Salarios y jubilaciones por un tobogán inquietante

La tensión gremial va en aumento y la publicación del mega DNU del presidente Javier Milei aceleró los tiempos dentro de la CGT y también en las dos CTA. 

A 18 días de la asunción de Javier Milei, la central obrera llamó a un paro general con movilización para el 24 de enero. La medida de fuerza comenzará a las 12 y concluirá a las 24. La  huelga incluirá una marcha contra  el DNU y la “ley ómnibus” que desregula y abre la economía y achica el peso del Estado incluirá una marcha al Congreso Nacional.

Y si faltaba algo para sumar tensiones, la Comisión Episcopal de Pastoral Social  aseguró  que en la Argentina hay "un escenario de fractura social" y que "la auténtica libertad sólo es posible con equidad, integración, con disminución de la profunda desigualdad social que nos atraviesa".

Otro dato que causa inquietud, refiere a que por la caída de los ingresos las consultoras estiman un dramático salto de la pobreza en otras 2,8 millones de personas.

La mayoría de los operadores de bancos de inversión y de varios fondos que miran con interés a la Argentina coinciden en elogiar las primeras medidas de la nueva administración, aunque recomiendan seguir con atención el músculo político de la gestión y la sensación térmica de la calle frente al audaz ajuste anunciado por el ministro Luis Caputo. El primer cacerolazo es un llamado de atención. Es una muestra de que son innumerables los escollos que deberá superar el Gobierno de La Libertad Avanza en las próximas semanas. Probablemente la prueba menos exigente pasa por consolidar la confianza inicial de bancos y jugadores de la City que ya arrancaron entusiasmados.

El DNU de Milei habilita la desregulación de precios y suma más tensión a la inflación de los próximos meses. La reconfiguración de las diferentes áreas de la economía grafican un escenario crítico en lo inmediato. En ese sentido, especialistas indican que la Argentina podría acercarse nuevamente a la hiperinflación.

Las proyecciones de inflación para diciembre, enero y febrero son preocupantes y tienen un piso de 25% e impactarán de lleno en el poder adquisitivo. Hoy hay supermercados que ajustan precios al momento de la compra. Inevitablemente, el poder adquisitivo del salario profundizará una caída que ya se extiende por más de 5 años, estiman los analistas privados.

“De hecho, la caída de los salarios reales de diciembre podría superar el récord mensual de descenso de alrededor de 9% verificado en abril de 2002″, advirtieron. Las estimaciones  aluden a un desmoronamiento del salario real que ascendería como mínimo 8% entre noviembre y febrero 2024.

Las negociaciones paritarias, de todos modos, no resultaron tan efectivas para mitigar el efecto de la inflación en 2023. De acuerdo con datos que compartió Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA en su cuenta de X, los aumentos pactados entre diciembre de 2022 y el mismo mes de este año estuvieron entre 150% y 180%, pero la inflación acumuló 160,9% hasta noviembre.

“Asumiendo una aceleración de la inflación en los próximos meses y dado que casi no hay aumentos salariales previstos a partir de enero, la caída del salario real puede ser muy importante. No sería raro que en febrero veamos números similares a los del 2002, o peores”, afirmó Campos.

En cuanto a las paritarias, todo indica que se irá a una discusión salarial mensual. Es la regla que se avecina según adelantan en diferentes gremios y también vislumbran en el Gobierno.

Hace apenas unos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que “la inflación está subiendo un 1% diario”. Ante semejante escenario, los gremios buscan cómo atenuar el daño que la diaria suba de precios hará en los salarios de sus trabajadores.

En lo que tiene que ver con los haberes jubilatorios, finalmente el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso su proyecto de “Ley Ómnibus” que contempla, entre otros puntos, la suspensión de la actual fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses. Según la norma, el Poder Ejecutivo podrá realizar aumentos por decreto hasta que se establezca un nuevo mecanismo de revisión automática. La medida es clave para el ajuste fiscal que encarará el ministro de Economía, Luis Caputo, como punto de partida para “desindexar” el componente más sustancioso del gasto público. Lo que se especula, es que si Caputo pretende modificar el régimen jubilatorio, es para achicar el gasto y no para mejorar los salarios.

Lo que no se indica cuál sería la periodicidad, y se busca que se habilite a los funcionarios a decidir reajustes que no sean iguales para todos, algo que ya estaba ocurriendo en los últimos años y que derivó en que, frente a la elevada inflación, los que más aportaron al sistema sean los que más poder adquisitivo están perdiendo. Esa política de incrementos diferenciales es, además, una fuente de judicialidad contra el Estado, sobre todo porque se da en un escenario en el que todos pierden, cuando, en rigor, los reajustes deberían garantizar, al menos, la mantención del valor real de los ingresos. Por lo que se ve, otra vez el gobierno nivela para abajo, perjudicando al sector que mayores aportes hizo durante su vida activa.

Una encuesta realizada entre 27 y 28 de diciembre por DC Consultores, que dirige Aníbal Urios, mostró un rechazo contundente a modificar el sistema jubilatorio, con un 72%.

La ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso también enciende otra luz roja, porque da un paso clave para debilitar el actual sistema de reparto de las jubilaciones y abrir la puerta al regreso de las AFPJ. El proyecto contempla la disolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS), cuyos activos pasarán a manos del Tesoro.

