lunes 15 de agosto de 2022 - Edición Nº2335
Impulsobaires » Politica » 1 mar 2021

La mirada de Jorge Joury

Radiografía del descarrilamiento en el sistema de vacunación bonaerense

Nadie puede tirar la primera piedra en lo más alto del poder, menos en la provincia de Buenos Aires. Ahora se comprende por qué no funcionó la estrategia de diferenciación que ensayó el kirchnerismo, para distanciar al gobernador Axel Kicillof y al peronismo bonaerense del Gobierno nacional de los efectos del vacunatorio vip.


Por: Jorge Joury *


En las redes sociales y en el discurso de sus principales dirigentes agitaron la misma consigna: “En la Provincia no hay Vacunatorios VIP”, tratando de instalar la sensación de que los privilegios del poder en la vacunación eran cosa del albertismo y de sus contradicciones. Sin embargo, las revelaciones sobre los centenares de jóvenes universitarios y militantes que se vacunaron en los centros de telemedicina coordinados por el gobierno bonaerense y treinta universidades, terminaron con el relato del Instituto Patria. Los propios simpatizantes de La Cámpora dejaron estampada su huella digital, al publicitar en las redes sus fotos vacunándose y viralizando el acceso que muchos dirigentes de segunda y tercera línea tienen a las vacunas por su cercanía con el poder. Al mismo tiempo, comenzaron a estallar las denuncias de médicos y enfermeros en toda la provincia que todavía no recibieron sus dosis pese a encontrarse, ellos sí, en la primera línea de la batalla sanitaria. Paradojas de un país que no encuentra el rumbo. En la provincia no quieren que el gobierno nacional publique la lista de vacunados, porque se sabría la cantidad de funcionarios vacunados, intendentes, concejales y hasta familiares de todos ellos. No se puede tapar el sol con las manos, las pruebas son muchas y las vamos a enumerar de la manera más prolija posible.

Da la impresión de que estamos frente a un plan bien armado con fines políticos, con hospitales puntuales para favorecer a funcionarios y hasta pesos pesados de la justicia que optaron por el siempre primero yo. Un caso testigo, es que el escándalo institucional llegó hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, luego de que se detectara que dos de sus integrantes, Luis Genoud e Hilda Kogan, (FOTO)  figuran en los registros oficiales como vacunados en el Hospital El Cruce de Florencio Varela por fuera de las prioridades establecidas por los gobiernos nacional y provincial. 

Otro escándalo hace crujir los cimientos de la vecina ciudad de Ensenada. Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio denunciaron que “el titular del PAMI local , y ex candidato a concejal por el Frente de Todos, Gonzalo Javier Ardizon, de 36 años, recibió las dos dosis de la vacuna como “personal de salud”.  Ardizón es la segunda persona de Ensenada que se conoce públicamente hasta el momento como beneficiada por el “vacunatorio VIP”, según consignaron en un comunicado.

En Ensenada no se siguió el protocolo de vacunación y el orden de prioridades establecido por Decreto del Gobierno Nacional. El hecho de que el Titular del PAMI Ensenada haya recibido las 2 dosis demuestra que Ensenada se suma a las ciudades con casos de Vacunación VIP”, se señaló.

Según datos del SISA (Sistema Integral Sanitario Argentino), el titular del PAMI fue vacunado y no estaría dentro del grupo esencial.  “Ardizón, sería muy cercano a Nicolás Secco, el hijo del intendente Mario Secco. El funcionario se aplicó la primera dosis de la Sputnik V en el Hospital El Dique el día 12 de enero pasado, mientras que fue inoculado con la segunda el 3 de febrero.  Los  registros oficiales indican que se dio la vacuna por ser "personal de salud", pero no sería parte de los grupos de riesgo habilitados para recibir las dosis”, agregaron las fuentes. 

Por lo que se ve, en la Provincia de Buenos Aires existen ciudadanos que se saltearon los turnos y fueron inmunizados antes que varios grupos pertenecientes al personal esencial y la población de riesgo. Es el caso de decenas de estudiantes y militantes menores de 30 años.Se trata de al menos 100 jóvenes a los que el gobierno de Axel Kicillof consideró personal de salud. Trabajan como operadores de telemedicina en los CeTep de atención temprana para consultas relacionadas con el covid-19. Estos centros son supervisados por el Ministerio de Salud bonaerense en coordinación con 29 universidades nacionales y la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires.

