lunes 27 de junio de 2022 - Edición Nº2286
Impulsobaires » Politica » 29 ene 2022

Contrapoder

Marchar contra la Corte nos compara con Venezuela

Cuando empecé a estudiar Educación Democrática en el colegio secundario, me enseñaron que los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) son independientes y hay que respetarlos porque sostienen el equilibrio de la Nación y la institucionalidad. No puede avanzar un poder sobre el otro. La marcha del próximo martes contra la Corte Suprema para “exigir” la renuncia de los jueces del tribunal, es a todas luces una intentona golpista que viene desde el núcleo más duro del kirchnerismo.


Por: Jorge Joury *

Lo más grave, es que está planificada y concertada entre funcionarios del gobierno y ciertos dirigentes sociales y sindicales, los más duros. Se trata de una movida que encubre lograr impunidad en las causas judiciales pendientes de Cristina. Y apunta a la remoción de los cuatro jueces de la Corte por un mecanismo que no solo no está previsto en la Constitución, sino que además es contrario a la misma. Además hay que decir que es condenado por la cláusula de defensa del orden constitucional que incorporó como artículo 36 la reforma de 1994 con la memoria fresca de la sucesión de interrupciones democráticas registradas desde 1930 en nuestro país.

Para que se tenga una real dimensión de lo que se está pergeñando, de acuerdo a la Constitución Nacional, los jueces de la Corte sólo pueden ser removidos de sus cargos mediante el proceso de juicio político. En este caso, la Cámara de Diputados cumple la función de acusar y el Senado la de juzgar, y en el cual tanto la acusación como una eventual resolución de remoción demandan una mayoría agravada de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara.

Si se consumara la idea loca que puso en marcha el dirigente Luis D’Elía, de “sacar a patadas a los jueces para que se vayan y no vuelvan nunca más”, estaríamos frente a un episodio que nos pondría en la ruta de un autoritarismo comparable al de Venezuela. Imaginemos que fuera al revés y los jueces de la Corte  llamaran al pueblo a concentrarse en Plaza de Mayo para pedir la destitución de Alberto Fernández. No hay manera de que no fuera interpretado como un golpe de Estado.

Pero para D'Elía, un transgresor serial, encarar estas acciones es un procedimiento normal, ya que en su pasado no existía el respeto a las instituciones. Basta recordar la toma de la comisaría 24 del barrio de La Boca, ocurrida el 26 de junio de 2004 cuando el entonces funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, a cargo de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, copó con otras personas la seccional para reclamar por el crimen del dirigente comunitario Martín “Oso” Cisneros, asesinado por un vendedor de drogas de la zona. El caso se demoró durante años.

Recién en noviembre de 2017 terminó el juicio oral y D’Elía fue condenado por el Tribunal Oral Federal 6 a cuatro años de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves a la Policía Federal, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación. Luego Casación confirmó la condena y redujo la pena a tres años y nueve meses de prisión. Cuando el TOF 6 lo condenó, D’Elía atribuyó la decisión de los jueces a una “pura venganza oligárquica del macrismo” y prometió: “Volveremos, Cristina presidente, carajo. Patria o muerte, venceremos. Libertad a todos los presos políticos”.

Habría que explicarle a D'Elía que para activar un proceso de remoción del alto tribunal, la Constitución exige la existencia de una causa concreta, que puede consistir en mal desempeño o la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones o un crimen común. El desacuerdo con los fallos de la Corte o con el perfil de sus jueces no es motivo constitucional de juicio político.

Los jueces, al igual que el presidente de la Nación, los ministros del Poder Ejecutivo y los legisladores, tienen la potestad de renunciar a sus cargos, pero está claro que para ser válida la renuncia debe ser un acto libre y voluntario, es decir todo lo contrario a una determinación tomada por presiones externas.

La marcha de los grupos más radicalizados del kirchnerismo no tiene otra excusa que el propósito deliberado de presionar a los jueces de la Corte con el fin de desgastarlos, someterlos al escarnio público, exponerlos como pretendidos enemigos del pueblo, cultores del lawfare o perpetradores de acciones políticas. Y lo que vendrá tras cartón, será el operativo para sacarlos definitivamente de sus cargos.

