Mete miedo la nueva escalada de toma de tierras en La Plata

Hay un dato que mete miedo: en los 260 asentamientos distribuidos en el Gran La Plata habitan 200.000 personas, de las cuales 18.000 son niñas o niños de hasta 5 años integrados en las 50.000 familias establecidas en los barrios carenciados con grandes carencias. De ese total, la mitad no tiene acceso formal a la red eléctrica. El 40% de los asentamientos no tienen sus calles principales asfaltadas y el 90% no tiene acceso a cloacas.

La cuenta de las últimas usurpaciones hasta el momento es la siguiente: La Matanza, dieciséis, pero al menos otras diez no se llegaron a judicializar. En Quilmes, Brandsen, Avellaneda, Lanús y Florencio Varela, también se desbarataron al menos cinco en cada uno de los distritos.

Desde el año pasado, el ministerio de Larroque intervino en 45 tomas. Entre otras en Los Hornos; Guernica, en Presidente Perón; La Bibiana, en Moreno; El Garrote, en Tigre. También en los barrios Stone en Escobar; Palermo en Tandil y Lourdes, en Olavarría.

En lo que tiene que ver con las 160 hectáreas en el ex Club de Planeadores de Los Hornos, allí viven más de mil familias, sobre las cuales la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad conduce el “Proyecto Integral de Urbanización”.

La propuesta prevé la generación de 68 hectáreas de lotes con servicios, 32 hectáreas de parque, 23 hectáreas de actividad agroecológica, 15 hectáreas de recreación de organizaciones sindicales, 12 hectáreas de viviendas de densidad media y 10 hectáreas de calles.

Desde la municipalidad de La Plata, refieren que las obras están demoradas, pero las alarmas se siguen encendiendo, porque  la toma de tierras en los alrededores no cede, lo cual despierta quejas de los vecinos linderos, quienes realizan denuncias porque los habitantes de las precarias viviendas se colgaron de la luz y están generando cortes y apagones prolongados a quienes pagan por el servicio.

El Observatorio Socio Económico de la Universidad Católica de La Plata, preocupado por la proliferación de barrios humildes en el distrito, realizó un relevamiento sobre los asentamientos y tomas ubicadas en la capital bonaerense. La cuenta arrojó que los barrios precarios son 260. Veinte de ellos se establecieron el año pasado. Entre ellos la mega toma de Los Hornos. El 81% están ubicados en La Plata, el 11% en Berisso y el 8% en Ensenada.

Para el abogado local Martín Leonardo Berasategui Ilundayn, especialista en estos litigios,  las usurpaciones en el Gran La Plata, "es un tema manipulado por verdaderas mafias donde hay punteros y organizadores que esperan el momento propicio para sacar tajada con estas actividades, a la luz de un drama social que padecen miles de argentinos sin techo". Para el letrado, "llamativamente, la multiplicación de estos episodios suelen florecer como hongos venenosos en vísperas de elecciones, cuando aparecen los vendedores de ilusiones".

Mientras tanto, un alto dirigente del Polo Obrero advirtió:“Las tomas volvieron con todo. Y vamos por más. Hay muchas, en toda la Provincia. El gobierno no soluciona el tema Guernica por eso los vecinos, las familias van a cortar esta semana, el Puente Pueyrredón y nosotros vamos a acompañar”.

Frente a este cuadro de situación, la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires también sumó su intranquilidad  mediante un duro comunicado firmado por su vicepresidente Marcelo Babenco. Allí se señaló que “en los últimos 150 días sentimos una escalada de tomas importantísima y preocupante en todo el país, principalmente en el Conurbano bonaerense y La Plata. Inclusive en algunas tierras donde se están preparando por sus legítimos dueños para un loteo privado y otras de propiedad estatal, donde, sin mediar aviso alguno y de madrugada, llegan camiones con familias conformadas de distinta manera a las cuales se les suman los aprovechadores de siempre. Demarcan una zona, ponen unas chapas y maderas para marcar territorio y decir esta parcela es mía". El extenso escrito es uno de los tantos testimonios del recrudecimiento de las usurpaciones bonaerenses.

El abogado Berasategui Ilundayn, sostuvo que "el problema habitacional es real y existe pero no podemos descuidar los derechos de los ciudadanos propietarios con la excusa de que el derecho a la vivienda se ve afectado. Aquí encontramos dos problemáticas distintas dependiendo que el terreno o área tomada sea propiedad de un particular o que los mismos sean terrenos cuyo dominio pertenece a unos de los tres estados ya sea Nacional, Provincial o Municipal. Para el caso de que ele terrenos sea de un particular, la víctima de la usurpación se ve absolutamente indefensa, pues en éstos casos la justicia debería actuar de manera inmediata, cuestión que sucede sólo excepcionalmente, pues los primeros momentos en una toma de tierras son claves, esto comienza generalmente con la colocación o recambio de alambrados, amojonamiento para posterior fraccionamiento de las parcelas para adjudicación o venta de las mismas y se podrá observar  el levantamiento de las primeras “viviendas” o casillas más que precarias".

