pudieron observar en los diferentes medios de comunicación, como las llamativas pérdidas de dosis de Sputnik V, con el caso de la ciudad de Olavarría; el manejo de la vacunación por partes de militantes de la agrupación de La Cámpora, denunciado por el propio Intendente en la Ciudad de Ameghino; y lo acaecido en la Ciudad de San Andrés de Giles, donde fueron vacunadas dos concejales pertenecientes al Bloque del Frente de Todos”.

El titular de la Cámara de Diputados Federico Otermin trató de apagar el fuego y les sugirió a los dirigentes de Juntos por el Cambio que colaboren “con la gente que necesita anotarse y no sabe o no puede hacerlo”. “¿O ya no tocan más timbre?”, desafió. Por su parte, la ministra de Gobierno Teresa García afirmó que las críticas buscan “cargar el miedo de la población”.   

Mientras tanto, desde el Instituto Patria Cristina articula la campaña en sus trazos generales. Ya no cuenta con Guillermo Moreno para apretar empresarios y pisar los precios. No obstante, trazó antes de fin de año la estrategia para ganar las elecciones legislativas del próximo 24 de octubre. La idea de este cuarto gobierno kirchnerista, es alinear salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas.

Además, también se frenó sin disimulo un aumento aprobado en las cuotas de las prepagas, se incrementó la presión sobre las empresas formadoras de precios, le pusieron un techo de 7% a la suba de los servicios públicos y hubo influencia en las medidas anti exportadoras que desataron la protesta airada del ruralismo. Se planea además reforzar en un 50% la ayuda social a través de la Tarjeta Alimentaria para compensar el aumento de los alimentos.

En febrero se lanzará un acuerdo de precios y salarios con empresarios y sindicalistas para encarrilar ambas variables en torno de la inflación presupuestada para el año del 29 por ciento. El objetivo, es que los sueldos de los trabajadores -así como las jubilaciones y, eventualmente, los planes sociales- se ubiquen nominalmente un par de puntos por encima de la variación que tendrá en 2021 el costo de la canasta básica.

El interrogante es cómo impactará todo esto frente a una crisis no resuelta de la economía. ¿Quiénes quedarán en pie? ¿Quiénes serán responsabilizados por la gente? No es un dato menor. 

Pero lo que más preocupa en el gobierno, es la posibilidad de rupturas con el surgimiento de alternativas que puedan reivindicarse peronistas. Incluso la presencia electoral de Guillermo Moreno con su propuesta del regreso a la “pureza doctrinaria”, es seguida con atención, porque la incursión de Florencio Randazzo en la elección para senadores en la PBA de 2017 quedó marcada a fuego. En ese año la fórmula Bullrich-González superaba a Fernández de Kirchner-Taiana por 4 puntos, mientras que Randazzo-Casamiquela sacaba 5,3% (500.000 votos). Contener las fugas es prioritario, casi al mismo nivel que la reactivación de la economía.   

El ministro de Economía Martín Guzmán, que también será candidato a diputado nacional por la Provincia, carga un peso sobre sus hombros. Sabe que gran parte de su futuro está atado a que pueda alinear los planetas y darle respiro al bolsillo de los argentinos. Guzmán es fanático de los "equilibrios", pero ahora se las deberá ingeniar para una misión complicada y encontrar un camino posible para cumplir esas directivas con un agujero fiscal histórico por la pandemia, sin dólares y en medio de una ola de contagios de coronavirus que demora el regreso a una actividad medianamente normal. 

Algunos especialistas sostienen que Guzmán se resigna a postergar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es consciente además que no llegarán por ahora las inversiones productivas que el país necesita para volver a crecer de manera genuina. Le queda el consuelo de que el mundo vive días de dólar barato y precios altos de las materias primas que vende la Argentina lo cual le podría hacer ingresar una buena cantidad de divisas. 

Esta vez la épica de un gobierno peronista se limita a ganar elecciones en un ambiente de escasez donde hay poco para repartir para que no estallen aún más las desgastadas arcas del Estado. Apuntan a que no se desboque aún más la inflación, aunque implique agigantar las pérdidas de un tejido empresarial diezmado por una recesión que parece crónica. Otro de los desafíos, es  evitar una devaluación brusca, mientras el peso pierde valor por goteo a diario y el kilo de asado pisa los mil pesos y el litro de nafta los $100. Al mismo tiempo hay que recurrir a la emisión monetaria para que la asistencia estatal no decaiga. El control directo de todas las cajas posibles como Anses, Pami y también YPF. La empresa estatal Aysa, la AFIP, Puertos y hasta la propia Cancillería son hoy escenarios de más movimientos, algunos sutiles y otros no tanto, en los que partidarios de la vicepresidenta y su hijo intentan ganar lugares físicos e incidir, cada vez más, en las políticas que se implementan.  

No obstante, hay que advertir que con esa matriz el kirchnerismo construyó su mito y su decadencia. La billetera benefactora del oficialismo pagó con derrotas electorales (2013-2015-2017) el resultado de sus políticas: el regreso de una inflación enfermiza, el retroceso de la inversión privada, la corrupción subyacente en todo proceso de apropiación del Estado y la desunión a la que conduce el autoritarismo necesario para imponer un programa de ese tipo.

Pero para el peronismo siempre que llovió paró y el fracaso económico de Mauricio Macri le abrió el camino del retorno. Fernández argumentaba en la campaña que Cristina había reflexionado sobre sus errores económicos y que el Frente de Todos encarnaba una evolución que significaba "volver mejores".

