"Un cisne negro en el gabinete de Kicillof", dijo Jorge Joury por FM 98.9 y Pinamar TV

El analista añadió que:" D’Onofrio, quien ocupó el cargo desde enero de 2022, argumentó que su renuncia se debía a "motivos personales", aunque su gestión en los últimos tiempos siempre estuvo manchada debido a las investigaciones por supuestos actos de irregulares en el ejercicio de funciones. El funcionario fue señalado por estar, supuestamente involucrado en un esquema que presuntamente facilitaba la eliminación de multas a cambio de sobornos por sumas multimillonarias, lo que derivó en una ola de críticas y llamados a su destitución desde diversos sectores políticos, incluyendo la Coalición Cívica".

En este contexto, el gobierno provincial anunció que Martín Marinucci, ex presidente de las áreas de operaciones e infraestructura de Trenes Argentinos, asumirá el cargo vacante. Kicillof agradeció a D’Onofrio por su trabajo y destacó logros como la aprobación de la Ley de Alcohol Cero y la ampliación del Boleto Especial Educativo.

"Sin embargo, el trasfondo del escándalo es inquietante para Kicillof que no tiene denuncias de corrupción en su haber. Las acusaciones contra D’Onofrio incluyen no solo supuestas irregularidades con las multas de tránsito, sino también con las licitaciones relacionadas con la VTV. Las investigaciones judiciales apuntan a una supuesta red criminal que operaba para eliminar infracciones mediante supuestas coimas y a posibles retornos millonarios en contratos públicos".

La situación generó tensiones dentro del gabinete bonaerense y expuso en lo alto de la ola la imagen del gobierno de Kicillof.

"El ex funcionario a quien llaman "El gordo", llegó al Gabinete provincial como parte del acuerdo dentro del peronismo y en representación del Frente Renovador de Sergio Massa, pero hay que decir que transitó su último tiempo cercado por las denuncias", analizó Joury.

"Todo comenzó cuando en octubre pasado, salió a la luz un esquema de supuesta corrupción que involucra a supuestos gestores dedicados a contactar a infractores de tránsito para ofrecerles, a cambio de un porcentaje de la multa, la eliminación de estas del sistema".

"Políticamente, el caso de D’Onofrio en las últimas semanas comenzó a generar un atronador silencio. En Gobernación avisaban que el ministro seguiría en funciones mientras avanzara la investigación y que daría un paso al costado si efectivamente estaba involucrado en el sistema denunciado".

"El ministro había llegado al Gabinete bonaerense como uno de los aportes del Frente Renovador al gobierno Kicillof. Massa también “retuvo” la conducción de la empresa estatal de AUBASA, que gestiona la administración de las rutas provinciales 2,11, 56, 63 y 74 y es presidida por José Arteaga. Otra representación massista en el gobierno se da con una de las vicepresidencias del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, además de la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense bajo la figura de Alexis Guerrera", dijo.

"Sin embargo, en el caso de D’Onofrio, Massa le habría advertido a Kicillof que pusiera la lupa sobre el funcionario. Massa hace tiempo por algunas alarmas en el funcionamiento del ministerio se distanció de la potestad política del funcionario. En el medio, asumió un rol importante en Transporte, Valeria Arata, la subsecretaría de Transporte Aéreo y Fluvial del Ministerio de Transporte. Otra massista de la hora cero", dijo Joury

"La denuncia inicial en esta causa proviene de Secutrans, una compañía que provee tecnología para las fotomultas. Según esta firma, las prácticas fraudulentas habrían generado una caída en su recaudación de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales. Este dato evidencia la magnitud del presunto desfalco y el impacto sobre las finanzas públicas", dijo

"El expediente principal se tramita en la fiscalía de Álvaro Garganta, que investiga el esquema de las multas. Sin embargo, las denuncias por la VTV han sido remitidas al Juzgado Federal de Campana, donde los denunciantes han señalado inversiones sospechosas en España", añadió.
"A mediados de diciembre, D'Onofrio había quedado formalmente imputado. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil", dijo.

"La orden de levantar el secreto bancario también recayó en otras personas involucradas, entre ellas su pareja Claudia Pombo, concejala de Pilar y recientemente desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante por el avance del caso.
El magistrado también extendió el levantamiento del secreto bancario a Agustina Cuadra (hija de Claudia Pombo), Facundo Asencio (director provincial de la VTV), Roxana Elma Pombo (hermana de Claudia, concejala y funcionaria del ministerio de D'Onofrio), Mario Quattrochi (juez de faltas) y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo)", finalizó el analista.