La ciudad que no sentimos y no incluimos

En estos días, en la Defensoría recibimos un pedido de ayuda de un joven que usa silla de ruedas para desplazarse y que para cursar en el ISER la carrera de locución, cuenta con el apoyo y la ayuda de sus compañeros que lo bajan para la clase y lo suben cuando termina.

Se trata del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°8 que queda en la calle 35 entre 4 y 5 de nuestra ciudad. Su preocupación y demanda tiene que ver con que por más buena voluntad de sus compañeros de cursada, en el caso de una emergencia, una evacuación, o simplemente pensando en los 3 años de carrera que tiene por delante, su derecho al acceso y a la educación debe ser garantizado. Que un espacio sea accesible para todos significa que cualquiera que lo requiera, pueda ingresar y llegar al lugar que necesite. La accesibilidad está garantizada por la Ley 24.314 que en su art.20, explica que accesibilidad implica la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades.

Este planteo nos lleva a reflexionar sobre la falta de conciencia que tenemos todavía y la cantidad de personas que viven situaciones similares a las recién descritas por el estudiante de locución. No se ven las barreras que existen a cada paso, hasta que no se padece un problema de movilidad o una discapacidad, por eso debemos trabajar para que nuestra ciudad sea accesible y permita una vida plena e integrada a todos los ciudadanos sin distinción.

En este sentido, la discapacidad viene siendo blanco de postergaciones e injusticias, durante la pandemia acompañamos el reclamo de los padres de chicos con comorbilidades y discapacidades relegados del plan de vacunación contra el Covid-19. En aquel momento pedían ser incluidos en el plan de vacunación y que el Estado compre las vacunas pediátricas para el colectivo de niños, niñas y adolescentes con comorbilidades y discapacidades. Hace pocas semanas el reclamo fue por la cobertura de las obras sociales para las terapias, para las maestras y acompañantes terapéuticos e integradores que permiten la escolarización, la estimulación y las prácticas para el desarrollo tan necesarias para la integración de todas las personas con alguna discapacidad.

El mundo hoy nos exige miradas más amplias e inclusivas, debemos pensar las políticas públicas y el desarrollo de las ciudades no sólo con perspectiva de género y medio ambiental sino también con una mirada integradora que permita la accesibilidad. Las ciudades deben incluir y contener a todas las personas, para ello debemos adaptar la infraestructura, los edificios públicos, los accesos, el transporte, pero por sobre todo, debemos ser más empáticos y ponernos en el lugar del otro.  

*Marcela Farroni es Defensora del Pueblo de la ciudad de La Plata.