domingo 26 de septiembre de 2021 - Edición Nº2012
Impulsobaires » Sociedad » 2 mar 2021

Libros EDULP

Una propuesta para reflexionar: "Cautivas de la violencia"

Duele el femicidio de Úrsula Bahillo. Y el de Guadalupe, el de Ivana y de otras tantas mujeres jóvenes cuyas muertes podrían haberse evitado de haber recibido protección judicial. La que solicitaron las víctimas. Condición que la justicia refuerza y doblega al no darles respuesta. Víctimas de la violencia de género y víctimas del desamparo institucional.


Por: Redacción

Descarga libre y gratuita propuesta por la Editorial Edulp (UNLP)

Según cifras del Observatorio de Políticas de Género de nuestro país, hay 1 femicidio cada 23 horas. En lo que va del año, las mujeres asesinadas en manos de sus parejas y ex parejas se estiman que fueron 48, una cifra alarmante  a pesar de los avances en la legislación y en diversas medidas en las que Argentina es pionera en América Latina.

El problema de la falta de respuesta judicial ante el riesgo de las mujeres implica no sólo modificar el abordaje institucional ante femicidios, sino también, considerar la problemática más profunda que es la configuración social de un patriarcado presente aún en todas las acciones de los operadores policiales y judiciales.

Manuela González, compiladora del libro editado por Edulp (Editorial de la UNLP) Todo lo que está bien no es lo que parece. Acceso a la Justicia en casos de violencia de género y salud mental plantea por qué es necesario “seguir tejiendo articulaciones para romper los cautiverios, que toman hoy otras formas, se mimetizan, se ocultan, se camuflan, pero siguen configurando dispositivos de poder que producen efectos letales sobre las mujeres. Los nuevos y los viejos cautiverios se nutren de lenguajes, mitos y estereotipos sexistas; tienen sus raíces en ideologías androcéntricas y patriarcales, se apoyan en la falta de articulación entre las distintas instancias y actores/as del Poder Judicial que obturan total o parcialmente el acceso a la Justicia”.

El libro de González propone, entre otros, analizar la capacidad que los organismos del Estado tienen para llevar adelante políticas públicas vinculadas al acceso a la Justicia con perspectiva de género, haciendo hincapié en los programas vigentes, la población destinataria, su alcance y los circuitos institucionales de prestaciones.

González plantea: “¿Después de la denuncia, qué? Tras la denuncia, el Estado no fue capaz de proteger y de garantizar la vida de estas mujeres. Pronto se advierten elementos que ponen de manifiesto la especificidad de este tipo de violencia. Después de la denuncia, la investigación e instrucción de los hechos debería ser diligente. Para ello, no basta con recabar la declaración de la víctima sobre el último episodio violento, sino que resulta prioritario identificar otros elementos de prueba que permitan dilucidar si estamos ante una violencia habitual y evaluar seriamente la gravedad del caso teniendo en cuenta los indicadores de riesgo presentes”.

 

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