miércoles 29 de junio de 2022 - Edición Nº2288
Impulsobaires » Politica » 10 nov 2021

Análisis

Pena de muerte: el reclamo inviable que desnuda a un Estado ineficiente

La discusión sobre la aplicación o no de la pena de muerte en Argentina no tiene demasiado sentido toda vez que los pactos suscriptos por el país a nivel internacional, incluso de rango constitucional, no la permiten, y además en nuestros tiempos sería un retroceso fenomenal. Pero las fallas sistemáticas de las distintas conducciones del Estado hacen que este pedido extremo de supuesta solución reaparezca en cada hecho dramático.


Por: Fabricio Moschettoni, editor de ImpulsoBaires Twitter @FMoschettoni

Cada vez que en un hecho extremo de inseguridad conmueve a la opinión pública, como fue el asesinato de un kiosquero en La Matanza, resurge el pedido social de pena de muerte. Si se hace una encuesta luego de un hecho de estas características puede ser que los números la avalen, pero hablar de esta medida es demostrar que el Estado fracasó en todo, y que además de ser ilegal es una reacción salvaje a un hecho salvaje.

La pena de muerte en Argentina está prohibida para delitos comunes por la ley 23.077 de 1984, sancionada durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín, en 2008 quedó prohibida para todos los delitos, incluso se derogó el Código de Justicia Militar que la contemplaba desde 1951. Además hay una ratificación del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte de la Organización de Estados Americanos (OEA) en septiembre de 2008. Todo el gran marco constitucional, además, surgió en la reforma de 1994 con la inclusión de tratados internacionales.

La pena de muerte aún está vigente en varias naciones. El año pasado, según un informe de Amnistía Internacional, la mayoría de las ejecuciones se produjeron en China, Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí. En los registros oficiales que dio a conocer esa organización, se sucedieron 483 ejecuciones sin contar China, en donde no se sabe por falta de información. Ese número corresponde a 18 países y habría un descenso de 26% con respecto al 2019.

Asimismo, también hubo un descenso interanual de condenas a muerte, ya que en 2020 se registraron 1.477 en 54 países y el año anterior un 36% más.

Muchos países que la sostienen creen que con la pena de muerte se actúa de manera disuasiva para que no se cometan delitos como el que motivó la ejecución de un ser humano, pero no hay pruebas fehacientes que avalen esa postura. Con la aplicación de la medida se pueden cometer errores severos como por ejemplo ejecutar a una persona que no es culpable o incluso en manos de estados con elevados índices de corrupción o endebles sistemas jurídicos se podrían cometer atropellos significativos y actos de persecución social o política. 

El tema práctico para que esta discusión esté saldada definitivamente es la aplicación en el país de las leyes existentes en primer lugar, una mejor actuación de la justicia, y un sistema público de penitenciarías que no sean centros de perfeccionamiento de delincuentes, sino que los recupere para que luego no vuelvan a agredir a la sociedad.

Organismos como el Patronato de Liberado, por ejemplo, deben tener un rol mucho mayor, conseguir mejores dotaciones presupuestarias y lograr que cada liberado luego de purgar una condena se readapte a la sociedad y no vea nuevamente la posibilidad de seguir en el camino de la delincuencia.

Muchas veces es lógico que al entorno de las víctimas le surja la necesidad de un pedido de pena de muerte, pero cuando eso pasa es porque el sistema en general viene fallando, y lo que hay que corregir es justamente todo lo mal que se hace dentro del mismísimo sistema para que los resultados en materia de seguridad sean mucho mejores a los actuales.

La violencia en los actos delictivos que crece día a día tiene múltiples causas. El título en el diario, la rapidez de respuesta y los pedidos extremos no conducen a una solución de una problemática compleja.

La falta de lucha decidida contra el crimen organizado, la guerra a la droga aún pendiente a nivel mundial y regional son factores para atender de manera considerada. A las grandes organizaciones delictivas les conviene distraer esfuerzos del estado mientas se cometan hechos menores con consecuencias dramáticas, y de esa manera pueden seguir operando con total impunidad. A su vez, el mismísimo origen del delito tiene una multiplicidad de causas que hay que atacar desde la atención del cuerpo social.

Como se ve, el debate exige mucho más que decir pena de muerte si, o pena de muerte no.
 

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