22/02/2024 - Edición Nº2891

Politica

Parlamento

Consulta popular costosa e inviable, caprichos y una constante actitud de desordenarle la vida cotidiana a la gente

08/02/2024 07:37 | El presidente Javier Milei termina emparentándose con lo que considera como la “casta” al pasarle la pelota a la gente cuando la política es insuficiente para resolver sus propios problemas. Una consulta popular no vinculante puede ser un capricho millonario e inservible que pagará el ciudadano de a pie.


por Fabricio Moschettoni, editor de Impulso Baires. Twitter @FMoschettoni


Las elecciones PASO no fueron para que haya mas participación y trasparencia a la hora de votar, sino que constituyeron una forma elegante de la política al transferir a la gente su falta de capacidad para resolver sus complejas internas por el poder: “nosotros no podemos, que sea la gente la que ordene”.

Es decir, las PASO son el fracaso del sistema político para arreglar sus asuntos, y con la máscara de la participación popular le tiraron la pelota venenosa a la ciudadanía.

El presidente Javier Milei está en el mismo camino. Su falta de experiencia, los caprichos reiterados y un fundamentalismo que preocupa hicieron que se genere una crisis política más profunda que la que venía de arrastre y los problemas medulares una vez más estén sin resolverse.

Como Milei, con su política de la antipolítica, no logra ordenar un marco de acción coherente para poder gobernar pretende recurrir a la consulta popular, que es una herramienta que está en nuestra Constitución pero que resulta específica y no es para absolutamente todos los temas.

Si Milei quiere que una consulta popular sea vinculante necesita el acuerdo de las dos cámaras del Congreso, situación demasiado difícil por la forma en la que se viene manifestando su relación con los parlamentarios, pero tiene la herramienta de una consulta popular no vinculante para convocarla desde la Presidencia, y ahí muestra la flaqueza de su construcción.

El artículo 39 de la Constitución Nacional ratifican el derecho ciudadano de iniciativas para presentar proyectos de ley al Congreso por la vía de la Cámara de Diputados, pero la ley reglamentaria, que es la 24.747, pide un piso de firmas del 1.5% del padrón electoral de la última elección para diputados nacionales y una representación mínima de seis distritos. Hasta ahí no sería tan problemático porque con labor militante se puede lograr, pero no es un elemento muy útil en este caso ya que es restrictivo y están excluidos temas constitucionales, tributarios, presupuestarios, de tratados internacionales y penales.

Pero la fortaleza del asunto está en el artículo 40 de la CN, en donde la Cámara de Diputados puede someter proyectos a consulta popular con enormes poderes porque la concurrencia a expresarse por parte del ciudadano es obligatoria y el resultado es absolutamente vinculante, tanto que el Poder Ejecutivo no tiene poder de veto sobre el resultado final.

Como se puede observar, Milei en Diputados no tiene el poder que quisiera para conseguir aspectos mínimos por lo tanto sería muy difícil que reúna los votos para una consulta popular de leyes.

Por lo que le queda un último recurso como es utilizar su facultad de llamar a una consulta popular no vinculante y allí necesita firmar un decreto en conjunto con todos sus ministros. El tema es que no es obligatoria la concurrencia a votar, y no tiene ningún efecto en la práctica más que ser una herramienta de presión.

O sea, por más cantidad de gente que concurra a votar, y el resultado de la votación sea ampliamente favorable a la posición del gobierno lo más probable es que entre quienes no voten y lo hagan por la negativa superen ampliamente al voto positivo, así que sería una muestra de debilidad presidencial.

Cualquier movimiento de este tipo costaría varios cientos de millones al erario: traslado de urnas, impresión de una boleta, autoridades de mesa, la convocatoria a las fuerzas de seguridad, tiempo empeñado en convencer ciudadano que por lo tanto es tiempo que se le quita a la función pública, y además es imposible vivir en medio de un sistema asambleario en donde todos los temas importantes estén sometidos a consulta popular.

Por otra parte, es posible que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional algunos aspectos sobre todo el relativo a la materia penal si es que quieren someterlos a una consulta popular.

Es más fácil y saludable para el presidente llegar a un entendimiento republicano que optar por estos caminos sinuosos en donde no tiene absolutamente ningún sentido y está restringido nada más que para fanáticos.

El presidente debe entender que si no quiere hablar con los parlamentarios está en su derecho, y si no quiere dialogar con los gobernadores también, aunque obviamente no es lo ideal. Pero para eso tiene que facilitar el trabajo de un jefe de Gabinete o de un ministro del Interior que se encargue de principio a fin de ese asunto.

Los problemas de los argentinos se resuelven con consensos, con diálogos, con entendimientos, y no mediante la prepotencia. Tarde o temprano los abusos de poder del centralismo se pagan, y posiblemente sea la justicia la que ordene la cuestión.

La gente quiere respuestas simples a problemas complejos. Hoy tenemos una vida cotidiana desordenada, asfixiante y en donde solo hay una sensación de desprotección por parte del poder.

Ahora, no solo la responsabilidad es del Presidente sino que también empieza a ser de las fuerzas que actúan como sus aliados, que deben entender que el camino es el republicanismo que tanto pregonaron, y los límites están fijados en nuestra Constitución y las leyes que forman nuestro sistema jurídico. El martes, cuando el jefe del bloque de Diputados del Pro, Cristian Ritondo, ingresaba al Congreso, un periodista le pregunta sobre la consulta popular, y en breves palabras dio en la tecla al decir: "hoy estamos concentrados en sacar la ley, queremos sacar la ley". Los dichos de Ritondo dejan al menos una luz de esperanza sobre que el tema en cuestión se resuelva con un diálogo amplio entre el Poder Ejecutivo, los  gobernadores y los líderes parlamentarios.