El letrado sostiene que "este es el momento en que debe actuar la justicia rápidamente, recabando información respecto a la titularidad y uso del terreno de forma urgente, analizar el estado de situación y de ocupación. Para esto las fuerzas policiales tienen la facultad de hacer cesar con la comisión de un hecho delictivo que se encuentra en proceso, ( actividad que en estas circunstancias jamás ocurre, puede ser por miedo a las consecuencias políticas o por ignorancia). Pero si bien las fuerzas están facultadas para actuar, el juez de turno tiene una gran herramienta, el art. 231 bis del Código procesal de la Provincia de Buenos Aires que faculta al juez a que, de manera rápida, como medida cautelar, ordenar el desalojo de los intrusos y restituir el bien a sus  tenedores originarios. Aquí una vez más nos encontramos con los temores y muchas veces reticencia de los magistrados a aplicar dicha normativa por las consecuencia que pueda acarrear, recordemos que el tiempo en estas cuestiones es crucial, si pasan varios días ya tendremos casillas menos precarias, familias con niños instalados y los riesgos a que se complique el desalojo aumentan a cada hora".  

Finalmente, respecto a los terrenos denominados Fiscales, Berasategui añadió: "el estado en sus tres manifestaciones debe reconocer que está en falta para con el ciudadano que no posee la facultad de acceder a una vivienda, es por ello que existen planes de entrega de materiales y la asistencia de una batería de organismos estatales a fin de analizar la real situación, pero está demás decir que, como también existen organizaciones delictuales que se dedican a las tomas, los organismos públicos no dan evidente respuesta a las demandas".

Otro dato a tener en cuenta es que el Centro Industrial y Comercial de Avellaneda también expresó su repudio ante la proliferación de usurpaciones en ese distrito y en sus alrededores con una carta a la comunidad en la que expresa: “Ante los hechos que son de público conocimiento, relacionado a la toma de tierras realizadas ilegalmente, con mucha preocupación manifestamos: reconocemos la existencia de una problemática habitacional endémica que debe ser atendida mediante políticas concretas de acceso al suelo y a la vivienda por parte de los gobiernos nacional, provincial y municipal. Rechazamos de manera contundente la metodología de usurpación de terrenos, como herramienta para la obtención de tierras. La necesidad no justifica estar al margen de la ley. Repudiamos totalmente las agresiones sufridas por las fuerzas de seguridad, quienes exponen su integridad física en pos de garantizar el cumplimiento de la ley”.

El escrito fue publicado una semana después de al menos tres tomas simultáneas en el distrito y el día posterior a que el Concejo Deliberante de Avellaneda, territorio político del ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, aprobara, sin previo debate, una ordenanza que levantó olas y establece que los dueños de terrenos vacíos o con edificaciones frenadas tienen un plazo máximo de ocho años para construir o terminarlas. Si no lo hacen, el municipio puede declarar la utilidad pública y expropiar.

En este contexto, funcionarios bonaerenses admiten que algunas tomas están motorizadas por organizaciones sociales o partidos de izquierda que buscan rédito, anclados en una demanda por la falta de viviendas, o la pérdida de techo al no poder seguir abonando un alquiler ante la falta de trabajo. No obstante, desmintieron que haya “una espiralización de tomas”.

Eduardo Belliboni, uno de los referentes del Polo Obrero, disparó que la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires se va a agudizar: “Crece la ocupación de predios ante la desesperación de familias sin techo y la absoluta inacción del gobierno de Kicillof que tiene como única política el desalojo”.

Belliboni reconoció  que hay varias tomas recientes apoyadas por su organización y que operan entre otros distritos, en La Matanza. Están ubicadas en el complejo de viviendas del km 32 en la localidad Los Ceibos; tres en Rafael Castillo, otras dos en los barrios 17 de Septiembre y 11 de Marzo, en González Catán.

También se registraron disturbios días atrás en el barrio Villa Centenario de Lomas de Zamora, donde unas 50 personas intentaron usurpar el predio ubicado en la calle Millán 63. Los efectivos policiales fueron agredidos a ladrillazos y durante el tumulto, los usurpadores rompieron la luneta de un móvil municipal. Hubo varios heridos y cinco detenidos y el lugar fue reintegrado a su dueño Juan Leguizamón por orden de la UFI N°5 de Lomas de Zamora.. En Lanús la intendencia, a través de la Secretaría de Seguridad desalojaron la toma en un predio del barrio Acuba, lugar donde, en abril pasado se habían instalado 80 familias.

En Hudson, la Policía bonaerense evitó que unas 200 familias provenientes de Quilmes, Avellaneda, Florencio Varela, Glew, Guernica y Longchamps. Llegaron de manera simultánea y organizadas, para usurpar las viviendas sociales abandonadas, ubicadas en el cruce de las calles 53 y 131 de Berazategui.

Tras algunos enfrentamientos menores con grupos minoritarios que se negaban a volver a los camiones y vehículos en los que llegaron unas 20 personas quedaron demoradas y se les inició una causa penal.

Según datos recogidos por el gobierno bonaerense, en los últimos meses se registraron nuevas tomas o intento de usurpaciones, además de La Plata,  en Avellaneda, Quilmes, Lanús, Merlo, Moreno, La Matanza, José C. Paz, Presidente Perón, Mar del Plata, Olavarría, Tandil, Escobar, Tigre, General Rodríguez, Berazategui, Ezeiza, San Isidro, Morón, Hurlingham, San Martín, Pilar, Berisso, Luján, Tres de Febrero, Vicente López, Lomas de Zamora, Zarate, Ituzaingó y en el Partido de la Costa.

Los funcionarios bonaerenses reconocen que "el mapa de las nuevas tomas es dinámico y cambia semana a semana. "Estamos con la guardia en alto". En la provincia de Buenos Aires, las usurpaciones están a la orden del día. El gobernador Axel Kicillof sabe que en un año político como este la falta de techo para más de un millón y medio de personas, puede llegar a convertirse en un verdadero polvorín.
 
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP.