El peligroso camino del gobierno para ocultar información sensible

La noticia generó tal revuelo, que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó defenderse como pudo ante las preguntas de Diputados sobre el decreto que restringe el acceso a la información pública. Primero empezó por negar todo: “De ninguna manera la intención del gobierno nacional es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos de acceso a la información”, aseguró. E incluso mencionó que se podría modificar la normativa, que fue confeccionada bajo la atenta mirada de Karina Milei: “Modificaremos el decreto si fuera necesario", prometió. Ahora resta ver si el funcionario cumplirá con su promesa y el gobierno dará marcha atrás con la medida.

De todas maneras, no se puede dejar de señalar que en sus primeros nueve meses como presidente, el líder libertario se ha negado a realizar ruedas de prensa, sino que ha acusado a los periodistas de mentir sobre su Gobierno. Llama "ensobrados" a todos aquellos colegas que no sean seguidores suyos y de manipular la información con fines extorsivos. También su vocero, Manuel Adorni se arroga facultades autoritarias y le limita el acceso a la sala de periodistas a los periodistas críticos, como le pasó a Silvia Mercado.

Si se llega a esconder información oficial es tan peligroso, que por ejemplo tampoco se podría saber lo que gana Francisco Adorni, el hermano del vocero presidencial contratado por el Ministerio de Defensa, que habría gozado de un incremento del 420% en los últimos seis meses. Aseguran que habría pasado de cobrar a principios de año unos 820 mil pesos a casi cuatro millones (unos 3.935.093,7 pesos, para ser exactos) al mes de julio. Semejante paritaria llegó de la mano de un ascenso: su jefe el ministro de Defensa Luis Petri, que lo había nombrado con el cargo simple de asesor, lo promovió desde abril a jefe de Auditoría Interna. Además, nada se sabe de cuánto gana el asesor presidencial Santiago Caputo, que supuestamente cobraría como monotributista y se arroga facultades que no le corresponden como para elegir candidatos a la Corte Suprema. Lo hizo con el juez Mansilla.

Para los especialistas, el  decreto presidencial que impide a los medios que accedan aquellos datos que consideran de índole privada, no es ni nada más ni nada menos que una nueva jugada de secretismo y oscuridad informativa que lejos está de los principios de la doctrina liberal que tanto promueve Milei. Está claro con este nuevo atropello, que lo que sea sensible para el oficialismo, queda guardado bajo siete llaves, como el costo de la construcción de los caniles para los perros del Jefe de Estado en la quinta presidencial de Olivos, sus viajes al exterior, donde se gastaron 1.592.973,52 dólares y 4.135,80 euros en las trece incursiones de Milei al exterior. Con la cotización oficial, la suma da algo más de 2.300 millones de pesos o más de 2,3 millones de dólares. Con el decreto, también se restringe toda aquella información que el Gobierno evalúe que no reviste interés público.

Si este decreto hubiese estado en vigencia, no hubiéramos podido conocer la fiesta de Fabiola en Olivos durante la pandemia y los pormenores del escándalo de la pareja presidencial que hoy sacuden a la opinión pública.

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su rechazo a las nuevas restricciones, calificándolas como “un grave retroceso democrático”. Según Fopea, el decreto que introduce estos cambios “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.

El comunicado de Fopea destaca que el decreto establece restricciones que no están previstas por la ley original, como la exclusión de información sobre el ámbito privado de funcionarios, incluso cuando esta tiene relevancia pública. Además, cuestiona la limitación del término “documento” y la exclusión de deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo del acceso público. También, alerta sobre un artículo que podría imponer indemnizaciones por solicitudes de información que no se consideren hechas de “buena fe”.

Fopea reafirma que toda información en poder de los órganos públicos debe ser accesible, recordando que los ciudadanos son los verdaderos dueños de esa información. “El permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”, sostuvo el foro, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que subrayó que en una sociedad democrática los funcionarios públicos deben estar expuestos al escrutinio y la crítica.

Además, la medida de la Casa Rosada fue tildada de “inconstitucional” por seis importantes organizaciones civiles. Significa un retroceso respecto de la norma puesta en marcha en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. Demás está decir que tanto el PRO como el radicalismo repudiaron la acometida libertaria. 

En ese sentido, el PRO sigue marcando sus diferencias con el Gobierno en base a la agenda de la institucionalidad. Tal como lo hizo la semana pasada con los fondos de la SIDE, ahora volvió a cargar contra la Casa Rosada por el DNU que modifica aspectos del funcionamiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

"Los diputados nacionales del bloque PRO rechazamos categóricamente el decreto reglamentario 780/2024 que modifica la Ley N° 27.275 sobre Acceso a la Información Pública sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri", señaló el partido amarillo desde sus cuentas en las redes sociales. Y remarcó: "Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia".

Milei se atrevió incluso a dar un paso más adelante con la propuesta. “Si quieren, pido al Congreso que mande una ley donde los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público que los periodistas someten al resto de la sociedad”.

Lo que no explica Milei como no frena  la acción demoledora de las patrullas digitales que atacan impiadosamente cualquier crítica hacia el gobierno.

La medida que ordenó Milei es absolutamente inconstitucional por el simple hecho de que un decreto no puede restringir los márgenes establecidos por una ley. 

 Milei introdujo, por un mero decreto, fundamentalmente dos modificaciones a la ley de acceso a la información pública. Por un lado, redefine lo que es información pública y señala que no lo es la vida privada de los gobernantes. Milei está visiblemente enojado porque un periodista pidió conocer, haciendo uso de la ley de acceso a la información, los gastos de recursos estatales que significó la construcción de caniles en Olivos para sus perros. Puede ser que él considere a esos detalles una información “doméstica” relevante, como la llamó, pero un episodio aislado no debería significar una regresión para una importante conquista de la sociedad argentina, como fue aquella ley de acceso a la información. 

El periodismo no se ejerce para comentar entre amigos en el café de la esquina la información que se obtiene, sino para publicarla y llevarla al conocimiento público. Ese es el verdadero sentido de la función de contrapoder. Además, no son solo los periodistas los que pueden hacer uso de esa ley; cualquier argentino, sin ni siquiera acreditar las razones ni contar con un abogado, puede reclamar información sobre los actos de gobierno.

También el Presidente les pidió a los editores del diario La Nación que expliquen por qué se oponen a la designación del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia.  Las objeciones que se le hacen a Lijo son de índole moral, ética y hasta intelectual.

"Con la excusa de cambiar la reglamentación de la ley, vuelven al Estado más opaco y menos transparente", dijeron desde el CELS. "Nunca más puede un funcionario decir qué podemos preguntar y qué no", sostuvieron desde la UCR.

La decisión del gobierno es un verdadero atropello al ejercicio pleno del derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, al acceso a la información pública y, por lo tanto, constituye un tiro al corazón para el sistema democrático. El gobierno no es dueño del silencio. Todo lo contrario: debe transparentar sus acciones para ser creíble. 

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".