sábado 03 de diciembre de 2022 - Edición Nº2445
Impulsobaires » Politica » 11 nov 2021

Análisis

(In) seguridad: más inteligencia que fuerza bruta

¿Por qué no se encuentra la vuelta para una mejoría en los niveles de satisfacción de seguridad pública?, ¿pasa por más policías?, ¿hay método?. La política y las respuestas para el ahora de un problema que va en crecimiento. Algunos puntos importantes para el debate.


Por: Fabricio Moschettoni, editor de ImpulsoBaires Twitter @FMoschettoni

El nombre del kiosquero Roberto Sabo (48) era conocido solo para su barrio de Ramos Mejía, en La Matanza, antes del domingo pasado. Ahora todo el país se sintió parte de él. Su asesinato salvaje abre el debate nuevamente sobre lo que hay que hacer en seguridad, pero sobre todo reclama a los gritos soluciones urgentes.

El nombre de René Mendoza Parra (78) era muy repetido entre la barriada de Villa Dorrego, también en La Matanza, por el trabajo social que realizaba. Ahora empieza a ser mencionado por todo el país luego del asesinato salvaje en su propio domicilio, ocho horas después de que organizara una reunión barrial para pedir más seguridad. El sello del narcotráfico dejó la marca según se sospecha, se investiga y se empezó a repetir incansablemente.

La Matanza, -que no avanza como dice el slogan de sus gobernantes locales sino que retrocede todo el tiempo-, atraviesa sus peores momentos en materia de inseguridad y eso se representa por un crecimiento interanual de 20% de denuncias, con respecto al 2020, que formularon los vecinos al dispositivo Seguridad Provincia.

Según informes oficiales en La Matanza durante el 2020, con el Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio hubo 154 personas asesinadas, el año anterior cuando no había restricciones hubo 141 y este año ya se computan 103.

Así podemos estar todo el día hablando de estadísticas. Números que para algunos funcionarios, como el ministro de Seguridad Sergio Berni, son diferentes, como por ejemplo al asegurar que en La Matanza en 2019 los homicidios fueron 112 y este año 96: “se está mejor, pero en terapia intensiva”, reconoce. (La Nación, 9/11/2021).

La Matanza hace décadas que es un lugar en donde el resultante de la pulseada entre crimen organizado y seguridad ciudadana es ampliamente beneficioso para la primera. Hace unos días, en ImpulsoBaires.com.ar el analista y periodista Jorge Joury decía: “en la década del 90 un intendente local (de La Matanza) me confirmó con preocupación que ya no contaba con punteros peronistas en las villas. Me recalcó que estaban tomadas por los narcos que cubrían con una cuota monetaria las necesidades de la gente a cambio de silencio y colaboración en el sistema de comercialización”.

Un par de sábados atrás en nuestro ciclo radial “Decisión 96”, por Radio 96.7 de La Plata, el presidente de la Asociación Antidroga de Argentina, Claudio Izaguirre, relacionó al accionar del narcotráfico con una guerra a la droga que aún está pendiente en todo el mundo y de forma simultánea, y no fue para nada alentador con el presente en el cual estamos inmersos.

La consultora Reyes Filadoro había hecho un trabajo de opinión pública en junio de este año sobre 700 casos en el conurbano provincial, en donde entre otras cosas llegaba a la conclusión de que el 62% se siente inseguro en sus barrios, especialmente por no contar con la suficiente presencia policial o bien porque fueron víctimas de algún hecho delictivo, el 90% desaprobó el papel de la justicia para sancionar o castigar el delito, y que la Gendarmería Nacional es la fuerza de más confianza para la lucha contra el delito, con un 42% de las opiniones, seguido por la Policía Federal, con 15%, la Policía de la Provincia, con el 8%, la Policía Local con el 4%, la Prefectura Naval con el 3%, y un 29% no cree en ninguna.

