La venganza de Milei contra los "curros" de la política

Es la primera puntada de la Casa Rosada, para descorrer el misterioso velo de un tesoro secreto por donde los dineros del Estado  en su gran mayoría mutan hacia destinos oscuros, sin pasar por los controles.

Estamos hablando en general de un nicho de más de 1,5 billones de pesos. Es decir, más de 20 mil millones de dólares, que representan casi dos puntos del PBI y que no cumplen en general un fin útil, ya que van a parar a los bolsillos de la corrupción.

Es probable que el Presidente anuncie en los próximos días por cadena nacional, la eliminación total de estos fondos, que fueron creados por Carlos Menem en 1995, a la luz de las privatizaciones.

Conviene recordar que los gobernadores, y otros sectores se opusieron durante el debate legislativo al proyecto que le otorgaba a Milei el poder de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.

Algunos creen que lo de Milei es la revancha contra los gobernadores, que según sus palabras, "lo traicionaron". También hay que decir que cada año se gastan entre US 8.000 y 10.000 millones en partidas que no están sometidas al debido control y fiscalización del Estado, sino que son recursos “garantizados” con ejecución automática.

Los 29 fondos fiduciarios que actualmente tienen vigencia, cada uno cuenta con su administrador. Estos personajes, suelen ser punteros de distintos partidos políticos nombrados por el Poder Ejecutivo por un periodo determinado y no pueden ser removidos hasta que se cumpla el plazo.

En este contexto, se desconoce completamente qué empresas contratan para llevar a cabo sus tareas específicas o "curros", o bajo qué criterios se contrató a una y no a otras.  Tampoco se sabe  cómo fueron colocadas las partidas y por qué razones, y tampoco existe ninguna evaluación de impacto de las políticas ejecutadas, por lo que no hay manera de saber si cumplen sus objetivos, o hasta que punto gastaron el dinero cómo y dónde debían hacerlo.

Todos estas irregularidades fueron advertidas en reiteradas oportunidades por la propia Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.

Actualmente hay dos organismos de control facultados para investigar los fideicomisos: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN). El primero es un órgano interno del Poder Ejecutivo, y el segundo depende del Congreso de la Nación.

Según esta normativa, tanto la AGN como la SIGEN pueden auditar, por iniciativa propia y sin necesidad de un requerimiento especial, cualquier fondo fiduciario integrado total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional. El fiduciario no puede negarse a entregar sus balances o cualquier información requerida.

Ambas entidades no tienen precisamente un extenso historial de auditorías sobre fideicomisos: el control sobre estos instrumentos financieros es escaso, casi nulo. El problema radica en que la propia ley no alienta los controles preventivos sino que establece que las auditorías son posteriores a la ejecución del dinero. Así lo establece el artículo 102 en el caso de la SIGEN y el artículo 117 para la AGN.

La caída de la Ley Ómnibus en el parlamento le impidió a Javier Milei manejar a discreción esos $1,5 billones distribuidos a través de, al menos, 29 fideicomisos, pero ahora lo hará por decreto.

El gobierno de La Libertad Avanza entiende que esa fortuna, es una “caja negra” que tiene escasos o nulos controles y que fue defendida a capa y espada por “la casta” para no perder los “privilegios” que obtienen a través de ellos.

Entre los dineros bajo la lupa,  se encuentra el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). En este frente, las organizaciones piqueteras y movimientos sociales peronistas pusieron el grito en el cielo. Se manifestaron de manera activa para que los diputados no aprueben el inciso de la polémica, ya que ellos, a través de sus cooperativas, reciben el 9% de esos recursos destinados a promover la integración socio urbana de asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares, y que incluyen tierras de propiedad del Estado Nacional, de las provincias o municipios cedidos para ese fin. 

Otros fondos conocidos son el “Procrear”, el de Desarrollo Productivo (Fondep), el “Estabilizador de Trigo Argentino” y el de Infraestructura Hídrica, entre otros.

En la práctica, los fondos fiduciarios son presupuestos enteros que afectan a las cajas provinciales. Por eso, como era de esperarse, hubo oposición por parte de algunos gobernadores a la aprobación del inciso “h” del artículo 4° de la Ley Ómnibus.

Algunas de estas cajas políticas se encuentran bajo la órbita del Banco Nación, mientras que otras son gestionadas por el BICE y el Banco Hipotecario, entre otros organismos. Otras, directamente tienen Consejos de Administración cuyos miembros son designados a dedo por acuerdos políticos, entregando estas cajas a cambio de favores.

Muchos diputados que responden a intereses sectoriales se negaron a acompañar el proyecto por su intervención de los fondos fiduciarios, recursos que a todas luces financian, entre otras cosas, regímenes especiales arbitrarios, subsidios, y tratamientos diferenciales para ciertas empresas. Milei ya dio el primer paso para poner fin a esos kioscos o curros de la política. La corrupción está de luto.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".