La falta de norte en materia de seguridad de Kicillof deja a la Provincia al borde de lo “parapolicial”

En los últimos años el delito aumentó considerablemente y aún sin existir estadísticas fiables todo el mundo sabe que los delincuentes están a cualquier hora y lugar.

Hay un factor macro que es la narcocriminalidad en ascenso desde hace por lo menos dos años, y todo el mundo sabe que para que los narcos puedan avanzar con sus planes alimentan el delito menor, como pueden ser salideras, algún atraco y similar a efectos de distraer a las fuerzas de seguridad. Es de manual prácticamente.

Planificar la seguridad pública no es nada fácil, y cada vez se hace más complejo. En cierta manera hay dos claves para los Estados: inteligencia criminal y capacitación profesional de la fuerza, y además una unificación de mandos para dar contra delitos de alta complejidad.

El problema es que hace dos años la Provincia de Buenos Aires no tiene un perfil de seguridad pública y el ministro Sergio Berni se convirtió en un auténtico showman en lugar de pensar la seguridad con criterios adecuados de inteligencia.

El punto llegó al límite en donde los intendentes de los 135 distritos todos los días reciben a sus vecinos con planteos severos sobre aumento del delito, y ya están superados.

En rigor, es más fácil que un vecino vea a su intendente que a Berni para hacerle un planteo, y por eso los alcaldes están pensando cuestiones algo imaginativas.

Por ejemplo, hace un tiempo el intendente de La Plata, Julio Garro, y su par de Lanús, Néstor Grindetti, están proponiendo que las comunas tengan el manejo de la Policía Local, y en ese sentido son bien específicos: la quieren para temas muy puntuales y para aliviar a la fuerza provincial de la pelea contra los delitos complejos. La definen como policía de proximidad, como ir al metro cuadrado para estar cerca del vecino, y además se imaginan dando la posibilidad al efectivo policial de más capacitación y de tener una mejor proyección en su carrera profesional para así honrarlo por su servicio.

La policía local no nació como un apéndice de la provincial. Es una fuerza de cercanía con el vecino y somos los intendentes los que recorremos los barrios todos los días. Hoy con @Nestorgrindetti y @manupassaglia charlamos sobre la importancia de traspasarla a los municipios. pic.twitter.com/ySmLzSZQTR

— Julio Garro (@JulioGarro) March 10, 2022

Sin embargo hay otros intendentes, como algunos peronistas del conurbano e incluso otros de Juntos, que ya definitivamente quieren cercar sus distritos, como son los casos expuestos por el diario La Nación, de Ituzaingó, Moreno y Morón, que responden al Frente de Todos, y de San Miguel, que tiene bandera de Juntos.

Según las charlas que serían “privadas” lo que quieren es proponer ordenanzas en donde se cierren arterias en determinadas horas de la noche, como ocurría con la pandemia, y así achicar las operaciones de los delincuentes.

En tanto, también en privados otros van por más, y quieren hacer operativos cerrojos en los propios distritos con controles de seguridad y pases digitalizados de vecinos, situación que no es para nada una locura y que en varios grupos de whats app de barrios platenses se está hablando.

El problema del delito en crecimiento pone en jaque al Estado. Kicillof y Berni no saben para donde salir, y los intendentes quieren más recursos para planificar en sus localidades.

El fin de semana, Berni dio una señal para la Policía Local y dijo en Radio Provincia que estaría de acuerdo con un manejo municipal de la misma tal como lo están reclamando Garro y Grindetti, pero sin embargo los intendentes no le creen y quieren que esa situación salga por ley en la Legislatura, algo que por estas horas a pedido de lo dos alcaldes que encabezan la movida están haciendo los diputados platenses de Juntos, Fabián Perechodnik, Claudio Frangul y Julieta Quinteros, y sus pares del Senado Florencia Barcia y Juan Pablo Allan.

Un especialista en narcocriminalidad que tuvo roles claves en el gobierno de Juntos a nivel federal, razonó ayer ante este columnista: “el principal problema de las fuerzas es la falta de capacidad, formación y escasez de recursos que está dispuesto a brindar el narco o crimen para desviar o infiltrar”, y pintó un panorama sombrío al decir que cuando el Estado provincial se ausenta de la pelea central los municipios hacen estos pedidos de mayor manejo, pero advierte que tampoco sería lo mejor en cuanto a la calidad del servicio de seguridad pública: “el tema es simple, si no se tiene conciencia de lo que se quiere hacer es posible que la fuerza que se arme, si no tiene estándares óptimos de calidad, tenga más disposición a obedecer al narco que a la cadena de mandos natural dentro de la ley. Hay que tener mucho cuidado con eso: capacitar bien, concientizar mejor, y atender bien al hombre y a la mujer policía”.

Lo cierto es que la retirada del Estado provincial en materia de seguridad pública, la falta de liderazgo real sobre el ejército de 94.700 efectivos de los cuales la mitad son asignados a seguridad, y un parque de patrulleros de cinco mil unidades muchas de ellas en estado lamentable, encendieron luces de alarma por todas partes.

Tenemos experiencias en otros países de Latinoamérica y el Caribe en cuanto a la guerra que la narcocriminalidad le gana al Estado, y cuando eso ocurre nacen los paramilitares o parapolicías.

No podemos ir por el lado de los “paras”, tenemos que hacer que el Estado se reconstituya y de respuestas con todo el peso de la legalidad.

A este paso, y de no haber solución, una muestra de lo “para” se verá en algunos barrios cerrados en donde hay poder como para tener “poder de fuego”, y en lugares que los propios vecinos van a proteger.

Es tan poco lo que hace el Estado en materia de seguridad que los vecinos hace un par de años multiplicaron la presencia de alarmas vecinales que costean ellos mismos, o incluso algunas cámaras de seguridad.

Así no se puede vivir más.