Además, pensando en el corto plazo según indicaba la consulta, el universo evaluado en la muestra consideró que el 38% priorizó en la necesidad de una reforma judicial y que los delincuentes cumplan la totalidad de sus penas, el 25% sostuvo que hay que generar más trabajo y oportunidades, el 16% sostuvo la necesidad de aumentar la presencia policial en barrios, el 10% cree que hay que capacitar mejor a los policías, el 8% pide más cámaras de vigilancia, y el 3% se inclinó por otras medidas.

Hace pocos días, en A24, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el problema de la actual gestión, tanto nacional como provincial, es haber desarmado los avances que se tuvieron durante su gestión acompañando al ex presidente Mauricio Macri, tanto como la de su ex par bonaerense, Cristian Ritondo, y la del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires.

En el medio, el intendente de La Plata, Julio Garro, hizo un enérgico reclamo para que se municipalice el manejo de la seguridad de manera integral: “es momento de discutir seriamente y darle a los intendentes la responsabilidad completa de administrar la policía ¿Quién mejor que un intendente que sepa donde se vende droga, como se mueve el delito por el municipio, quienes son los delincuentes y donde viven? A mí no me preguntan nunca”, dijo el martes en A24 en diálogo con Romina Manguel, y sostuvo que a su entender ya no pasa tanto por más o menos policías, o más o menos móviles sino por la planificación que hoy falta.

Y en el mismo canal y con la misma periodista, pero anoche, Sergio Berni coincidió en parte con Garro en cuanto a que no todo pasa por más o menos móviles o más o menos policías, aunque sí consideró que su gestión planifica, y en función de eso es como opera.

Berni tomó estadísticas internacionales en donde asegura que los delitos suben en función de la caída del Producto Bruto Interno de un país, y el año pasado Argentina tuvo un desbarrancamiento del 11% del PBI (el PBI es la oferta de bienes y servicios en un año, y está conformado por la suma del consumo, más la inversión, más la diferencia entre exportación e importación). Ahí una buena corriente sociológica puede estar satisfecha porque hay quienes dicen que el desmejoramiento de las condiciones de vida de la población son un disparador directo para el aumento de la criminalidad, aunque hay otros que refieren lo contrario y sostienen que la pobreza no eyecta más delincuencia específicamente porque son más los honestos y los que se ganan la vida día a día que aquellos dedicados al delito. Es un profundo debate de corrientes internacionales y que además hasta es transversal a las ideologías, y en muchas ocasiones se fomentan disparadores simplistas por parte de funcionarios: “…vamos a actuar hasta las últimas consecuencias…”, “…si fuera posible la pena de muerte estoy de acuerdo…”, “…a los terroristas los vamos a aniquilar…”, algunas de las referidas a modo de ejemplo.

Pero es cierto que a más vulnerabilidad social se disparan los indicadores de violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y sustancias ilícitas, utilización de armas de fuego para delinquir, muertes, robos a las propiedades, entre otras cuestiones.

La inseguridad, además, también castiga a los más humildes, y el que tiene que tomar un colectivo de madrugada para ir a ganarse el día puede dar cuenta de eso porque son las primeras víctimas del delito.
La Plata había puesto en marcha en el año 2018 un plan piloto que denominó “Plan de Policiamiento”, y que se utilizaba con un método predictivo, o sea un batallón de datos estadísticos de modelización que permiten planificar y llegar antes de que el delito ocurra porque se conoce de antemano como la delincuencia opera en cada cuadrícula seleccionada. El resultado fue exitoso: consiguieron la reducción del accionar delictivo de un 40% en pocos meses en los cuadrantes seleccionados para la prueba. Ese modelo se aplicó en ciudades como Bogotá, Montevideo, en algunas ciudades de Chile, y constituía un programa monitoreado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la University College London. 

Lamentablemente, ya en 2021, programas como Policiamiento o similares quedaron en el pasado porque la falta de diálogo entre estado provincial y algunos municipios, como por caso La Plata, fue interrumpido arbitrariamente por Berni hace un año, aunque en los últimos tiempos tibiamente fue retomado.

