Nueva reunión del Gabinete Económico para avanzar en precios y salarios

De la reunión participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español y el secretario de Política Económica, Fernando Morra.

La convocatoria a las mesas sectoriales para analizar las distintas cadenas de valor se realizará para la semana entrante, como lo explicó el titular de la cartera de Desarrollo Productivo. “Vamos a comenzar con la reunión de la cadena de alimentos, tomando como punto de partida las mesas que ya están conformadas en el Ministerio de Agricultura, entre ellas las que vienen trabajando los casos del trigo y del maíz, y vamos a convocar a toda la cadena de productores de alimentos en Argentina”, destacó el ministro.

En esa línea, Kulfas amplió: “La segunda mesa es la de construcción, un sector que está en clara recuperación, muy dinámico, que transita el cuarto mes consecutivo de crecimiento del empleo”. “Se trata de una muy buena performance —aclaró el ministro de Desarrollo Productivo— de un sector muy importante de la economía donde es necesario convocar a todos los eslabones de la cadena de construcción para generar un acuerdo de precios que vaya en línea con las pautas macroeconómicas”.

Finalmente, detalló: “El tercer sector será el de electrónicos y electrodomésticos,  que también ha sido un sector con un importante nivel de demanda, producto de la pandemia”.

En referencia a las mesas que el gobierno lleva adelante con los diferentes sectores de la economía, Kulfas analizó: “Buscamos evitar descoordinaciones que se producen en algunos mercados, tener buenas pautas macroeconómicas y sumar acuerdos que van a ser útiles para ayudar a la desinflación. El año pasado se dieron pasos en este mismo sentido y la inflación bajó casi 20 puntos, así que pretendemos continuar trabajando para converger a las pautas establecidas sin desconocer las realidades sectoriales y las complejidades de cada cadena, pero con el objetivo de ir obteniendo resultados concretos”.

Durante la reunión y con la presencia del titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Carlos Montero, el jefe de Gabinete de Ministros, de acuerdo con el Comité de Evaluación y Monitoreo del programa ATP, solicitó llevar adelante una auditoría integral que abarque la actuación de las autoridades administrativas que intervinieron en el análisis y concreción de los beneficios contemplados en dicho marco, y de las acciones en curso para verificar el cumplimiento de los requisitos previstos para mantener tales beneficios.

El Programa ATP tuvo un alcance inédito tanto en términos de empresas como de trabajadores y trabajadoras asistidas: el 70% de las empresas del país recibieron asistencia a través del pago del salario complementario a sus trabajadoras y trabajadores, préstamos subsidiados y/o reducción o postergación de las cargas patronales. 

El Estado Nacional se hizo cargo del pago de parte de los salarios de 2.966.000 trabajadores de 307 mil empresas a través del Salario Complementario. Los Créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos alcanzaron a 564 mil personas, mientras que por la reducción y postergación de las contribuciones patronales, cerca de 375 mil empresas obtuvieron una rebaja o postergación en el pago de las contribuciones patronales de 4.300.000 trabajadores.

El Gabinete Económico también analizó los detalles de la imputación que la Secretaría de Comercio Interior de la Nación efectuó, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, sobre diferentes empresas por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

“Nos llegó información sobre desabastecimientos puntuales en algunos productos. Esto desencadenó una investigación donde se detectó que, en algunos supermercados y bocas de expendio, estaban faltando productos específicos. Las inspecciones determinaron que, en estos casos, el supermercado no tenía el producto, por lo que el problema no era del supermercado en sí, sino del abastecimiento por parte del sector industrial”, informó Kulfas. Y agregó: “En definitiva la gran preocupación de parte del gobierno es que no falte ningún producto importante en la mesa de los argentinos”.

Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios para asegurar el transporte y la distribución y así satisfacer la demanda establecida por la resolución 100/2020.

“El objetivo central es garantizar que estén los productos necesarios. Durante la pandemia la Argentina no ha tenido desabastecimiento, más allá de casos puntuales. Queremos seguir en esta línea y por eso la secretaría de Comercio Interior hace esta imputación, para que este hecho no vuelva a ocurrir en los próximos meses” remarcó Kulfas y acotó “lo que buscamos son esquemas para que este año los salarios le ganen a la inflación que es el gran objetivo que tenemos”.

Esta medida intima a las empresas para que en el plazo perentorio de 5 días hábiles acredite, ante la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores dependiente de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, haber dado cumplimiento a la norma, requiriendo que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y asegurando el transporte y provisión de los productos.