por Jorge Joury*
A través del tiempo y con mi profesión de periodista, aprendí que los paros en este país generalmente son políticos. Sirven para presionar a los gobiernos de turno y resguardar el poder omnímodo de los dueños de los sindicatos. Puede haber excepciones y las respeto. Uno de los pocos dirigentes por el que me saco el sombrero es José Ignacio Rucci. Tuve el privilegio de entrevistarlo y me consta que su familia quedó al borde de la pobreza después de que lo asesinaran.
Contrariamente, hoy la mayoría de los caciques sindicales que con sus acciones ponen en jaque al país, viven como faraones en grandes mansiones, se mueven en autos de alta gama, tienen caballos de carrera, alquilan aviones para ver a sus equipos favoritos y están muy lejos de los padecimientos del ciudadano común. Son los "sindigarcas", como los llama el diputado José Luis Espert.
EL FUERTE MENSAJE DE JOSE LUIS ESPERT POR EL PARO GENERAL
— Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) May 9, 2024
👉El diputado nacional de La Libertad Avanza se pronunció respecto al paro de este jueves y apuntó fuertemente contra los sindicalistas, a quienes llamó "sindigarcas" y los acusó de "parar el país". pic.twitter.com/C8sSf51CB7
Los eternos dueños del poder. Al menos 13 dirigentes llevan 30 años o más al frente de sus gremios; otros cuatro, 20 años o más; y media docena están en su cargo de secretarios generales desde hace más de una década.
A todos ellos, les queda grande la palabra pueblo, que tanto pregonan cuando se golpean el pecho clamando por justicia social. Estos personajes son dueños de grandes fortunas, además de administrar negocios suculentos con sus familias. Funcionan a la manera de clanes que se van turnando en el manejo de los gremios. Nunca se colgaron a un micro para ir al trabajo, ni hicieron cola para atenderse en los hospitales públicos. Tampoco transpiraron un overol y no se sabe de qué trabajaron para llegar a tallar tan alto. Se mueven con custodia y no caminan por las calles, porque la gente los rechaza mayoritariamente. Lo aseguran todas las encuestas. Dudo que Pablo Moyano sepa estacionar de cola un camión.
Son algo así como la máquina de impedir, la que hace que un país atrase y no tenga inversiones porque no existen garantías legales. La historia lo refleja claramente.
Trece paros se dispusieron en los cinco años de la presidencia de Raúl Alfonsín; ocho en la de Carlos Menem por parte del sindicalismo que se rebeló frente al giro inesperado y al predominio de una economía más bien liberal en contraposición con los anuncios hechos en la campaña peronista de 1989. Diez fueron las medidas de fuerza en los dos años de Fernando de la Rúa, aunque se realizaron con disparidad de resultados y con el involucramiento principal de grupos sindicales que habían procurado, desde principios de los años noventa, disputar a la CGT la hegemonía como eje del movimiento de trabajadores.
La presidencia de Néstor Kirchner afrontó una sola huelga general, tan acotada a cuestión de horas que ni siquiera vale la pena computarla, y la gestión de su mujer y sucesora, Cristina Kirchner, desafiada en mayor grado por fuerzas sindicales más dispersas que en otros tiempos, pasó por este tipo de trances en cinco ocasiones, aunque en dos períodos presidenciales.
Mauricio Macri fue más presionado que sus predecesores del siglo XXI. Soportó cinco paros en cuatro años. Si fuera posible hablar de un examen de conciencia entre jerarcas sindicales que se distinguen por la riqueza de sus agrupaciones y el dinero del que disponen de manera personal en relación inversa con la pobreza abrumadora en el país y el estancamiento en el ingreso del resto de los habitantes desde hace 50 años, se tendría la respuesta de por qué no hubo paro general alguno contra la peor actuación presidencial de que haya memoria: la de Alberto Fernández. Va, en cambio, ahora el sindicalismo por el segundo paro contra un gobierno que procura, a pesar de inesperadas contradicciones y del estilo alarmante del Presidente, liberar al país de la maraña de regulaciones y elefantiasis estatal que lo ha dejado en un innegable estado de gravedad.
Si bien es cierto que la gente la está pasando mal por el ajuste, hay más de medio país en la pobreza, hoy más del 50% banca al presidente, significa que hay que darle tiempo, pero exigirle resultados para salir cuanto antes de la situación asfixiante.
Pero los líderes sindicales no escuchan el viento, se las ingenian para perdurar marcándole la cancha a todos los gobiernos.
Desde hace más de 20 años, los intentos por transparentar el patrimonio de estos caciques han naufragado en el Congreso de la Nación. Por ejemplo, en la Argentina no hay actualmente ninguna reglamentación que los obligue a que hagan públicas sus declaraciones juradas, tal como ocurre con los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional.
Los argumentos a favor de la transparencia sindical destacan que los gremios son personas jurídicas de carácter público no estatal, con un rol importante en la sociedad y que manejan fondos privados pero de terceros (contribuciones y aportes), y de interés público.
En tanto, quienes se oponen argumentan que los sindicatos son entidades asociativas de derecho privado y que afectar su autonomía podría resultar perjudicial. Sin embargo, ante la falta de transparencia, la opacidad en cuanto al patrimonio de los líderes sindicales genera interrogantes sobre la gestión de los fondos que manejan.
En los años de la gestión de Alberto Fernández, los sindicatos recibieron (a través de las obras sociales) hasta 805 mil millones de pesos en concepto de medicaciones, prestaciones y subsidios, por eso nunca le hicieron un paro.
Es esta huelga general que acaba de concluir, lo que se pretende es ahogar, antes del alumbramiento, lo mejor entre las iniciativas de Javier Milei, como lo son la privatización de empresas absurdamente deficitarias como Aerolíneas que mantenemos todos los argentinos con nuestro esfuerzo.
Como dato orientador de que este paro tuvo un marco de prácticas deleznables, deberá decirse que el jefe de la Asociación del Personal Aeronáutico, Edgardo Llano, advirtió que se escrachará, allí donde se encuentren, a los senadores que faciliten la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, a consideración de la Cámara alta. Esa descarada amenaza contra legisladores nacionales, contraria al orden constitucional y a los sentimientos de la mayoría de los ciudadanos, muestra el rostro más violento del sindicalismo argentino y su auténtico desprecio por las instituciones, e impone, desde ya, la intervención de la Justicia.
Frente a este cuadro de situación, en el gabinete hay reproches. La mayoría de los ministros dicen que se hicieron muchas concesiones y que los sindicalistas no cumplieron con lo prometido. Ahora exigen que llegue la era del látigo.
Javier Milei cumplió el viernes cinco meses como presidente argentino y ostenta el récord de haber sufrido ya dos paros generales sin haber conseguido que le sancionen ni una sola ley. ¿No será mucha embestida para una gestión que recién empieza y que obtuvo el 56% de los votos? ¿O lo que realmente se busca es voltear un gobierno?
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".