Algo huele mal en el IOMA y levanta olas

Homero Giles, el titular de la Obra Social, sobre quien están puestos todos los ojos, desde hace tiempo conduce una prueba piloto que busca emular al Programa de Asistencia Médico Integral (PAMI), en el cual las clínicas cuentan con un cuerpo de médicos propio, a los cuales se les asigna un determinado universo afiliatorio, por el que perciben un sueldo fijo: se lo llama policonsultorios exclusivos de IOMA.

Los centros promovidos por Giles son repudiados por la gran mayoría de la comunidad de médicos, quienes se ven incapacitados de competir desde sus consultorios, en donde cobran copagos para hacer frente a los aranceles bajos que perciben del IOMA.

Además, hay que puntualizar que la gestión de Giles acumula deudas, atrasos en los pagos, honorarios desactualizados y pocas instancias de diálogo con las entidades, según aseguran por lo bajo las federaciones y asociaciones médicas consultadas en esta investigación.

Frente a este panorama, legisladores de la oposición apuntan sus cañones al titular de la obra social, el médico con formación cubana Homero Giles. En su momento se denunció la intención de la obra social de ir comprando sanatorios privados para llegar a una suerte de monopolio del Estado en el sistema de salud. Y ahora se sospecha que los dineros de esa caja supermillonaria, van a la cantera de la política para hacer clientelismo. 

Homero Giles administra una de las obras sociales más grandes del país. Se trata de un presupuesto estimado de 188.730.412 millones de pesos. Giles es militante de La Cámpora, médico recibido en Cuba y tiene un lazo incondicional con Cristina Fernández de Kirchner. 

Este controvertido funcionario nació en 1981, en Ituzaingó, Corrientes. A los 17 años comenzó a estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Se recibió a los 23 años. Trabajó en el hospital Fiorito y Santojani. Fue subsecretario de Prevención y Control de Riesgos de la secretaría de promoción y programas sanitarios del ministerio de Salud. En 2019, cuando llegó al equipo de gobierno de la provincia informó que se encontró con un déficit de 10.000 millones de pesos no reconocido por el gobierno de María Eugenia Vidal.

Giles impulsa cambios en la institución, que podrían ser ensayos experimentales para un eventual rediseño del sistema sanitario en todo el país. Desde 2021 autorizó la apertura de 100 policonsultorios donde no se abona copago, pero que carecen del instrumental adecuado. Son como "salas fantasmas, donde habitualmente no se ve gente", lo describió un legislador. El modelo es criticado por los médicos independientes que no perciben un valor suficiente por sus bonos y cada vez más seguido cobran un adicional por los servicios. Hay más de 4000 reclamos presentados por afiliados ante la Defensoría del Pueblo desde 2019. El año en que más quejas hubo fue en 2020, por las deficiencias en el servicio durante la pandemia por el coronavirus. Las quejas no solo son por imposibilidad de acceder a cirugías, tratamientos oncológicos o prótesis. También por fallas en los certificados de discapacidad, e incumplimientos contractuales.

Por estas horas, legisladores de la oposición sospechan también que se utilizaron fondos del IOMA para instrumentar la fabulosa inversión del denominado "Plan Platita" de Kicillof.

Entre otras cuestiones, tanto médicos como odontólogos, se quejan de lo poco que paga el organismo por las prestaciones y encima lo hace con meses de atraso.

En el caso de los odontólogos, que no atendieron turnos programados desde el 24 de enero hasta el miércoles pasado, ponen como ejemplo que una consulta se cobra $1.700, equivalente a un kilo de pan y no se puede pasar ninguna otra durante 6 meses. "Los insumos cada vez valen más y la obra social recién acaba de pagar el mes de octubre. Es bochornoso, así que no hay presupuesto que aguante", aclaró la fuente consultada.

Por otra parte, varios municipios de la provincia de Buenos Aires en manos de la oposición le han dado vía libre a sus trabajadores para romper las cadenas con el IOMA y elegir su obra social.El partido de Zárate fue el último, que sigue así el camino que marcaron intendentes del PRO como Javier Iguacel (Capitán Sarmiento) y Manuel Passaglia (San Nicolás), mientras que hay otros alcaldes de Juntos que expresaron su intención de avanzar en ese sentido, como el juninense Pablo Petrecca.

