Presidente de Perú fue a declarar ante la fiscalía por una causa de presunta corrupción

Castillo llegó a la fiscalía caminando, acompañado de una treintena de asesores y custodios, mientras levantaba el brazo para saludar a los peatones que se cruzaban a lo largo de las ocho cuadras que separan la sede judicial de la casa de Gobierno, informó la agencia de noticias AFP.

En días previos, la defensa del presidente había intentado bloquear la investigación ante el Poder Judicial, pero finalmente el mandatario decidió responder el interrogatorio.

"Hoy me he ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor. Cumpliendo mi palabra, he venido para aclarar y colaborar con la justicia", indicó el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter.

"A fin de aclarar las denuncias y especulaciones en mi contra, hoy acudiré a la Fiscalía de la Nación en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia", había exclamado previamente en la misma red social.

El mandatario ingresó al edificio unos 15 minutos después sin hacer declaraciones a la prensa. Afuera lo esperaban una docena de manifestantes opositores que gritaban consignas en su contra.

La fiscalía investiga a Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión (defraudación) agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.

Se trata de la investigación sobre el consorcio "Puente Tarata III", que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el Presidente para conceder contratos de obras públicas a empresas privadas a cambio de sobornos.

La fiscalía citó a Castillo mientras los investigados de su entorno están escondidos tras dictarse una orden de prisión preventiva en su contra. La policía ofrece recompensas de entre 4.000 y 13.300 dólares por su detención.

La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, pero no avanzar en las indagaciones en su contra. Castillo finaliza su mandato en julio de 2026.

Mientras tanto, la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso acordó anoche citarlo para que comparezca el 21 de junio por el mismo caso que indaga la fiscalía.

Castillo, un maestro rural de 52 años, había adelantado el domingo que acudiría a la citación del fiscal Samuel Rojas y lo había reiterado este jueves.