La vida cotidiana: es urgente un nuevo paradigma en la gestión de servicios públicos ante cambio climático

Europa entró en alarma absoluta el año que pasó. El continente con naciones poderosas y de vanguardia vivió en carne propia lo que el subdesarrollo africano, latinoamericano y en buena parte asiático padecen a diario.

A mediados de año hubo inundaciones despiadadas en Alemania y Bélgica: la primera se ubica como la cuarta economía del mundo según el Fondo Monetario Internacional, y la segunda es la vigésimo tercera.

En calidad de vida, según la base de datos Numbeo, Alemania está octava y Bélgica vigésimo novena.

Es importante ubicarnos en estos ejemplos para observar que el cambio climático es una gestación humana, social y ya no tiene fronteras: es globalizado, pero depende en donde estemos parados es cómo la vamos a pasar.

Mientras esto ocurría en Bélgica y Alemania con el agua, Grecia tenía islas sacudidas por incendios, como Eubea, y si eso fuera poco en el verano europeo pasado en Sicilia, Italia, se registraron temperaturas de 48.8 grados según Euronews.

Las inundaciones de mitad de año en Europa costaron 43 mil millones de dólares y hubo 240 víctimas fatales.

Mientras en Henan, China, inundaciones mataron a 320 personas y desplazan a un millón.

En ese marco y ese tiempo, Sudán del Sur, en África, sufre inundaciones que generan 850.000 desplazados, y África oriental, lugar en donde empezaron a transitar los primeros sapiens, las sequías son insoportables.

El ranking de “Counting the cost 2021: A year of climate breakdown” ubicó a las sequías del Paraná entre la decena de peores eventos climáticos del mundo en ese lapso anual. Por su parte, bosques enteros se queman en todo el país.

En ese marco, con efectos climáticos cada vez mayores e insuficiencia de los estados pobres para hacer frente a las crisis, los servicios públicos juegan un rol fundamental.

El mundo está al bordo de una catástrofe climática sin igual, y los objetivos de limitar el aumento de temperatura global a un máximo de 1.5 grados como lo plantea la ONU en sus estudios de cambio climático no parece ser nada fácil.

Estamos con un planeta mucho más caliente que antes de la era industrial, y eso significa que hay una paulatina destrucción de ecosistemas, deshielo y transformaciones ambientales que alarman.

En paralelo el crecimiento poblacional del mundo no ayuda, debido a que están ocasionando una necesidad de consumo mucho mayor y para ellos se utiliza una creciente industrialización que está a contramano del cuidado ambiental porque se usan, entre otras cosas, fuentes energéticas contaminantes.

En nuestra región, en 2013 padecimos una catástrofe que duró unas horas que fueron letales, y dejó, según la justicia, 89 víctimas fatales, aunque pocos creen ese número y la mayoría considera legítimamente que el saldo fue mucho mayor.

Esa fue la primera alarma seria de catástrofes climáticas en la región, y la falta absoluta de preparación de la infraestructura regional.

En estos tiempos, toda la zona de liderazgo de La Plata alberga alrededor de un millón de habitantes. Un trabajo del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata para el año 2020, deja varios datos de interés, pero por ejemplo se puede resaltar que La Plata, Berisso y Ensenada tienen actualmente 260 asentamientos en donde viven unas 50.000 familias, y en cuanto a servicios públicos en materia de energía eléctrica 7 de cada 10 familias tienen conexiones precarias o no tienen acceso seguro; en materia de agua potable, 6 de cada 10 no tienen acceso constante, y solo el 40% tiene reservorios para utilizar en lo más elemental; y además 9 de cada 10 no tienen cloacas.

En este marco, además de constituir un posible polvorín sanitario, estamos observando el primer gran fracaso del Estado en garantizar los servicios públicos más elementales: agua, cloaca y energía eléctrica segura.

En paralelo, las empresas energéticas de todo el país, y en nuestra región EDELAP, alertan sobre la peligrosidad de las conexiones clandestinas, y además el deterioro que produce en el marco económico de las empresas, y a eso se le suman las innumerables situaciones de “enganchados” en industrias, comercios e inmuebles particulares que se van detectando.

La irregularidad es un fenómeno social en inmensidades de casos, como son los asentamientos, y una “avivada” repudiable en tantísimos casos como barrios cerrados, grandes industrias, edificios en construcción de poderosos desarrolladores y comercios de primeras marcas en zonas en donde un alquiler vale $ 170.000, que se “enganchan” de la luz, constituyendo un delito penal que tiene hasta seis años de prisión.

