Temor al botón rojo de Cristina y Máximo

La vice se encuentra en disidencia con la forma en que se negoció y las auditorías trimestrales que realizará el FMI, le ponen la piel de gallina. Está decidida de aquí en más a exigir mayor injerencia en la toma de decisiones diarias en lo más alto del poder. Comentan que  entre otras cosas  pedirá un recambio ministerial fuerte para oxigenar la gestión mirando al 2023. 

Lo que pretende CFK es que se respete su mayoría accionaria en el Frente de Todos, lo cual anticipa otra interna caliente, ya que el Presidente se resiste a que lo sigan debilitando ante los ojos de la opinión pública. Ya nadie disimula que en el FdT soplan vientos de guerra por el acuerdo con el Fondo. Sin embargo hay voces que buscan dar señales proclives a mantener la unidad en atención al delicado contexto social y económico. Quieren estirar en el tiempo, lo más posible, el estallido de la interna oficialista, que muchos consideran inevitable, en especial a medida que se acerquen las elecciones de 2023 y les llegue el pase de factura ciudadano.

Desde la vereda de La Cámpora aseguran que Máximo Kirchner está decidido a romper, pero que aún no dio instrucciones a los diputados que responden a su órbita sobre qué postura adoptar el próximo jueves, cuando está previsto el debate y la votación del proyecto . En la Casa Rosada y en la presidencia de la Cámara baja, que conduce Sergio Massa, aspiran a que, como mínimo, contribuyan al quórum -una condición que exige la oposición- y que, en lugar de votar en contra, se abstengan.

Cristina y Máximo están convencidos que Alberto y Martín Guzmán hicieron un pésimo trato que podría dinamitar el incipiente crecimiento de la economía, tras el calvario que representó la pandemia. Peor aún, intuyen que podría dispersar a su base electoral y a ahuyentar definitivamente a los sectores medios independientes que hicieron posible la victoria de Alberto en 2019 y que se alejaron en 2021. 

Desde el albertismo analizan que una vez aprobado el acuerdo con el Fondo habrá llegado el momento de relanzar la imagen del presidente y motorizar su reelección. Lo que para ese sector es un triunfo político, la oposición lo ve como un mal acuerdo que se convertirá en un salvavidas de plomo para el futuro gobierno.

Desde el kirchnerismo estiman que los futuros incrementos tarifarios, desatarán más indignación en la población, especialmente en el conurbano bonaerense donde la pobreza cala más hondo. Se trata del territorio donde el kirchnerismo planea establecer su base de operaciones en la resistencia ante una eventual derrota electoral en las futuras elecciones.

Nadie en el seno del oficialismo hace oídos sordos a la hipótesis de que los ajustes que están por venir y la inflación que no cede implicarán una segura derrota en las urnas. No obstante, reflexionan que los desajustes que generaría no acordar con el Fondo y un default determinarían un descalabro mayúsculo, con consecuencias económicas y políticas que harían retroceder al país a los sótanos de 1989 o de 2001, con fuertes probabilidades de que el gobierno de Alberto Fernández no pueda terminar su mandato.

En el tablero de ajedrez, La Cámpora decidió hacer un repliegue "táctico" y dejarle la responsabilidad del acuerdo con el FMI al resto de los socios de la coalición. Una posición que se vio reflejada en el faltazo de los diputados de esa agrupación a la reunión que el ministro de Economía, Martín Guzmán, realizó con los legisladores del oficialismo.

Mientras tanto, Sergio Massa y los negociadores del bloque del Frente de Todos trabajan para acercar posiciones con bancadas aliadas y con sectores del propio interbloque de Juntos por el Cambio para no tener que depender de los votos de la organización que conduce Máximo Kirchner, donde se mantiene el misterio, pero todo indica que se inclinaría por la negativa o la abstención.

En cuanto a los intendentes peronistas del conurbano, semuestran más cercanos a Alberto Fernández, se juegan por la posición de aval y apuestan al entendimiento con el FMI para avanzar con el relanzamiento de la economía.

La vice está en silencio, pero se mueve en las sombras. En su nuevo intento de arremeter contra Alberto, quiere la vuelta a la mesa de los lunes para  que le ponga el aliento en la nuca al Gobierno. Y le confiesa a los más íntimos que debe haber una conducción más colegiada para tratar de revertir los efectos económicos que socialmente van a generar los condicionamientos del FMI. Está convencida que no existe una fórmula para revertir la inflación y que se va irreversiblemente hacia una derrota electoral en el 2023. 

Cristina iba a encabezar el martes un acto en el Conurbano bonaerense, donde recibiría un "Doctorado Honoris Causa" en la universidad de la localidad de Merlo. Pero finalmente decidió bajarse de la ceremonia. Y todo indica que lo hizo para no tener que hablar, en medio de la discusión por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la invasión de Rusia a Ucrania.

La coalición gobernante ya no puede ocultar sus hilachas. La convivencia  se hace irrespirable y el fuego amigo es cada vez más intenso.

Hay quienes sostienen que frente a este escenario, el plan de Cristina consiste en ganar la provincia de Buenos Aires para armar allí su bastión para la resistencia. Hoy el kirchnerismo se mueve como un pulpo, desplegando sus tentáculos en todas las direcciones. Máximo está volcado hacia la izquierda para no perder ese electorado y Wado de Pedro se mueve en el centro para que no se le escurran el sector de clase media moderada que votó a Alberto.

En cuanto al Presidente, el objetivo es terminar bien su Gobierno de transición, tratando de enderezar el barco lo más que se pueda para evitar que las calles se calienten con protestas sociales que puedan desestabilizarlo. 
Cristina además tiene otro desafío por sortear en el frente judicial. Los jueces del Tribunal Oral Federal que la juzga junto a otros acusados, en la causa de la obra pública, tienen un objetivo: que antes de fin de año haya veredicto para que esté lo más alejado posible del calendario de las elecciones presidenciales del 2023. Y para cumplir con esa meta, el juicio sumará un día más de audiencias y los magistrados trabajan en otras medidas para acelerar el proceso.

Desde mayo del 2019, el tribunal tiene a cargo el juicio contra Cristina, el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, que son parte de los 13 imputados. Para Cristina es otra prueba de fuego, tal vez la más delicada ya que se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los tres gobiernos de Néstor y de ella. Por lo pronto, un asesor de Vialidad complicó a la ex presidenta al declarar que "hubo favoritismo por Lázaro Báez". Se trata de Alejandro Mon, quien sostuvo que "de 1.300 pagos adelantados que se hicieron, el 88% fue para empresas del Grupo Austral".

Mientras tanto, el Gobierno está desnudo y en una encrucijada. No encuentra la manera de dar esperanza, no tiene plan económico para revertir el cuadro de situación de un país con el 40% de pobres y de trabajadores en negro, un nivel impositivo que impide la generación de empleo en el sector privado, y una inflación del 50% que deglute con voracidad el poder adquisitivo. Con el malhumor social imperante, el futuro electoral se le presenta en modo pesadilla.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".