Para el dirigente platense, el doctor Osvaldo Dameno, quien ejerciera la función de subsecretario de Justicia, "la marcha contra la Corte es como escupir para arriba frente a las naciones más desarrolladas del planeta. Esto no es gratis, nos va a costar un precio caro a futuro y nos pone a la altura de naciones autoritarias como Nicaragua y Venezuela".

Los medios afines al Gobierno argumentaron que se trata de una movilización convocada y protagonizada por la sociedad civil, compatible con el ejercicio del derecho de expresarse y peticionar ante las autoridades. Pero este no es el caso, ya que esta marcha ha sido gestada, avalada y promovida por altísimos funcionarios del gobierno como el propio ministro de Justicia, Martín Soria, el vice, Juan Martín Mena y el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, además de entidades que por el poder que detentan –en muchos casos funciones públicas delegadas por el Estado- constituyen una suerte de fuerzas de choque paraestatales, como es el caso del sindicato de Camioneros.No obstante, la CGT aclaró que no marchará contra las instituciones. 

También se sumó a la movida del kirchnerismo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presidenta de Justicia Legítima, quien dijo que hay que "terminar con la corporación judicial". En esta línea, el presidente Alberto Fernández había asegurado que "en la Corte hay un problema de funcionamiento muy serio". "Cuando en el año 2003, la reconstruimos con Néstor (Kirchner), no buscamos jueces que fueran afines a nosotros. La Argentina sintió que aquella Corte pasaba a tener otra calidad. Desde el momento en que el gobierno de (Mauricio) Macri propuso nombrar en comisión a dos jueces de la Corte, empezó a degradarse la calidad. Y cuando uno mira el funcionamiento actual, el tema es muy preocupante", remarcó el mandatario que consideró que "existe esta percepción ciudadana de que la Corte Suprema y la Justicia no están funcionando". 

En el discurso que pronunció en Tegucigalpa, la capital de Honduras, la vicepresidenta Cristina Kirchner también embistió con dureza contra los jueces, a quienes comparó con los militares que realizaban “golpes de Estado” en América Latina en el siglo pasado. Ante un auditorio de ex presidentes, dirigentes y militantes de la izquierda latinoamericana, CFK apuntó sus cuestionamientos contra la OEA y Estados Unidos, país al que evitó nombrar de manera directa.

Lo que llama la atención es el oportunismo del embajador en España, Ricardo Alfonsín, quien dio su apoyo a la marcha del kirchnerismo. Y lo hizo buscando un recoveco democrático: “Hay derecho a manifestarse”. Hay que decirle a Alfonsín que no se está discutiendo el derecho a manifestarse. Lo que se discute es una manifestación para echar a los jueces de la Corte, encima alentada desde el Gobierno.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, también respaldó la manifestación de forma categórica. “Va a ser una gran movilización, vamos a estar los perseguidos. Se llegó a un “hartazgo”. Y en relación a ello sentenció: “El pueblo tiene que hacerse sentir”.

Frente a este escenario de alto voltaje, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires disparó las alarmas y manifestó su repudio a la marcha convocada  en la Plaza Lavalle y alertó sobre la gravedad institucional que el acto conlleva . Es más, lo calificó como “un inminente atropello a los poderes constituidos". Y disparó que: “La Constitución Nacional expresamente veda al pueblo deliberar o pretender gobernar sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por ella. Constituyendo delito de sedición quienes se reúnan atribuyéndose los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste. La conducta que pretende ponerse en ejecución mediante esta convocatoria, se encuentra en pugna con expresas normas legales y, aunque no se configure en definitiva el resultado deseado por quienes lo están pergeñando, la sola atribución de los derechos del pueblo, genera un impacto en la sociedad que repudia este tipo de maniobras”.

Si dejamos de creer en la Justicia, correremos el riesgo de que esto termine en la ley de la selva. "El que no quiera vivir sino entre justos, viva en el desierto. O en una jungla de cristal".(Séneca).

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".
 

La imagen utilizada a modo ilustrativo es de https://tn.com.ar/politica/un-nuevo-exabrupto-de-luis-delia-mauricio-macri-habria-que-fusilarlo-en-la-plaza-de-mayo_885359/

 

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