por Jorge Joury*
Hay que decir que los ajustes realizados en las prestaciones sociales, particularmente en jubilaciones y pensiones, representaron el 26,8% del total de los recortes aplicados por el Gobierno en lo que va del año. Esto significa que una parte considerable del superávit proviene del ajuste a los haberes de los jubilados, quienes ya enfrentan una pérdida considerable de poder adquisitivo en un contexto de alta inflación y encima el PAMI les está recortando remedios.
Frente a esto, la dirigencia peronista se mueve para poner en agenda el reclamo, despertar a la militancia y exponer los cuestionamientos en las redes sociales. Un grupo de dirigentes trabaja para juntar un millón de firmas para rechazar el veto y apoyar la ley que fue sancionada en el Congreso por una importante mayoría.
Esos argumentos estarán manifestados en la concentración que los movimientos sociales están diagramando para este miércoles. Será a las 15 frente al Congreso y fue motorizada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), donde se concentran la mayoría de las organizaciones sociales vinculadas al peronismo. Además, en las próximas horas se incorporarán algunos sectores sindicales.
Tampoco se descarta que la Casa Rosada saque de la galera alguna mejora, para calmar los ánimos y lograr que la oposición le dé el voto final. Se habla entre 10 y 20 mil pesos para sumarle al bono de $70 mil.
Un dato para tener en cuenta: en los últimos 7 años los jubilados que no recibieron bonos, perdieron un 50% de poder adquisitivo y los de la mínima, que sí accedieron a ese beneficio, un 30%. Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad se preguntó: ¿Quiero que los políticos me digan cómo se hace para vivir con una jubilación entre 250 y 300 mil pesos por mes?
El senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, también cuestionó la decisión del Gobierno: “Les están negando un aumento de la mínima equivalente a tres kilos de carne picada al mes o a tres cajas de Ibuprofeno o a cuatro kilos de yerba. Ante un Gobierno insensible, los argentinos no podemos darles la espalda a nuestros jubilados. Tenemos que insistir con la ley en defensa de nuestros adultos mayores”.
El veto presidencial se conoció a través del decreto 782/2024, en medio de las subas del gas, la luz, transporte y los combustibles y deja sin efecto el proyecto aprobado en ambas Cámaras legislativas. Sin embargo, el Parlamento avanzará esta semana para intentar dejar sin efecto la decisión del jefe de Estado.
A pesar de designar por DNU 100 mil millones de pesos en fondos reservados a la SIDE, Milei se mostró orgulloso de no negociar el déficit fiscal para incrementar el ingreso de jubilados, que en agosto, en el caso de la mínima, cobraron solo 225.454 pesos, más un bono de 70 mil.
Hay que tener en cuenta que en el Senado, la sanción de movilidad jubilatoria obtuvo más de los dos tercios de los votos y respetó el texto aprobado por la Cámara de Diputados en junio, a pesar de los cambios que intentaron introducir los senadores de La Libertad Avanza para demorar la aprobación. El ahora expulsado senador libertario Paoltroni había marcado sus diferencias: "¿Cómo no hay plata para los jubilados y hay plata para el servicio de Inteligencia?".
Pero a Milei no le tembló el pulso: "me importa tres carajos", les dijo a los jubilados tras la votación en Diputados, a pesar de los reclamos internos y mantuvo su decisión de vetar la mejora. En un momento, la duda era si se cumpliría la promesa de que sea "total" o solo se avanzaría en algunos artículos. Finalmente, se eliminó el incremento de 8,1 por ciento, que los haberes se ajusten por inflación y que, en marzo de cada año, se habilite otra suba por el 50% del índice de variación salarial.
Este último artículo era el que quedó en la mira del Gobierno desde su sanción, cuando aún se esperaba que Milei al menos mantuviera el aumento del 8,1 por ciento y el ajuste por inflación, pero además también eliminó el artículo 10, que imponía un plazo para cancelar las deudas previsionales con sentencia fija. Esto beneficiaba a los jubilados que reclamaron en la justicia, pero sobre todo abarca a la deuda que tiene el Estado nacional con las cajas previsionales de las provincias.
Si Milei cumplió con su promesa de vetar de forma total la movilidad jubilatoria --con argumentos exagerados como que implicaba un gasto de 370 mil millones de dólares si se toma la medida "a perpetuidad" porque las jubilaciones se pagan "de acá hasta que se muere"--, los bloques opositores en el Congreso también tendrán ahora la oportunidad de cumplir con la suya.
Desde el radicalismo, Unión por la Patria y otros bloques minoritarios anticiparon que tras el veto presidencial se insistirá con la aprobación de la movilidad jubilatoria, ratificando la ley con el voto de los dos tercios de los legisladores. Así lo marca el artículo 83 de la Constitución nacional.
Ahora el proyecto regresará a la Cámara de Diputados. Si el cuerpo decide insistir en su tratamiento y consigue los dos tercios, como ya sucedió, será remitido al Senado. En esta instancia, Milei ya no podría hacer uso de la herramienta del veto.
Para ir sacando cuentas, hay que tener en cuenta que la jubilación mínima cayó un 13% desde noviembre y hoy se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, un fenómeno que nunca antes había sucedido, subrayan diversos analistas.
De acuerdo a la consultora Epyca que dirige Marina Dall Poggetto, “el gasto público en pagar jubilaciones se derrumbó”. Lo que se explicó es que durante el primer trimestre de 2023 el gasto público representó 1,8% del PBI y en el segundo un 1,9%, mientras en los últimos dos tramos del año pasado fue de 1,6% del Producto. “En el primer trimestre del 2024 alcanzaron solo 1,2% del PBI (con un PBI más bajo, además, por la recesión)”, comparó la consultora.
Como consecuencia de esta fuerte contracción en el gasto, Epyca alertó sobre un fenómeno inédito en la historia reciente: la jubilación mínima está por debajo de la línea de pobreza: “Teniendo en cuenta la necesidad calórica promedio de personas mayores de 65 años, la jubilación mínima de julio alcanzó para adquirir 0,98 canastas básicas totales, es decir, no alcanza para cubrir las necesidades alimentarias y de vivienda. Esto es un fenómeno nuevo en la historia argentina: nunca se había dado antes de este año”, argumentaron.
Lo que se destaca es que desde inicios de 2023, tanto con el esquema jubilatorio previo al actual como con el actual, las jubilaciones han perdido capacidad de compra. Estimaron que, entre enero y julio de 2024, la caída real acumulada de la jubilación mínima, incluso contando los bonos de $70.000 de marzo, abril y junio, fue de 15,7% interanual, es decir, el total de estos primeros 7 meses en comparación con el total de enero-julio de 2023. Este mes el gobierno dará otro bono de 70 mil pesos, pero siempre se iguala la pirámide para abajo ya que los que más aportaron más durante la vida activa, quedan fuera del beneficio y cada vez se muestran más relegados. "Déficit cero a cambio de más hambre", sostuvo el doctor Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad. "El Gobierno tiene dinero para ampliar el presupuesto de la SIDE, pero para los jubilados nada. Hay donde achicar en otras áreas del Estado, pero no les importa y sacrifican al hambre a nuestros abuelos y mandan al sacrificio a más de 5 millones de personas", agregó.
Desde el Gobierno argumentan que desde noviembre de 2023, las jubilaciones, sin contabilizar el bono que sólo se otorga integró en la mínima, subieron 5% en términos reales. Sin embargo, desde Eco Go explicaron que “dada la licuación del bono fijado en $70.000 desde abril, la jubilación mínima ($295.495 en agosto) cayó casi 13% en términos reales”. Y agregaron que “también es cierto que acumulan caídas de 44% desde octubre del 2017 y de 25% cuando se computa el bono sobre la mínima”.
En su opinión, “intentar volver a los niveles de gasto previsional previos a la más que duplicación de los jubilados con la moratoria previsional requiere una definición sobre el sistema previsional a futuro en un contexto donde sólo 9,5 millones de trabajadores lo hacen en la formalidad frente a una Población Económica Activa de 22 millones de personas”.
Por este motivo, para la consultora dirigida por Marina Dal Poggetto el sistema previsional “no puede ser contributivo y solidario en simultáneo y el monotributo no resuelve la inconsistencia fiscal”. Según sus estimaciones, la nueva ley implicaría un gasto de 0,4% del PBI, a lo cual habría que sumarle las deudas con las cajas provinciales, que podrían alcanzar un 0,4% adicional”. Ya para 2025, “el impacto estimado se ubica en torno a 0,7% adicional a lo de este año”.
La CGT también prepara una protesta para calentar la calle. Algunos veteranos de la Cámara recuerdan que Mauricio Macri, siendo Presidente, intentó en 2017 aprobar una reforma jubilatoria en el Congreso que detonó una masiva movilización donde se arrojaron 14 toneladas de piedras. Habrá que esperar el último capítulo de la historia. La moneda está en el aire.
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".