Otro de los objetivos del cristinismo es el ahogo financiero a los rivales como Horacio Rodríguez Larreta. CFK sostiene en su entorno que Larreta es "el enemigo a vencer y hay que ponerlo de rodillas". Ya desde la campaña electoral anterior tanto ella como Máximo Kirchner habían apuntado a la “opulencia” de la Ciudad de Buenos Aires, que les resulta esquiva electoralmente. El primer ataque hacia la ciudad capital fue la quita de fondos coparticipables para fondear al programa de seguridad bonaerense. El objetivo de desfinanciar a Larreta era golpear en su punto fuerte: la gestión. Luego vinieron las trabas en la apertura de actividades económicas en el marco de la pandemia. Tras eso, la nueva pelea se da en el terreno de las clases presenciales donde interactúan gremios docentes afines al kirchnerismo. Pero nada de eso parece estar socavando la imagen del jefe de gobierno porteño en el año electoral que ya comenzó a calentar motores.  

El paso del tiempo contabilizó que la única autocrítica de la ex presidenta tiene que ver con haber permitido la división del peronismo. La fórmula mágica de 2021 ahora es sostener a toda costa el poder adquisitivo y contener a los dirigentes propios para prevenir fugas.

Acaso esta vez la alquimia funcione y pueda triunfar en las urnas. Todo depende de cómo responda la economía. Pero la factura vendrá después y ese precio no lo fija CFK. A recetas temporales y sin sustento, el peligro es que todo contribuya a un país que agiganta sus índices de pobreza, ahuyenta la inversión y reduce a migajas el valor de sus activos.

Mientras tanto, como suele pasar en los años electorales, todas las miradas se vuelven sobre las encuestas. Gran parte de los conocimientos sobre el mundo social proviene de este tipo de estrategia de investigación, pero las mediciones electorales son casi las únicas cuestionadas. 

La buena noticia para el gobierno es que la imagen positiva de Alberto Fernández se estabilizó entre un 35 y 40% según la medición que se considere. La caída desde los altos valores de marzo y abril de 2020 parecía no tener fin, pero logra amesetarse a pesar de la caída impresionante del PBI. ¿Enojados, pero cuánto? Se deduce que un espacio de votantes está disconforme con el rendimiento del FdT, pero la contrapartida es que al día de hoy no tendrían otra opción a quién votar. En este sentido, la polarización sostiene el bifrentismo, difícilmente un votante del pero-kirchnerismo pase a votar a Juntos por el Cambio, y lo mismo en sentido contrario. 

No obstante, un sondeo  acaba de disparar alarmas para la clase dirigente. Las conclusiones señalan que el 33% de la clase media está desencantada y no se siente interpelada por ningún espacio político. A pesar de la fuerte aprobación a la gestión del Gobierno al comienzo de la pandemia por el coronavirus, los votantes blandos del Frente de Todos de ese segmento se alejan por la falta de resultados, pero tampoco se acercan a Juntos por el Cambio, que también está perdiendo adhesión.

Una buena parte de quienes definieron las elecciones en 2015 y le dieron el triunfo a Mauricio Macri en el ballottage, posiblemente le hayan dado la espalda en las últimas elecciones, decepcionados con la gestión. Muchos de esos votantes moderados apostaron por Alberto Fernández en 2019, creyendo que iba a tener una postura más dialoguista, pero ahora se alejan porque no se identifican con sus políticas.
Los datos surgen de un estudio de Grupo de Opinión Pública (GOP) y de Trespuntozero -una de las contratadas por el Gobierno para hacer sondeos de imagen-. Se realizó en el mes en curso y consistió en un sondeo cualitativo con grupos focales y uno cuantitativo que abarcó 1850 casos a nivel nacional.

Dos bloques políticos y sociológicos esperan las legislativas de 2021 como un punto de inflexión. La pregunta es si será la consolidación definitiva del cristinismo o el inicio de su ocaso. Impulsará los sueños hegemónicos de Máximo y su mamá, o rehabilitará a Juntos por el Cambio como alternativa. Pero no solo eso. Estarán en juego dos visiones contrastantes sobre el patrón de desarrollo. De un lado la creencia en el Estado, como regulador e impulsor de la economía; del otro, la convicción de que la actividad privada debe ser liberada de restricciones para atraer negocios e inversiones. En el plano simbólico, también se dirimirá un clásico: si el relato debe organizarse en torno al pueblo o a la república. Nada menos que esto se decidirá en 2021. 

Si gana el Frente de Todos, se consolidará el estatismo de base popular. Si triunfa la oposición, la economía privada y el ideal republicano recuperarán chances. En un caso, las clases más vulnerables renovarán contrato con el peronismo. En el otro, las clases medias y altas sentirán que se afloja el yugo. ¿Cómo se ganan las elecciones en este contexto? ¿Qué factores las definirán? Según la teoría del voto las razones económicas suelen imponerse a la hora de optar.   

Sólo para empezar a despuntar la madeja, el 55% de las personas que habitan la Argentina estuvo alcanzada por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria. Ese número era 32,9 en 2010 y de 40,3% cinco años después. Mauricio Macri dejó la presidencia con un 43,8% y Alberto Fernández lo llevó, en plena pandemia, a 55%.  

Quedan por rescatar más de 2 millones de empleos perdidos el año pasado, los ingresos están 20 puntos por debajo de los niveles de 2017 y la pobreza, en especial en los chicos, demanda de un estado presente con recursos y buenas estrategias.

Si además de las ventajas estructurales, la economía rebotara y el Gobierno lograra vacunar a la mayoría de la población, los pronósticos indican que estaría en condiciones de ganar. 

En este contexto, los tres temores principales de la clase media no son políticos, sino que están vinculados con la crisis económica, la situación laboral y la inseguridad. La gente es muy crítica con lo económico, lo sufre en carne propia y tiene una visión pesimista. Frente a este cuadro de situación, el Gobierno tendrá que enderezar el barco lo más urgente posible para evitar un posible naufragio en las urnas. 

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP.