
por Jorge Joury *
Los habitantes de estas zonas donde la pobreza aprieta y la falta de changas, son una constante, siempre vivieron enrejados, pero desde que pusieron una pata firme los carteles de la droga, el territorio se torna cada vez más incontrolable y los homicidios cada vez son más despiadados.
La Matanza, San Martín y en el sur, Florencio Varela y Quilmes, son epicentro de una violencia sin freno. En aquella geografía, los soldaditos de la droga encuentran su trabajo cotidiano por sumas importantes. Son un verdadero ejército de jóvenes -en general menores- que son utilizados como escudo protector del narcotráfico. Niños o adolescentes que reciben una paga y que sirven para la vigilancia encubierta y dar aviso en caso de que alguien busque perturbar el negocio.
Por ejemplo, un dealer de 15 años en la provincia de Buenos Aires cobra 80 mil pesos semanales. Son 320 mil pesos por mes. Perciben más que los jubilados que perciben la mínima. No hay plan social del Estado que llegue a tal cifra para jóvenes de esa edad. El conflicto se agrava si, además, no se sabe si una parte de la policía está del lado de la ley o contra la ley.
Los uniformados en su mayoría saben donde funcionan los nichos de la delincuencia, pero miran hacia otro lado a cambio de grandes sumas de dinero. Otro tanto pasa con la puerta giratoria de la Justicia y los intendentes que se hacen los desentendidos o porque consumen o por temor a represalias con ellos y sus familias. Estas señales mafiosas están poniendo contra las cuerdas al gobernador. Las estadísticas del ministerio de Seguridad de la Nación dan cuenta que la Provincia en el 2024 sufrió un delito cada cuatro minutos y en este comienzo de año ya lleva sobre sus hombros el asesinato de 60 personas.
¿Cómo entonces terminar este flagelo en semejante marco de corrupción y desidia?
No es una novedad que las comisarías del conurbano siempre tuvieron precio de acuerdo a lo que facturan por el negocio de la droga, la prostitución, el juego clandestino, los desarmaderos y otras yerbas.
MORENO: ENTRAMOS CON TODO Y NO PARAMOS
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 7, 2025
El delito se siente dueño de Moreno y de toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros le demostramos que se equivoca.
Bajo el #Plan9010 desplegamos otro Operativo Cerrojo para golpear donde más duele: narcos, sicarios y crimen organizado.… pic.twitter.com/CGkVeppMsL
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación avisan que tienen identificadas más de 200 bandas en zonas calientes, pero que para avanzar necesitan mejorar la coordinación con las fuerzas provinciales, algo que Kicillof niega. También puntualizan que trasladaron efectivos a las zonas de mayores delitos, a través del Plan 90/10. “Se vienen haciendo operativos de saturación, procedimientos, todo en la medida de lo que podemos, lo hacemos por la gente”, argumentan en la Casa Rosada.
En Rosario la situación está bajo control porque apelan a la ayuda de la ministra Patricia Bullrich, pero Kicillof se niega. Entiende que podría ser una señal de debilidad reconocer el drama que se vive. Además, se muestra impotente para hilvanar un plan contra el delito.
El gobierno santafesino del radical Maximiliano Pullaro y el intendente rosarino Pablo Javkin, fueron más prácticos y decidieron coordinar rápidamente una política común con la ministra de Seguridad nacional. Los tres hilvanaron un plan que obligó a las bandas criminales a buscar otros lugares para establecer su cruel vasallaje. Eso hizo que Rosario dejara de ser noticia. Pero el narcotráfico nunca se da por vencido y buscó tierras más prósperas, para su vil negocio. Por eso desembarcó en el cordón pobre y exuberante del Gran Buenos Aires. Detrás de esa siniestra telaraña, estalló la violencia –que ya existía pero se acrecentó– y la muerte se multiplicó con los métodos más salvajes como la mutilación y el miedo.
Siempre se habló de que el poder político negociaba con los narcotraficantes, algunos porque consumían y otros para que estos hicieran sus negocios con la condición de que no se enfrentaran con las fuerzas de seguridad, ni provocaran crímenes espectaculares, como el que ocurrió hace poco y cobró la vida de los adolescentes Paloma y Josué, los adolescentes que fueron asesinados en un descampado de Florencio Varela para robarles sus celulares. Solo personas ávidas de droga o con síndrome de abstinencia son capaces de semejante horror.
El problema político más importante en Buenos Aires es que el gobernador Kicillof ve a Milei como una maldición bíblica y cree que Patricia Bullrich solo hace marketing con su política de seguridad. Quiere ponerlos en el centro de la escena para confrontar con ellos, mientras los bonaerenses observan atónitos como la delincuencia cada día se carga más vidas de inocentes. Los intendentes del conurbano tampoco están dispuestos a jugarse la vida frente a la saga criminal del narcotráfico. Posan como víctimas y se pasan la vida reclamando la ayuda de los gobiernos provincial y nacional.
Milei piensa en José Luis Espert como candidato a cabeza de lista en las legislativas y luego a gobernador en el 2027, pero primero el economista tendrá que pasar por el tamiz de su hermana Karina. Espert es la expresión mayor de la mano dura. "Hay que perforar a balazos a los delincuentes y colgarlos en una plaza. O acribillarlos sin juicio previo", disparó. Hay antecedentes que favorecen al diputado. Por ejemplo, en su momento Carlos Ruckauf también por el mismo camino, venció a Graciela Fernández Meijide y fue el único peronista victorioso cuando se impuso la Alianza que encabezó Fernando De la Rúa.
Los intendentes no tienen poder sobre las fuerzas de seguridad, aunque algunos poderosos barones peronistas del conurbano lograron tener cerca a sus propios comisarios y a sus propios oficiales de la policía. Ellos saben en qué esquina o en qué plaza están los dealers que venden la droga. También conocen donde se esconden los búnkeres. El exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo suele recordar el fundamental aporte de información que recibía de varios intendentes peronistas, sobre todo del exalcalde de Hurlingham Juan Zavaleta, a quien La Cámpora desplazó de su cargo. El intendente camporista que lo sucedió, Damián Selci, figura ahora entre los jefes comunales más impopulares de la provincia de Buenos Aires. La Cámpora es como la revuelta estudiantil francesa de 1968: sólo sabe lo que no quiere, pero nunca sabe qué es lo que quiere ni, mucho menos, cómo hacerlo si lo supiera.
En este contexto, si Kicillof no pega un golpe de timón, el futuro está a la vuelta de la esquina y le puede jugar una mala pasada.
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".