La lucha intestina de las patronales de la pobreza

Desde el Gobierno ya levantaron la guardia y le mandaron a decir a la socia mayoritaria dela coalición a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, que no se puede seguir ampliando el déficit para no violar las pautas del  acuerdo con el FMI. Mientras, el gasto aumenta a todo vapor y los tres dígitos de inflación están a la vuelta de la esquina. 

"Es innegable que CFK está en campaña", comentó un veterano ex intendente del conurbano que conoce bien el ADN del kirchnerismo y cree que detrás de esta movida existe un trasfondo político. "Ella está mirando hacia la provincia de Buenos Aires, donde están la mayoría de los planes sociales y por ende, lo que busca es ampliar su nicho de votos. Cristina es un animal político y lo que está mostrando con su juego, es que todos los caminos llevan hacia la gobernación, que es el territorio que define una elección", aclaró la fuente. 

Entre los intendentes del PJ se quejan de que “ahora sabemos lo que todos sabíamos: que le sacan guita a la gente y los presionan”, dicen sobre el 2% que el Polo Obrero le cobra a cada beneficiario de un plan. “Eso es antiperonismo”, acusan. 

El negocio de la pobreza o el pobrismo, como lo califica Miguel Pichetto, ha desatado una polémica que implosionó cuando desde la izquierda, primero el legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano, y luego el dirigente social del Polo Obrero Eduardo Belliboni, admitieron que el 2% de los $19 mil que los beneficiarios cobran por el plan Potenciar Trabaja van a parar a manos de dirigentes de ese espacio que, supuestamente, usan en los comedores. Multiplicados por los 60 mil planes sociales que maneja el Polo Obrero, los jefes de esta organización se quedarían con la friolera de $240 millones al año. 

En este contexto, el titular del Movimiento Evita y actual funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico (foto) amenazó con crear un partido piquetero para competir en las próximas elecciones y simultáneamente lanzó una velada amenaza para la paz social: “Las organizaciones sociales son garantía de la gobernabilidad”. 

En cuanto a las apariciones públicas, lo que hace la vicepresidenta es levantar el perfil, ponerse en el centro de la escena diferenciándose de Alberto. Busca que su voz comience a tener  un poco más de peso, con miras a los comicios del 2023. 

El pasado 20 de junio en Avellaneda, mandó una fuerte señal al asegurar que "el Estado nacional, es decir gobernadores e intendentes, deben recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales "que no pueden seguir tercerizadas", lo cual desató  la ira de los movimientos sociales, principalmente de Emilio Pérsico, fiel soldado de Alberto Fernández. 

"Lo que la jefa está buscando es vaciar al Presidente del eventual poder piquetero para el caso de que quiera ir por la reelección", aclaró la misma fuente bonaerense consultada en este informe. 

Las declaraciones de Cristina generaron un debate al rojo vivo entre los sectores del kirchnerismo duro y La Cámpora, desde donde aspiran a universalizar las prestaciones destinadas a los sectores de menores recursos y que estas pasen a ser controladas por los municipios, posición que es resistida por las organizaciones territoriales. 

Rápidos de reflejos y sabiendo el poder de fuego de la caja millonaria para captar votos, los Gobernadores e intendentes, se alinearon con el discurso cristinista, mientras que Alberto Fernández salió a cruzar a su vice en favor de las organizaciones territoriales. 

Pérsico, volvió a apuntar sus cañones contra la líder de la coalición, al sostener que “Cristina cree que los planes sociales tienen que ser solamente para el desempleo y que el compañero tiene que ir a hacer tareas municipales" mientras que "para nosotros tiene que ser un complemento”. 

El dirigente social aseguró que "las organizaciones son mucho más que los planes”, consideró que el kirchnerismo busca controlarlos "políticamente" y apuntó contra el ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque, al indicar que este "sabe bien cómo es el sistema y que es transparente”. 

"Es ilegal que haya compañeros que cobran planes sociales que están barriendo las calles y pintando los cordones. Eso lo tiene que hacer un empleado municipal”, advirtió Pérsico, quién, a su vez, aseguró que "no es verdad que el ministro Juan Zabaleta vaya a pasar los planes” a manos de los intendentes. 

En la mirada de Larroque, Pérsico fue "la persona que más influyó" para poner al presidente Alberto Fernández en "tensión" con la vicepresidenta. 

"El problema que tenemos es que se está haciendo una manipulación, en términos de disputa de poder, con la política social y con los humildes como rehenes" indicó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, quién advirtió que "es claro y evidente" que el referente del Evita "tiene una posición permanentemente opuesta a Cristina, diría que es un problema psicológico". 

Desde los sectores alineados con Cristina, entienden que la discusión abierta en torno a que el Estado debe recuperar el control de los planes, está atravesada por varias variables, entre ellas, el posicionamiento que en el pasado tuvo el Movimiento Evita hacia la vicepresidenta. 

Cristina tiene la sangre en el ojo con el Evita, "porque en el 2017", Pérsico y compañía "jugaron con Florencio Ranzdazzo para que ella perdiera", por lo que, en ese caso, los cuestionamientos tienen que ver con un plano partidario. 

A todo esto, la sociedad asiste azorada a una pelea que no es la suya. Son las denominadas patronales de la pobreza, las que están sumergidas en una lucha implacable por el manejo de la millonaria caja de los planes sociales para usarla como herramienta de poder y a los beneficiarios como rebaño. Nada tiene que ver con el fondo de la cuestión, que debería ser un vehículo para la generación de empleo digno y formal.  

La cantidad de planes sociales se triplicó en menos de tres años y llega a la vergonzosa cifra de 1.300.000 en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Si llevamos la ecuación a nivel país, sumando a las AUH hay 12 millones de personas que pasan por la ventanilla del Estado a cobrar un  cheque. Falta un año y medio para las elecciones, y salvo un milagro económico, probablemente la actual gestión se convierta en el peor gobierno peronista desde el retorno de la democracia. 

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".