
por Jorge Joury *
En esa dirección, el ministro de Economía y precandidato a presidente Sergio Massa, acaba de modificar el presupuesto de este año por séptima vez. Las pruebas de esta movida, que hicieron su entrada estelar en el Boletín Oficial, seguramente van a tener un impacto inflacionario en el corto o mediano plazo. Los números desnudan notorios cambios en las finanzas públicas. Todos son en tono electoral y enfocados a reforzar las transferencias directas del Estado a particulares, organizaciones sociales y municipios del conurbano bonaerense, donde se encuentra la principal base electoral del kirchnerismo y donde Cristina piensa fortificarse en caso de una derrota.
El cambio de frente en materia de recursos está resumido en 319 páginas y lleva la firma del binomio en la carrera electoral, ya que incluye, también, la de Agustín Rossi como jefe de Gabinete.
En esa grilla, Eduardo “Wado” de Pedro, es quien recibirá uno de los premios mayores para curar sus heridas. El Ministerio del Interior que él conduce, recibirá créditos adicionales a lo previsto por cerca de $16.500 millones para realizar transferencias discrecionales a provincias y municipios en concepto de distintos programas. Unos $1.500 millones para “asistencia financiera para la mejora de los gobiernos”, por ejemplo. A esto se le llama, látigo y billetera para comprar voluntades.
Otro de los refuerzos importantes se observa en el Ministerio de Desarrollo Social, la cartera de Victoria Tolosa Paz, candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires en la lista que comparte con Máximo Kirchner. La funcionaria dispondrá de $14.140.286.247 más para transferir a los municipios en concepto de “integración sociourbana”.
En el generoso plan con adobado con dineros públicos, también se hace mención a un aumento de las asignaciones vigentes financiadas con crédito externo en la órbita de los programas Políticas Alimentarias, Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia e Integración Socio Urbana y Potenciar Trabajo (el más común de los planes sociales), según la justificación de la medida.
El miércoles pasado, en el marco del conflicto generado por las organizaciones piqueteras en el microcentro porteño, también se confirmó un bono de refuerzo por $21.996 para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que es intermediado por los líderes de las agrupaciones.
Entre otras cuestiones se especifica además que :“La presente adecuación presupuestaria contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento y equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios y transferencias varias”.
Rápido de cintura y con la velocidad que lo caracteriza, Massa sumó para su propia cartera con enorme aparato propagandístico, la friolera de $23.981 millones para distintos programas, entre los que se encuentran $13.097 millones en concepto de contratación de personal jurídico y $3.000 millones para servicios técnicos y profesionales no especificados, que seguramente contempla el pago de costosas encuestas. El refuerzo total para el área específica de Massa es el más importante en todas las modificaciones hechas en el año.
Otras partidas de importancia fueron para el Ministerio de Educación, que podrá gastar $9.000 millones en computadoras, una serie de aumentos de la asistencia a empresas públicas como Contenidos Públicos S.E., que tendrá unos $595 millones adicionales disponibles y Radio y Televisión Argentina, que contará con $164,5 millones más. Los fondos habilitados para ayudas sociales a personas y asignaciones familiares en el marco de pensiones por invalidez laboral subieron en $44.900.000.000.
El 31 de mayo se había hecho la última modificación, con aumentos en los presupuestos para 59 programas por un total de $255.848,2 millones. Como resultado de un incremento en el cálculo de recursos por $5.909,4 millones y un aumento de gastos por $21.121,9 millones, implica una desmejora en el resultado financiero de la Administración Pública Nacional de $15.212,5 millones.
Este nuevo “plan platita”, es otra versión de aquel que significó un aumento sideral del gasto público durante la segunda mitad del año 2021 con el objetivo de intentar revertir la derrota electoral sufrida por el gobierno en las elecciones PASO de aquel año. En ese momento se aumentaron las asignaciones familiares, se incrementaron los planes sociales, se tomó la decisión de mantener congeladas las tarifas del transporte, se otorgaron subsidios a quienes “blanquearan” a sus empleadas domésticas, se anunciaron cambios en el impuesto a las ganancias y hasta hubo créditos subsidiados para quienes construyan. Además, se lanzó el programa Previaje, subsidiando a quienes en aquel momento tomaban la decisión de viajar haciendo turismo por el país. Todo el costo de este derroche de recursos en vistas de aquella contienda electoral es lo que hoy estamos pagando mes a mes a través de la desbordada inflación: nada es gratis, menos aún la emisión descontrolada de pesos.
En plena campaña electoral, diputados de Juntos por el Cambio también denunciaron que el Gobierno, a través de cambios en la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quiere pasar decenas de militantes K contratados a planta permanente antes del cambio de presidente el 10 de diciembre pasado.
Los gobernadores también quieren su porción de la torta. Le pidieron a Massa colaborar en el armado del futuro plan económico que tiene varios ejes: industrialización del sector primario, crecimiento, salarios dignos, trabajo formal y vigencia de los derechos conseguidos. Pero uno de ellos refiere un factor clave: cómo debe ser la relación con el Fondo Monetario Internacional. En ese aspecto, le transmitieron al ministro que "con las condiciones que exige el Fondo es imposible pensar que vamos a sacar el país adelante. Entraríamos en default sin querer entrar en default”, definieron. Si bien aclararon que quieren honrar el compromiso con esa deuda" que no hemos contraído ni sabemos dónde están esos recursos, pero para cumplir tenemos que tener la posibilidad de poder cumplir”. Por eso, se le dejó en claro al ministro que el objetivo es tener “un programa de gobierno viable y visible en el que la gente se sienta contenida y representada, y que sepa que hay una defensa irrestricta de los derechos conseguidos”.
También en aquella cumbre, Massa mandó un mensaje contundente para terminar con las internas e inició una seguidilla de encuentros para mostrar unidad. Es, en definitiva, la estrategia que plantea de cara a las PASO, el contraste que busca aprovechar la feroz grieta que protagonizan Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y la continua sangría que afronta desde hace semanas Javier Milei con graves denuncias de ventas de cargos en el espacio.
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".