La ausencia de políticas de Estado es la base del fracaso de la lucha contra el crimen organizado.

Es cierto el argumento de Berni sobre que a mayor deterioro del PBI se disparan más los índices de inseguridad, y es sensato el pedido de Garro sobre mayor autonomía de los municipios para manejar la seguridad porque hay una proximidad del intendente con el territorio que no la iguala ningún otro funcionario.

Pero hoy el mundo cambió. Cuando se planifica política de seguridad se debe atender lo predictivo, lo analítico, lo científico, en lugar de la fuerza bruta. La inteligencia es la que manda, y ahí es en donde se debe empezara a habilitar recursos legales para la utilización de sistemas inteligentes y anticiparse al delito. Hoy muchos de esos recursos están prohibidos por las leyes arcaicas en el manejo de la inteligencia que tiene nuestro país.

El delito en determinadas barriadas populares crece porque es el gran juego del narcotráfico. El negocio opera así: los carteles alientan a la marginalidad a que comentan cientos y miles de delitos pequeños en apariencia como un robo, o hasta múltiples contravenciones como vandalización, y muchos terminan en una tragedia porque se utilizan armas, y mientras tanto el Estado está sumamente ocupado en ello. En ese medio, el crimen organizado tiene vía libre para operar como quiere y en dónde quiera.

Cuando a fines de los Noventa empezábamos a debatir seguridad pública, algunos introducíamos en el debate sistemas que hoy siguen vigentes, como los exitosos caminantes de Edmonton, Canadá, de la década del Ochenta, o casetas de seguridad, más iluminación y en algunas ocasiones de avanzada alguna que otra cámara de vigilancia. Para nosotros eso era innovar. Hoy la innovación pasa por la inteligencia artificial para prevenir, pero para llegar a eso necesitamos no solo tecnología y capacitación, sino modificar leyes en donde posiblemente sea necesario un nuevo contrato social en el que individualmente cada ciudadano debamos relegar alguna libertad para luego beneficiarnos con un estado de mayor libertad verdadera para el conjunto de la sociedad de la que somos parte.

En todo este medio el rol de la justicia y del sistema penitenciario también tiene su parte. La política no tiene como prioridad construir cárceles, pero son necesarias, no prioriza eliminar a las comisarías como receptáculos de detenciones fuera de la ley, y no le da el presupuesto suficiente al Patronato de Liberados para cumplir con su función de acompañar para reeducar. 

La justicia a veces es una puerta giratoria. En las cárceles terminan depositando a los más vulnerables y salen de ellas con más atributos para seguir en el camino de la criminalidad porque las oportunidades son más que las posibilidades de rearmar una vida, y el Patronato de Liberados no funciona porque no tiene el apoyo estatal suficiente en materia presupuestaria ni de decisión política.

La imagen más brutal del Patronato de Liberados la dejó un video en donde se observa a un móvil de esa dependencia en La Plata bajando material propagandístico de la candidata a diputada por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, y bolsas de alimentos en una dependencia oficial en lugar de ocuparse de los temas de su función. Aunque parezca una picardía, o una cama, o como le llamen, es la demostración más firme de la prioridad de algunos sectores políticos: la utilización del Estado para permanecer como casta, y no para dar las respuestas del momento. Podrán sancionar a un chofer, o un empleado o a quien sea, pero todo eso es parte de un sistema de pensamiento de la política al mejor estilo “priista”.

El Estado no está utilizando los recursos asignados para el funcionamiento de la seguridad provincial en esa materia. Por eso, un pedido de informes del diputado platense de Juntos, Daniel Lipovetzky, apunta a lo medular: ¿qué hizo el gobernador Axel Kicillof con los millonarios fondos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad bonaerense?. 

Por eso, para tener más y mejor seguridad, la cuestión pasa por la planificación, la modificación de leyes para poder utilizar inteligencia plena en la lucha contra el delito, en entender que es lo principal y qué es lo accesorio en cuanto a criminalidad, y en animarse a innovar todo el tiempo.
 

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