martes 19 de octubre de 2021 - Edición Nº2035
Impulsobaires » Politica » 17 mar 2021

La mirada de Jorge Joury

La foja negra del ministro que CFK eligió para domesticar a la Justicia

Además de tomar a un periodista del cuello y amenazarlo con cerrarle la radio, armar causas con carpetazOs y perseguir a opositores, los antecedentes del flamante ministro de Justicia, Martín Soria, que llegan desde Río Negro, ponen los pelos de punta en los tribunales de Comodoro PY . Presagia tiempos oscuros para la institucionalidad. Las denuncias con nombre y apellido, su batallar contra el “lawfare” y “la mesa judicial” y su apoyo a los dichos de la vicepresidenta contra el Poder Judicial, son las cartas credenciales con las que Soria llega a su despacho en la calle Sarmiento al 300, que probablemente ocupa a partir del 26.


Por: Jorge Joury *

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay, fue muy claro para graficar la situación en que ha quedado Alberto Fernández. Aseguró que “Cristina Kirchner ya no es más vicepresidente, ahora es presidente. Estamos en un régimen vicepresidencialista”, y añadió: “En Santa Cruz, el matrimonio imperial convirtió a la provincia en una mini Venezuela”. Por otra parte, manifestó que “todos los días, una mente perversa inventa algo para apartar a un juez”.

Una semana de dilaciones para confirmar al diputado Soria al frente del Ministerio del Justicia, bastó para entender que se trató de otra victoria de CFK para ocupar casilleros en el gobierno y vaciar de poder al Presidente.

En medio de las complicaciones que ya tiene el país con su delicada situación económica y un plan de vacunación que se está quedando rengo, la imagen del primer mandatario no ha dejado de caer en las últimas semanas, de acuerdo con distintos sondeos de opinión pública. Pero más preocupante todavía es la percepción sobre la pérdida de su autoridad.
A pesar de que el jefe de Estado quiso disimular su indefensión cada vez  más notoria ante el avance del kirchnerismo, la candidatura de Soria para el sillón de Losardo, era cosa juzgada. Siempre asomó como el favorito del Instituto Patria y su ascenso terminó de confirmar la victoria de la vicepresidenta. Si el primer mandatario tardó en confirmarlo en el cargo fue porque hasta último momento, buscó otras alternativas que no llegaron a buen puerto o que chocaron con la negativa de la ex presidenta.

Para el senador nacional Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, Martín Soria, ex intendente de Roca, "es un violento, un improvisado y una persona sumamente agresiva. Con un cargo así, es capaz de provocar hechos gravísimos en la institucionalidad del país".

El legislador  agregó que: "Nada bueno puede surgir para la Justicia con Soria ministro: no tiene condiciones para desempeñar el cargo. Viviremos una de las etapas más oscuras de la relación interpoderes. Debemos estar atentos a la persecución a dirigentes opositores, periodistas y quienes pensamos distinto", finalizó.

En la misma dirección se expresó la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Dijo que Soria "tiene cierta dificultades para un diálogo razonable o un diálogo pacífico.Los niveles de violencia que ha manifestado en su trato con todos los demás nos genera preocupación", agregó Carreras. En su provincia y por su perfil violento, algunos llaman a Soria "el talibán", una suerte de fundamentalista.

El rionegrino, hizo todo lo posible para posicionarse bajo el ala K. Desde que perdió las elecciones para gobernador en Río Negro ante Arabela Carreras, Soria llegó a la Cámara de Diputados como premio consuelo, pero se recompuso rápido alineándose con los duros del kirchnerismo. Su estilo provocador y las frases marketineras en Twitter, como “Lawfare al palo” o “Comodoro PRO” (por Comodoro Py) lo colocaron bajo el ala de Máximo Kirchner y de la propia Vicepresidenta. Cuando empezó el derrumbe de Losardo, Soria fue desde el comienzo el candidato para ir a la guerra contra ese fantasma histórico del kirchnerismo: la corporación judicial.

Si bien habló de “terminar con el ‘lawfare’”, negó que su rol sea buscar impunidad en las causas que involucran a Cristina Kirchner, como apunta la oposición de Juntos por el Cambio. Pero en las últimas horas mostró la hilacha cuando agregó: “La vicepresidenta quiere que la misma Justicia la libere de culpa y cargo”.

Si uno va a su cuenta de Twitter se va a encontrar con que el 16 de diciembre de 2020 hay mensajes furibundos en contra de Ricardo Lorenzetti, presentado como el ideólogo de lo que Cristina Kirchner llama lawfare. Es decir, la manipulación de la Justicia para su persecución política.calificar a los jueces afines a Mauricio Macri.

Al observar la fragilidad de Losardo, Soria en los últimos tiempos se acercó al cristinismo con la idea de ser ministro. Muchos lo ven como un denunciador serial que ha embestido contra jueces y contra el gobierno de Mauricio Macri. Con estos datos,  quedó ratificada la completa tercerización del Ministerio de Justicia en manos de la vicepresidenta, que ya tenía un pie fuerte con el viceministro Martín Mena, quien fue el cancerbero de Losardo, esmerilando su poder.

El movimiento de piezas genera un nuevo riesgo: que se multipliquen próximamente los ministros “agobiados”, y no por cierto acoso mediático –como pretendió persuadirnos Alberto Fernández respecto de Marcela Losardo–, sino por las presiones de Cristina Kirchner, que comenzaron a cocinarse meses atrás, con su recordada carta del 26 de octubre último en la que cuestionó a los “funcionarios que no funcionan”, a la que le agregó condimentos más picantes durante el acto en La Plata en el que invitó a los ministros que tengan miedo a “buscarse otro trabajo”. A tal punto que no pocos observadores políticos ya se preguntan quién será el próximo o la próxima Losardo. Felipe Sola es el que más boletos tiene para ser eyectado. A criterio de los observadores, la posibilidad de que la incertidumbre y el mal clima estén perturbando a otros integrantes del gabinete, plantea el el riesgo de que la propia gestión sufra los efectos de una parálisis. Se le terminaría así dándole la razón a la propia Cristina Kirchner sobre los funcionarios que no funcionan y no están aptos para timonear la emergencia.

Se refuerza la sensación, no solo hacia afuera sino también hacia el interior de la administración albertista, de que el problema, en las últimas semanas, no pasa tanto por las imposiciones de la vicepresidenta como por la pasividad del propio Alberto Fernández.

Su entrevista del lunes 8 de marzo con Gustavo Sylvestre en C5N pareció desnudarlo. Sus dudas y sus vanos intentos por confundir a la opinión pública fueron manifiestos. No solo buscó desviar la atención sobre las verdaderas razones del “agobio” de su socia y ministra Marcela Losardo, sino que además cometió el pecado de hablar de sus posibles reemplazantes, como si fuese un comentarista más de la realidad política o un típico panelista que piensa en voz alta, antes que el presidente de la Nación.

Frente a esa triste percepción, algunas en su entorno trataron de hacerle entender al Presidente que debía dar señales claras y contundentes de que no es un títere de Cristina. Lo que hiciera con el Ministerio de Justicia después de anunciarse la salida de futura embajadora en la Unesco iba a resultar decisivo en ese proceso. Pero ya para entonces no tenía vuelta atrás. A  menos que pateara el tablero y descristinizara esa cartera. Eso podría haber generado una ruptura con su principal socia en la coalición. Alberto podría haber nombrado a una figura con un perfil más parecido al de la ministra saliente, pero muy pocos iban a estar dispuestos a aceptar ese desafío, si quedaba confirmada la segunda línea de funcionarios cercanos a la vicepresidenta, como Mena.