En la provisión del servicio de agua potable, según estudios que publicó en reiteradas ocasiones el ex concejal Gastón Crespo, del Partido GEN, en la región, tanto en Casco Urbano como en cascos de barrios, hay tendidos de cañería de hace por lo menos sesenta años, y además hay pruebas sobre mala calidad de agua que alteran la forma de vivir de la población.

Los países pobres como el nuestro tienen una sobrepoblación en grandes urbes, por caso Gran La Plata, y eso ocasiona que la prestación de servicios públicos de los referidos en la nota tenga serios déficits, y además hay una retrasada política de sinceramiento tarifario, lo que impide naturalmente inversiones para expandir las redes y mantener las existentes como se debiera, y por si eso fuera poco hay incorrectas políticas de subsidios, que solo alcanzan para solventar costos fijos y algunos variables de las empresas pero no mucho más, y mientras tanto generan un daño en la economía en donde se recalienta la política de emisión monetaria, se genera inflación y por lo tanto más y más pobres terminan en asentamientos o en la clandestinidad casi obligada, y eso significa irregularidad para el uso de servicios públicos.

Hace unos días Crespo pidió la intervención de ABSA por la insuficiencia para atender la ola de calor entre el 30 de diciembre y la actualidad, y además ahora pidió respuestas a EDELAP por cortes en suministro, pero el tema es más de fondo y se necesita una rediscusión de la prestación de los servicios públicos pensando los nuevos tiempos en donde las consecuencias del cambio climático pondrán en jaque todo el tiempo a la población y colocarán a prueba a la prestación de respuestas.

Claramente hace falta marchar hacia una forma de vida más sustentable en términos generales. No van a alcanzar con acciones de asistencia rápida ante crisis puntuales de las empresas prestadoras de un servicio público, sino que es necesario entender que estamos ante nuevos desafíos, que son muchos mayores a las inversiones que se manejan en la actualidad.

Un ejemplo que tal vez pueda servir porque es demasiado actual lo podemos referir a continuación. El 30 de diciembre hubo cortes de energía masivos en el área de concesión de EDESUR, y hubo reportes según el ENRE de alrededor de 280.000 interrupciones esa jornada, y las sucesivas eran menores, pero rondaban hasta cien mil casos diarios en alguna oportunidad. El organismo regulador impuso una multa de $ 239.288.018. Si tomamos en cuenta los estimativos diarios de cortes durante la ola de calor podemos calcular, incluso siendo muy ahorrativos en número, que unos 600.000 usuarios tuvieron problemas, por lo que si dividimos esa multa por el número imaginario estamos hablando de menos de $ 400 por usuario, y si lo dividimos por el total del área de concesión de la empresa, que es de 2.518.678 conexiones, nos quedamos en $ 95 por cliente.

Por eso, aunque las multas tengan a simple vista números enormes en la división son ínfimos, y tampoco se resuelve el problema de fondo con aplicaciones de multas sino con entender que el problema nos desbordó porque la ecuación no cierra: más pobreza, más población, menos ingresos, menos riqueza, más alternaciones del clima. ¿Cómo hacemos cerrar todo eso?.

Los problemas en servicios públicos como energía y agua potable van a seguir creciendo en los próximos tiempos al menos en nuestras regiones pobres, y evidentemente no estamos preparados para destinar las enormes sumas de dinero en inversión que el cambio climático como consecuencia de la acción del hombre nos demandará en este rubro.

En unos años, -cuatro o cinco nada más-, es probable que los fenómenos climáticos tengan más intensidad, que tengamos más inundaciones que arrojen víctimas fatales por doquier y pérdidas económicas incalculables e inabordables, más sequías, más tormentas eléctricas que no darán piedad, altísimas temperaturas que exigirá más a los sistemas energéticos, y situaciones similares.

Ante esto es necesario replantear el paradigma de la prestación de estos servicios básicos para nuestra vida cotidiana en una región de un millón de habitantes.

El Estado municipal tiene la obligación de tener una política sobre servicios públicos mucho mayor, lo mismo que la Provincia y la Nación, y además una articulación constante con las prestadoras de esos servicios.

Es ahora el momento, mañana es tarde.