El Gobierno chileno apunta a la oposición por "tergiversar" la acusación contra Piñera

“Se ha tergiversado la acusación constitucional, la manera de usarla como si fuera la primera herramienta para tratar de incomodar a alguien y esa desnaturalización es la que hace que al final caiga en el ridículo", dijo el vocero de Gobierno a Radio Infinita.

La acusación constitucional que fue rechazada ayer en el Congreso, es la décima que promueve la oposición a la segunda administración de Piñera, por lo que Bellolio afirmó que espera que el próximo Gobierno, “sea quien sea, no tenga la oposición que nos tocó a nosotros”.

La iniciativa del juicio político tuvo 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención, pero no consiguió la mayoría de 29 sufragios necesaria para prosperar.

Bellolio añadió que uno de los diputados acusadores dijo “que no necesitaba presentar ninguna prueba" y afirmó qué eso es "porque no tenían ninguna prueba y se basaban en puras conjeturas y falsedades”.

Horas después de la votación en el Senado, La Moneda emitió un comunicado en el que señaló que "se trató de una acusación sin ningún fundamento constitucional ni legal, basada en hechos falsos o simples conjeturas, mañosamente relatadas, que sólo respondieron a una lógica electoral".

En tanto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, dijo a Radio Universo que desde el Gobierno "no celebran", pero si valoran que “se haya rechazado esta acusación constitucional que no tenía ningún mérito”, como lo habían advertido.

El funcionario agregó que el proceso “fue muy malo para el país”, debido a “que sienta un mal precedente aunque terminó bien”.

Asimismo, Ossa también deseó que el próximo jefe de Estado “cuente con el apoyo del Senado, porque si no se va haber abierto una puerta muy peligrosa que puede venir en eso que han sufrido tantos países que es la destitución permanente y sucesiva de quienes son electos democráticamente como Presidentes”.

Según la investigación denominada Pandora Papers, a Piñera se lo acusó de vender la Minera Dominga, durante su primer mandato presidencial, entre 2010 y 2014, en una transacción en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.