Fuentes del gobierno bonaerense indicaron que “se trata de personal que se encuentran abocados al operativo sanitario realizando una tarea clave: el rastreo y seguimiento de los contactos estrechos de los contagiados, por lo que son considerados personal de salud”.

Sin embargo, no tienen contacto con pacientes. Aun así, en la gestión Kicillof consideran que “les corresponde la vacunación al tratarse de personal del esquema sanitario COVID de la provincia de Buenos Aires”. Y aclararon que “su vacunación no se hizo en ningún ‘vacunatorio Vip”.

La pregunta que surge y que es necesario aclarar es : ¿Cómo fueron registrados estos jóvenes en el sistema de turnos de la Provincia? La misma fuente sostuvo que “se anotaron en la página web como ‘personal de la salud no UTI’, y se les otorgó un turno de manera aleatoria”.

Tampoco se puede negar desde el oficialismo, que los centros de telemedicina montados por la cartera sanitaria bonaerense funcionan en varias universidades nacionales, que forman parte del convenio firmado el año pasado. La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la de Tres de Febrero (Untref), la de Hurlingham (Unahur), la Arturo Jauretche (UNAJ) de Florencio Varela; la de Lanús (UNLa); la del Oeste (UNO); la de José C. Paz (Unpaz); la de Lomas de Zamora (UNLdZ); la de Quilmes (UNQ); la de Almirante Brown (UNAB) y la de Mar del Plata (UNMDP), son algunas de ellas.

La mayoría de los jóvenes que prestan estos servicios pertenecen a La Cámpora y otras agrupaciones afines al kirchnerismo. Desde la Provincia, sin embargo, aclararon que “no necesariamente todos” son militantes.

El escándalo por el vacunatorio VIP derivó en al menos 15 denuncias que piden investigar lo sucedido puertas adentro del Ministerio de Salud de la Nación. Una de ellas la realizó la diputada Graciela Ocaña junto al bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la que apuntan al hospital El Cruce, de Florencio Varela, además del Posadas. Allí se vacunaron intendentes, los denominados barones del conurbano, como el de Berazategui, Juan José Mussi, de 80 años y jueces de la Corte bonaerense.

Florencio Varela, es uno de los puntos más señalados, donde se inmunizaron dos jueces de la Suprema Corte bonaerense cuando no estaba habilitado ese servicio sanitario para el grupo poblacional al que pertenecen. Se trata del actual vicepresidente del Tribunal Luis Esteban Genoud (74) un  hombre nacido en ese distrito y la ministra Hilda Kogan (76).

Ambos forman parte del grupo etario considerado de riesgo por contagio de COVID-19 pero las dosis las recibieron antes del 25 de enero cuando en la provincia solo estaba permitido aplicar la Sputnik V al personal de salud y en geriátricos. Ninguno de los casos encuadra legalmente para los magistrados.

Ambos jueces ya recibieron las dos dosis y fueron inscriptos como “personal de salud”, según la información oficial del ministerio. La versión de la Suprema Corte, por su parte, indica que obtuvieron la dosis “en un hospital del sistema público de salud de la Provincia, en su condición de personas mayores de 70 años”. Sin embargo, sostuvieron que “no hubo gestión institucional de la Corte” en el trámite para obtener la inmunización.

Tras efectuar la denuncia, Graciela Ocaña señaló que personal de las intendencias del conurbano también asistió a El Cruce para vacunarse. Quien aparece en el listado y se aplicó la vacuna en esae nosocomio, es el ex intendente de Florencio Varela y actual diputado provincial Julio Pereyra (69). La primera dosis se la dio el 25 de enero y la segunda, el 18 de febrero.

El centro de salud pertenece a la Red del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMID). Por eso, se encuentra bajo la jurisdicción compartida de Nación y Provincia de Buenos Aires. 

Pero también hay mar de fondo en San Nicolás, donde se vacunó por fuera de protocolo un ahijado del ex ministro Ginés González García. Pero la ola crece, en San Vicente, cayó un funcionario municipal que habilitó dosis para su hijo. También recibieron la vacuna como "personal de salud"en Ezeiza Dulce Granados, de 62 años presidenta del Concejo Deliberante y esposa del intendente, y el ex jefe comunal de San Fernando Luis Andreotti.

El intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, dijo que la vacunación de su mujer está "recontrajustificada". Y amplió: "Repartió comida a personas contagiadas, trabaja todo el día en casos de violencia de género". Ambos se vacunaron en el Hospital Alberto Eurnekian de Ezeiza, del que la mujer es madrina.