La disolución de este fondo soberano deja a los jubilados sin el principal instrumento para financiar sus haberes, que ahora dependen íntegramente de un Estado que el propio Milei reconoce como quebrado. Según los especialistas, se trata de un paso clave para plantear el regreso de las AFJP, 

En cuanto a la situación del sector, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) recordó: “Hoy la jubilación mínima se encuentra en $105.000 + bono de $55.000. Esto arroja un haber de bolsillo de $160.000. Si se suspende el pago del bono, ello sería una reducción nominal del haber mínimo del 34%, lo cual sumado a la fuerte aceleración inflacionaria que se espera, llevaría a las y los jubilados a una situación crítica”.

El ajuste fiscal que diseñó el Ministerio de Economía apunta a reducir en 0,4 puntos el gasto en jubilaciones como porcentaje del PBI. Sin embargo, la mera licuación de los pasivos en pesos por efecto de la inflación generaría una merma mayor.

Así lo proyectaron desde la consultora Equilibra: “En 2023, el gasto en jubilaciones y pensiones alcanzaría los 8,7 puntos del PBI, incluyendo 0,8 puntos de bonos extraordinarios. Como consecuencia de la aceleración inflacionaria, con la fórmula de movilidad actual y manteniendo el monto de bonos otorgados en términos reales, el gasto en jubilaciones alcanzaría los 5,7 puntos del PBI el año próximo”.

Teniendo en cuenta esa cifras, la consultora señaló que el gasto en jubilaciones caería todavía más de lo previsto por el Gobierno. 

Algunos especialistas aconsejan que el gobierno tiene que ser muy cauto en esta  materia ya que cualquier proyecto modificatorio de la ley de jubilaciones podría desatar una tormenta parlamentaria similar a las 2013, durante el gobierno de Mauricio Macri donde se arrojaron 14 toneladas de piedras en un marco de violencia inusitada.

Le pasó a Macri y le pasó a los Fernández. Todos prometieron que la actualización le iba a ganar a la inflación. Nunca ocurrió. Pichetto, que es un viejo zorro en estas cuestiones, recordó que la Suprema Corte tiene por lo menos tres fallos (Badaro I, Badaro II y Blanco) que instruyen al Congreso a que establezca fórmulas polinómicas de actualización, como las que rigen en la actualidad.

Llevar el debate al Congreso puede desencadenar peleas inoportunas y la recomendación es la cautela.

Hay que aclarar que en ninguna economía que funcione se cambian los sistemas previsionales continuamente con aquí. Ocurre en nuestro país porque el presupuesto es un botín para los políticos y cada vez que necesitan recursos meten mano a las partidas de gasto social que son las más abultadas. Por eso los que sufren el saqueo son habitualmente los jubilados, los más indefensos, que han sido la variable de ajuste durante los últimos 20 años.

Después de quedarse con la caja de las AFJP los Kirchner dieron aumentos discrecionales por decreto, siempre detrás de la inflación. Esta metodología fue achatando la pirámide de ingresos, se igualó hacia abajo y generó una ola de litigiosidad.

Se estima que durante el mandato de Fernández-Fernández de Kirchner las jubilaciones perdieron cerca del 30% de poder adquisitivo.

Y ahora con la llegada de Luis Caputo se propone el retorno a los aumentos por decreto para que los jubilados “no pierdan” frente a la inflación. El vocero presidencial Manuel Adorni vaticinó que con  la inflación los jubilados van a perder el 40% y que se hace necesario dar mejoras por decreto. Se trataría de otro engaño, porque la idea solapada del gobierno es hacer un ajuste en los fondos. ¿Dejarán pasar esta situación los legisladores de la oposición?

El recorte se contradice con los principios de un gobierno libertario que habla de cumplir los contratos, mientras el que tiene el Estado con quienes pagaron durante décadas los aportes fijados por la ley es violado sistemáticamente por el propio Estado. Por lo demás, si Caputo no quiere que los jubilados pierdan más ingresos, siempre puede mantener la ley de movilidad y cubrir las pérdidas de los beneficiarios por decreto hasta que elimine la inflación.

Otra olla de alta presión que puede detonar en estos días, es la caja de jubilaciones de la provincia de Buenos Aires, que arrastra un déficit millonario y podría convertirse en uno de los ejes de la pelea entre Javier Milei y Axel Kicillof por los recursos. El Instituto de Previsión Social (IPS) tuvo en 2022 un déficit de 140 mil millones de pesos y se estima que cerrará el año con 210 mil millones abajo.

Los números son por demás contundentes y  surgen de trabajos de economistas de la Universidad de La Plata (UNLP) en base a datos del Anses. La provincia no tiene publicada información oficial correspondiente a 2022. Sin embargo, desde el gobierno provincial reconocen que el déficit ronde en esa cifra.

"El IPS tiene un déficit previsional estructural como consecuencia de parámetros generosos y una tasa de sostenibilidad demográfica (activos sobre pasivos) que se viene deteriorando en los últimos años", asegura Walter Rosales, del departamento de Economía de la UNLP.
Desde hace años, el gobierno nacional financia a través del Anses, el déficit de las cajas de jubilaciones de las provincias. Ese mecanismo es parte de lo que ahora se pone en discusión junto con las transferencias discrecionales y los subsidios al transporte del AMBA.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".
 

Crédito fotográfico 

BUENOS AIRES, 21 diciembre, 2023 (Xinhua) -- Imagen proveída por la Agencia de Noticias Télam del 20 de diciembre de 2023 de personas convocadas por organizaciones políticas y sociales participando en una manifestación, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Miles de personas, convocadas por organizaciones políticas y sociales, se manifestaron el miércoles en Buenos Aires, capital de Argentina, en la primera protesta contra la política económica del presidente Javier Milei. (Xinhua/Alfredo Luna/TELAM) (mz) (da) (ra) (vf)