"El conurbano puede ser narco como Rosario", advirtió Jorge Joury por FM 98.9 y Pinamar TV

El analista añadió: "Esto no es nuevo. Echando una mirada hacia el pasado, en la década del 90, un intendente peronista de un populoso distrito me reconoció en una charla en off que "nuestros punteros políticos ya no pueden entrar a las villas. Los desplazaron los narcos que asisten a los habitantes con comida, remedios y hasta pagan los sepelios, como también cooptan a los niños para usarlos como soldaditos para la distribución de la mercancía". De aquella confesión, que se la transmití a un conocido funcionario que actuaba en la lucha contra el narcotráfico, pasaron casi tres décadas y nada se ha hecho para impedir el avance de este flagelo.
Hace ya un año, 24 personas murieron intoxicadas tras consumir cocaína envenenada con fentanilo en los partidos de Tres de Febrero, Hurlingham y San Martín. La droga adulterada, proveniente del asentamiento Puerta 8, de la localidad de El Libertador (Tres de Febrero), dejó una herida abierta en el barrio, que históricamente estuvo vinculado a la delincuencia y a la venta de droga. A más de un año de aquel fatídico 2 de febrero, no quedan detenidos ni imputados en la causa y sólo sigue vigente un pedido de la justicia para que se investigue la presunta vinculación con la organización liderada por el narco Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, que permanece preso por otros hechos.
Para medir la envergadura de este avance narco, el viernes se frustró la fuga en helicóptero desde el penal de Ezeiza de Esteban Lindor Alvarado. Este sujeto cumple condena a prisión perpetua por liderar desde la cárcel una asociación ilícita que entre el 2012 y 2018 se dedicó a cometer homicidios, amenazas, extorsiones y balaceras. Sin embargo este no era su plan, sino escapar del penal el viernes después de las 14, durante su hora de recreo a bordo de un helicóptero que ya había preparado y que llegaría desde Gualeguaychú. Los investigadores sospechan además que un grupo generaría alguna maniobra de distracción en las afueras del penal . "La idea del piloto era descender la aeronave en el predio del Complejo Penitenciario I de Ezeiza, que Alvarado se pudiera trepar a una red que previamente había sido colocada en la base del helicóptero y desde allí llevarlo a un aeródromo de General Rodríguez, donde parte de la banda se lo llevaría hacia un refugio", reveló un pesquisa. 
Hoy debemos asumir que el país está en guerra y que la lucha contra el narco tiene que convertirse en una política de Estado. No es solo un problema limitado a Rosario o al conurbano bonaerense. Allí están germinando las peores amenazas, que ponen en riesgo la democracia misma y nos empuja hacia un Estado impotente. No reaccionar a tiempo, significa ir camino hacia la disolución completa del Estado de Derecho y todo atisbo de vida civilizada. Es entre otras cosas, regalar el futuro de nuestros hijos.
Con el drama de Rosario, se está llegando a extremos nunca antes vistos en nuestro país, equiparables a lo peor de las tragedias colombiana y mexicana.
Lo primero que hay que entender es que nuestra legislación, instituciones y dirigencia política no están debidamente preparadas para enfrentar al narcotráfico. Miguel Angel Pichetto propuso la creación de una DEA argentina. Un organismo de élite, que además ensamble con la AFIP, para detener el lavado de dinero que hace más poderosas a esas organizaciones criminales.
Es imprescindible un tratamiento parlamentario, serio y responsable, de una reforma de las leyes de Defensa Nacional Seguridad Interior e Inteligencia.
El garantismo abolicionista en el Derecho Penal, hoy permite que criminales sin escrúpulos y sofisticados, utilizando sicarios dispuestos a matar niños inclusive, encuentren en Argentina un escenario de impunidad que mete miedo. Lo vemos a diario con penas irrisorias, salidas anticipadas, cárceles permeables desde donde pueden seguir operando tranquilos con sus celulares, planificando golpes y con jefes que viven como reyes, bajo el amparo de un marco de altos niveles de corrupción en la cúpula de las fuerzas de seguridad, que se venden a cambio de gruesas sumas de dinero.
Desde que Alberto Fernández asumió como Presidente y Aníbal Fernández como Ministro de Seguridad, el gobierno parece mirar hacia otro lado. Es notorio que las acciones violentas del crimen organizado se han agudizado y multiplicado en Rosario,la tercera ciudad del país, que tiene 1.198.528 habitantes. Se ubica así detrás de la Ciudad de Buenos Aires (2.891.082) y Córdoba Capital (1.330.023).
Hay un dato a tener en cuenta, durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en 2019, los asesinatos habían descendido en Rosario, llegando a 138. No era una situación ideal ni mucho menos, pero alentaba una esperanza. Por el contrario, en 2022 batió todos los récords y se convirtió en el año más sangriento de la historia de la ciudad.
Según un estudio reciente, a partir del cruce de información de los fiscales, se estableció que el 80% de las más de 800 balaceras ocurridas en la ciudad de Rosario durante el último año fueron ordenadas desde las cárceles mediante celulares. De cada diez homicidios, siete tuvieron como móviles conflictos de bandas criminales organizadas y, dentro de ese 70%, casi la totalidad se ordenaron desde cárceles federales con celulares.
A quien le toque gobernar el próximo período, deberá promover ya en campaña un compromiso de mano dura y un fuerte agravamiento de penas para delitos vinculados con toda forma de narcotráfico y crimen organizado. También es necesaria la creación de una fuerza federal, altamente capacitada y remunerada a la altura de las circunstancias, además de acuerdos de colaboración estrecha con otras democracias, principalmente Estados Unidos, Colombia y México, con transferencia de conocimiento sobre lucha contra el narcotráfico.
También hay que blindar los penales con jefes probos, para evitar sobornos y que esos sitios sean la mejor guarida para los jefes narcos. También hay que comenzar a intensificar los controles sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, una de las más lucrativas para llegar a los puertos europeos, africanos y asiáticos.
Las agencias gubernamentales creen hoy que la cocaína llega a Paraguay vía aérea para luego ser transportada por la hidrovía hasta los puertos de Rosario, Buenos Aires y Montevideo. Esto ocurre que los cargamentos sean detectados en territorio argentino, donde no hay controles de ningún tipo dado que se trata de exportaciones consolidadas en el exterior que están en tránsito.
No se controla nada, ni siquiera los contenedores son inspeccionados por perros. Hoy pueda circular cualquier producto que no será revisado.
Los especialistas en la lucha contra el narcotráfico indicaron que es necesario que se modifiquen las normas no solo argentinas sino de los países de la región para que cambien las cosas. Mientras tanto cada vez más mercaderías ilegales, no sólo droga, circulará por el Paraná sin que se detecten en territorio argentino.
Ni siquiera la carga considerada sensible como el carbón es revisada en puertos argentinos, salvo que exista una orden judicial para analizar un contenedor. Hoy si bien no hay estadísticas se puede inferir que se trata de una ruta bien consolidada donde operan grandes organizaciones que usan diferentes métodos.
El más común se denomina gancho ciego que consiste en contaminar el cargamento pero también hay quienes acondicionan la carga en las mismas plantas fabriles, donde se procesa el producto que será exportado como pantalla. Los descubrimientos en Europa, África, Asia y Paraguay permiten decir que en el último año al menos 50 toneladas de cocaína navegaron en el Paraná", finalizó el analista.