También hay que decir que ingresó al Senado un proyecto de ley que habilita la libre elección de prestadora de salud para más de dos millones de trabajadores del Estado que se ven obligados a afiliarse a IOMA. Flavia Delmonte es la impulsora, quien presentó un proyecto de ley que tiene por objeto establecer el acceso voluntario y libre a los afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a cualquier otra prestadora de salud a la que podrán dirigir sus aportes.

La senadora enfatizó: “La libre elección de prestador de salud es un viejo anhelo de los miles y miles de trabajadores bonaerenses a quienes IOMA no les brinda soluciones y los mantiene en una estado de indefensión permanente, entre baja de convenios, reducción de profesionales prestadores, carencia de coberturas en medicamentos o montos exiguos de reintegros. Por ello es imprescindible que nadie se sienta obligado a tener una obra social que no le dé respuestas y que maneje sus aportes sin una contraprestación adecuada y digna”.

El proyecto será seguramente uno de los temas del año y promete un arduo y necesario debate en el que los diferentes espacios políticos deberán anteponer las necesidades de los trabajadores por sobre sus intereses partidarios.

Como se observa, las quejas se multiplican y en este contexto, un grupo de diputados provinciales opositores salió a pedir que las autoridades del IOMA rindan cuentas del uso de los recursos que tienen a cargo. También le exigen a Kicillof un “compromiso público” de no utilizar los fondos de la obra social para otros fines que no sean la salud.

En medio de los diferentes conflictos que atraviesa el IOMA por la falta de cobertura en varias localidades bonaerenses, el bloque de diputados provinciales del Acuerdo Cívico UCR-GEN solicitó la realización de una auditoría externa para evaluar la situación financiera de la obra social de la provincia de Buenos Aires.

Los legisladores plantearon que “hay una crisis generada por las autoridades del IOMA que retacea los pagos a prestadores y se han encaprichado en congelar los montos de los tratamientos ya efectuados” y, a su vez, le exigen al Gobernador Axel Kicillof un “compromiso público de que no va a manotear los fondos” de la obra social para “los gastos del Estado” durante 2024.

Por otro lado, los diputados opositores reclamaron por los “incrementos desproporcionados de los precios de los insumos” en los hospitales municipales y señalaron que “IOMA no reconoce este mayor valor de las prestaciones”.

Al tiempo que insistieron en la necesidad de cambiar el modo de cobertura de medicamentos a cargo del IOMA, para que pase a ser un porcentaje del valor de venta al público en lugar de un monto fijo. “¿Acaso los funcionarios de IOMA viven en un tupper que no quieren reconocer los aumentos que se vienen dando?”, cuestionó el diputado platense, Claudio Frangul.

Por último, los legisladores recordaron que IOMA gastó en 2023 “una fortuna en un operativo verano con postas recreativas con inflables, gazebos y kits recreativos” y pidieron que Kicillof se comprometa a “no poner en riesgo la atención de la salud de los afiliados para tapar agujeros de su gestión por más que le reduzcan los fondos desde la Nación” en este 2024.

También el largo conflicto entre la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) y el Instituto de Obra Médico Asistencial- IOMA- subió en escala la última semana con la decisión de la entidad que reúne a los círculos médicos de cortar la atención en cinco importantes ciudades por deudas de la obra social.

El reclamo de los alcaldes opositores tuvo el respaldo de Mauricio Macri, que pidió “terminar con los sistemas ineficientes, corporativos y mafiosos” y abrió así una pulseada con la gestión de Axel Kicillof.Hoy Giles digita las prestaciones de 2,1 millones de afiliados: la mayoría son los 500.000 empleados públicos de la provincia de Buenos Aires más sus familias. El resto son mayormente trabajadores municipales. La lupa se ha puesto sobre la gestión en el IOMA y en este contexto, no sería difícil suponer la llegada inminente de nuevos capítulos para el escándalo.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".