Fuentes cercanas a Andreotti dijeron que el ex intendente de San Fernando se vacunó ante un sobrante de dosis, "porque es una persona de riesgo, con tres stents e hipertenso".

San Nicolás también es escenario de historias oscuras. Se trata de la ciudad de la que son oriundos González García y su sobrino Lisandro Bonelli, ambos desplazados del Ministerio de Salud. Hubo un allanamiento en el Hospital San Felipe, que administra la provincia, y una fiscal se llevó un listado de vacunados, después de denuncias por vacunaciones preferenciales.

Pablo González, periodista local y primo hermano de González García, que tiene 57 años, admitió que fue vacunado, aunque aclaró que no cometió irregularidades. También inocularon a su mujer, de 48 años. Todo sucedió en el hospital allanado, en el que La Cámpora tiene un pie muy fuerte, según fuentes confiables. Hay que aclarar, que por el escándalo, las diputadas radicales Sandra París y Karina Banfi presentaron una denuncia.

En San Vicente, el intendente Nicolás Mantegazza (Frente de Todos) echó al subsecretario de Salud del municipio, Gustavo Carbonell, tras la vacunación del hijo del funcionario, de 24 años, sin ser personal de salud.

Florencia Arietto (ex funcionaria del Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Patricia Bullrich) y Juan Pablo Allan (senador bonaerense de Juntos por el Cambio) pidieron investigar si Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense, incurrió en "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y que se publique el listado de vacunados. En el ministerio desestiman los planteos y subrayan que no se pueden difundir los datos de vacunados porque están protegidos por ley.

Arietto y Allan consignaron casos de un sindicalista de ATE y cuatro funcionarios del municipio de Quilmes; un empleado municipal de Berisso; funcionarios de Navarro, y jóvenes vacunados en Chivilcoy y Salliqueló. Además, según informó Clarín, hubo decenas de vacunados entre estudiantes y militantes que trabajan en atención telefónica del gobierno bonaerense.

En Pergamino también se recurrió a la Justicia. Fuentes del municipio que conduce Javier Martínez (Juntos por el Cambio) afirmaron que presentaron una denuncia en el fuero contencioso administrativo por la participación de agrupaciones políticas peronistas en la campaña de vacunación. Y pidieron a la Región Sanitaria IV la lista de vacunados.

En La Matanza la oposición denunció por irregular la vacunación como personal de salud de la hija de 37 años de la secretaria de Salud, Gabriela Álvarez. La joven trabaja en la secretaría, por lo que fuentes municipales consideraron que no hay irregularidades. Previamente, el reproche había sido por la presunta vacunación de empleados del PAMI de San Justo.

Otro caso fue detectado en el Hospital Alberto Balestrini, de La Matanza. Tres trabajadoras de la salud dijeron que estaban anotadas para vacunarse pero sus lugares fueron usados para vacunar a otras personas, usando sus nombres. Desde el Ministerio de Salud bonaerense argumentaron que "se postergaron sus turnos porque no habían llegado las dosis al hospital" y que, "cuando llegaron, se les dio el turno". Diputados nacionales de Juntos por el Cambio pidieron respuestas con un proyecto de resolución.

En Morón, las aguas también bajan turbias. Los bloques de concejales opositores avanzan para  interpelar al intendente, Lucas Ghi (Frente de Todos). Quieren "explicaciones de la implementación del plan" y un listado de vacunados. Una de las denuncias públicas es que se habría vacunado a una decena de administrativos del PAMI. Cuando trascendió la acusación, el intendente Ghi aseguró que no tiene "constancia de que se haya vacunado a ninguna persona menor de 70 años que no estuviera contemplada".

El caso de la posible vacunación de militantes kirchneristas en Henderson (partido de Hipólito Yrigoyen), también sigue reavivando el fuego. A raíz de ello, habrá una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante para definir si se abre el registro de vacunados con las primeras 450 dosis que llegaron al distrito.

Como se ve, hoy la Argentina padece una maldición bíblica: tiene más de dos millones de contagiados, casi 52 mil muertos y récord de pobres. Con la vacuna el gobierno está en falta. El país está en el lugar 46 del ránking mundial de proporción de habitantes completamente inmunizados y las dosis siguen llegando a cuentagotas. Con un millón de vacunados, no solo estamos lejos de todos, sino en la boca del lobo.
 
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP.  .

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