La pregunta entonces resulta más que obvia: ¿Qué dirigente más o menos equilibrado y ajustado a derecho hubiera estado dispuesto a ser ministro de una cartera donde sus principales colaboradores inmediatos ya estaban designados sin su intervención y con una agenda de reformas judiciales ya digitada desde la presidencia del Senado?
Cristina necesitaba un talibán, un hombre consustanciado con las reformas radicalizadas inspiradas desde el Instituto Patria para cambiar la estructura orgánica del Poder Judicial y someterlo al látigo del poder político. Necesitaba un jugador dispuesto a transpirar su camiseta con la batería de proyectos que imagina para terminar de poner entre la espada y la pared a los magistrados y fiscales que tienen la responsabilidad de investigarla. Pero el plan es mucho más ambicioso. Si la avanzada prospera, la idea es avanzar hacia el aumento del número de miembros de la Corte Suprema, además de poner un pie sobre tribunales estratégicos como la Cámara de Casación Penal, incrementar el número de salas de las cámaras de apelación para llenarlas de jueces militantes y amenazar con el juicio político a los integrantes del máximo tribunal.
Soria junto a otros diputados del Frente de Todos, como Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés presentó en 2020 la denuncia sobre la mesa judicial que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi. En esa denuncia incluyeron los testimonios de jueces y juezas de distintos fueros que varios años después de sucedidos los hechos denunciaron por los medios presiones de dirigentes del macrismo.
“La mesa judicial existió. No lo digo yo, lo dijo Lilita Carrió en dos oportunidades: Vamos a pedir que declare como testigo”, aseguró en alguna ocasión el designado ministro de Justicia e impulsor de la causa judicial.

Soria está enfocado en algunos jueces y fiscales que habitan el edificio de Comodoro Py en el que el diputado oficialista trabajó allá lejos y hace tiempo. Integró la secretaría del juzgado federal 9 cuando estaba a cargo de Juan José Galeano. El joven Soria, que se fue de tribunales cuando se recibió de abogado, integró el área del juzgado que investigó la parte internacional del atentado a la AMIA.

Soria denunció al actual presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos. Lo hizo penalmente y ante el Consejo de la Magistratura para que se lo enjuicie. Lo acusó por haber ingresado a la Casa Rosada durante el gobierno anterior con el supuesto objetivo de coordinar acciones contra ex funcionarios del kirchnerismo. La prueba aportada a la causa de “la mesa judicial” son los registros oficiales y públicos de esos ingresos.

También junto a los diputados Tailhade, Valdés, Hernán Pérez Araujo, Ayelén Spósito y Susana Graciela Landriscini, Soria denunció al presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun. La denuncia se presentó ante el Consejo de la Magistratura en 2020 cuando Irurzun en un fallo acotó la ventana temporal de un peritaje del teléfono de Macri ordenado por la jueza María Servini en la causa en la que se investiga otras supuestas “presiones judiciales” por parte del macrismo.

No hay dudas que Cristina le ganó la pulseada al sector moderado del gobierno, ante la pasividad del jefe de Estado. El mismo Alberto Fernández que tiempo antes de ser ungido candidato presidencial,  se pasaba vaticinando que cualquiera que llegara a la Casa Rosada con votos prestados de Cristina iba a estar llamado a convertirse en un títere, hoy prueba de su propia medicina.  Hoy es víctima de su propia profecía. A la luz de todos, Cristina, como vicepresidenta, maneja los hilos desde el Senado de la Nación.

No obstante, la guerra declarada con la Justicia con la designación de Soria tiene, sin embargo, un componente que se va fortaleciendo. Son varios los jueces, y también fiscales, que ante la ofensiva prefieren unir fuerzas con colegas que hasta hace poco eran poco menos que adversarios. En este escenario, se achicaron por ejemplo las distancias entre el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y su antecesor, Ricardo Lorenzetti. El mismo fenómeno sucede en todas las instancias judiciales. Crece la solidaridad porque el ataque del kirchnerismo no distingue entre los fanáticos de la grieta y los moderados. Los propios son los únicos beneficiados. El resto, son enemigos. La moneda está en el aire.
 

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP.  

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