20/03/2025 - Edición Nº3283

Politica

Los tiempos juegan a su favor

La condena contra Cristina Kirchner no llegaría a la Corte Suprema antes de mediados de 2025: podría presentarse como candidata

22/11/2024 | En medio de la expectativa por si Cristina Kirchner se presentará en las elecciones legislativas, la Cámara Federal de Casación Penal extendió el plazo para que la condena llegue a la Corte Suprema.


por Redacción


La Causa Vialidad, por la cual que se confirmó la condena contra Cristina Kirchner, podría llegar a la Corte Suprema de Justicia a mediados de 2025. Esto se debe a que la Cámara Federal de Casación Penal amplió el plazo para que las defensas y la fiscalía presenten recursos extraordinarios en contra de la decisión judicial.

Con esta medida, cada parte tendrá 30 días hábiles adicionales, sumándose a los diez días originalmente establecidos para la presentación de dichos documentos. De esta manera, el máximo tribunal no recibirá el caso de inmediato.

El plazo extendido fue solicitado por las defensas de varios implicados, como Nelson Periotti, Raúl Pavesi, Lázaro Báez, Juan Carlos Villafañe, José Santibañez y Raúl Daurich.

Además, la decisión fue firmada por Gustavo Hornos, uno de los miembros de Casación Penal, quien aprobó la prórroga “considerando las particularidades del caso y con el objeto de garantizar de la mejor manera el derecho de defensa en juicio”.

De este modo, los acusados y el fiscal de la causa, Mario Villar, podrán presentar sus recursos extraordinarios hasta finales de febrero, en relación con el fallo de Casación Penal, que fue firmado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, destaca un informe de Radio Mitre.

Tanto la defensa como la fiscalía están en desacuerdo con la sentencia. Los defensores buscan la absolución o una reducción de las penas, mientras que la otra parte busca un aumento de las penas y la inclusión del delito de asociación ilícita en la acusación contra Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner está acusada de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, lo que podría implicar una pena de seis años de prisión y la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos.